Escribe: Anahí Ávila
Fotos: Comunidad Indígena Comechingona-Sanavirón del Chavascate
En la vertiente oriental de las Sierras Chicas, a unos 50 kilómetros de Córdoba Capital, dentro de la pequeña localidad de Villa Cerro Azul, la Comunidad Indígena Comechingona-Sanavirón del Chavascate sostiene una lucha inclaudicable para proteger el Sitio Sagrado Camchira. Este territorio ancestral, que debe su nombre a “Madre Sierra” en lengua camiare, resguarda un patrimonio cultural e histórico invaluable, hoy amenazado por la explotación turística y proyectos estatales que avanzan sin el consentimiento de los pueblos indígenas.
Cementerio ancestral
Camchira escondió, hasta hace unos pocos años, un patrimonio arqueológico: un cementerio indígena sagrado que forma parte de una Reserva Hídrica y Natural fundamental para el ecosistema de la región. El sitio alberga pircas milenarias (muros de piedra prehispánicos), morteros fijos tallados sobre las márgenes del Río Chavascate, puntas de proyectiles y estructuras residenciales semi subterráneas conocidas como “casas pozo”. En 2019, la importancia y valor ancestral del lugar quedó ratificada cuando el Equipo Forense del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) rescató y protegió restos óseos con más de 500 años de antigüedad: restos óseos de fauna, restos óseos humanos exhumados, fragmentos óseos indeterminados y piezas de cerámica.
A su vez, dentro de diversos proyectos de investigación desarrollados junto a la UNC, se detectaron 47 sitios arqueológicos, resultado arrojado luego de la investigación realizada junto al Museo Arqueológico de Córdoba y especialistas mediante informes técnicos, antropológicos y bioantropológicos. Los técnicos intervinientes advierten “el peligro potencial de los sitios arqueológicos del departamento (Colón) ante el avance del desarrollo urbano”. Además, se recalca la importancia de su preservación en todo el corredor de las Sierras Chicas por su gran antigüedad; las piezas arqueológicas descritas pueden “adscribirse a sociedades recolectoras, cazadoras, agro-alfareras” e incluso registraron sitios de la época colonial que “evidencian el sistema de estancias jesuíticas, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.
Pese a que la Agencia Córdoba Cultura declaró el sitio como patrimonio histórico y la propia comuna de Cerro Azul lo reconoció formalmente en múltiples resoluciones (como la Res. Comunal 90/04), la comunidad comechingón sanavirona denuncia diferentes políticas extractivistas. Marina Molina, navira (autoridad comunitaria), explicó a este medio el respeto con el que abordan el lugar: “Trabajamos junto a la universidad y otras comunidades y vecinos desde el año 2015 para relevar arqueológicamente los morteros, pircas y casas pozo. Sin embargo, no se pueden hacer excavaciones ni tampoco vamos a mostrar y a visibilizar todo, porque hay cosas que realmente son sagradas y alterarlos nos afectaría”. En palabras de otra comunidad que comparte la cosmovisión del pueblo comechingón-sanavirón, la alteración que refiere Marina tiene un significado emocional, espiritual: “Es un daño al territorio, un daño interior lo que vivimos; afecta nuestro Buen Vivir, nuestro equilibrio”.
Por otro lado, en relación a la falta de control estatal dentro del sitio Camchira -o mejor dicho, la búsqueda de rédito turístico y comercial con la anuencia del Estado-, derivaron ya en graves daños al territorio. En febrero de 2025, las autoridades locales permitieron la realización del festival de ciclismo “Festibike”. Más de 700 ciclistas impactaron directamente sobre el área restringida, desoyendo las advertencias de los especialistas. Molina relata la gravedad del hecho: “Destruyeron pircas antiguas para levantar una rampa de salto. La colocaron a pocos metros de donde está enterrado nuestro ancestro”.
Comunidades Indígenas, vecinos, vecinas y otras identidades, autoconvocados en Asamblea el 25 de mayo de 2025 en los Morteros del Chavascate de Villa Cerro Azul, elaboraron un petitorio exigiendo a las autoridades provinciales y comunales que garanticen la preservación del patrimonio arqueológico, el monte nativo, la flora, la fauna y la cuenca hídrica del Río Chavascate. Específicamente, solicitaron medidas urgentes de seguridad, control y regulación de actividades de riesgo en el área (como el circuito de ciclismo, para evitar accidentes y daños al entorno y a las personas que usan ese sendero porque es compartido); además, manifestaron la urgencia de contar con un guardaparques para el resguardo del sitio sagrado. Hasta el momento, no obtuvieron respuesta a través de las plataformas digitales del Estado (CiDi), donde deben realizarse estos trámites de gestión.
El reclamo fue dirigido al Gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora; a la Jefa comunal de Villa Cerro Azul (Natalia Di Pace) y los Ministerios provinciales (Desarrollo Humano, Ambiente y Economía Circular, Infraestructura y Obras Públicas, Educación y Seguridad), organismos que debieran aplicar el cumplimiento de las normativas legales en las cuales se enmarca el reclamo. También se emitió hacia el Consejo de comunidades de pueblos originarios de la Provincia de Córdoba y la Dirección de Patrimonio Cultural de la Agencia Córdoba Cultura.
Pocas semanas después, la comuna de Cerro Azul instaló una “carpa cultural” sobre el cementerio indígena que se encuentra en territorios ancestrales de las cuatro comunidades que viven allí. El evento turístico duró seis días, manteniendo música a alto volumen hasta el amanecer dentro de la reserva. Para la comunidad, existe una clara intención oficial de explotar el sitio de forma masiva e irresponsable, asignando un guardaparque unas pocas horas por semana, “lo que vuelve imposible cualquier tarea real de control”, denuncian.
La escuela intercultural: una “trampa” para el desmonte
La mayor alarma comunitaria se encendió con el proyecto para construir una escuela provincial de modalidad intercultural y sustentable. Tanto los vecinos como la comunidad comechingón-sanavirón apoyan la creación del colegio, pero rechazan de forma tajante que la infraestructura se edifique sobre territorio sagrado. “Es una profanación que atenta contra nuestros derechos. Propusimos cinco predios alternativos totalmente viables en Cerro Azul, pero las autoridades insisten en edificar ahí”, expresa la nawan. Por tal motivo, junto a otras comunidades que persisten en la zona y vecinos organizados, se elaboró un acta remitida a la Jefa Comunal Di Pace el 15 de septiembre del 2024, donde fundamentan su postura en la reunión mantenida el 18 de abril de 2024. Mediante este documento se exige nuevamente que “la escuela se enmarque dentro de la Educación Intercultural Bilingüe bajo el amparo de la Ley Nacional de Educación 26.206”; el respeto por la memoria histórica al “solicitar nombre Indígena o relacionado con la ancestralidad al territorio para denominar el colegio”; y ser informados debidamente de las precisiones técnicas del proyecto: “Modos de construcción, plazos de ejecución (Etapas), movimiento de suelo y remoción de árboles”.
El eje del conflicto radica en el impacto ambiental y legal sobre las tierras. Frente al avance estatal, los firmantes solicitaron que quede asentado bajo “Acta Institucional que este proceso de acompañamiento no implica la aceptación/consentimiento final del proyecto, sino entender la necesidad de la construcción de la escuela pero en desacuerdo del lugar elegido”.
Esto confirma también un hecho de gran valor comunitario: la protección del territorio ancestral es colectiva, asamblearia y no se ha detenido desde que llegó el colonizador. El tema central es la falta de difusión de cada actividad y acción de resistencia que llevan adelante las comunidades para defender, en definitiva, las memorias y el territorio, aunque para ellos no se fragmenta. Memoria y territorio son un todo; forman parte de su cosmovisión. Sin embargo, como se ha evidenciado y reconocido, la política cordobesa pretende diseccionarlos. Del mismo modo, desarticular y dividir a los pueblos indígenas mediante prácticas de adhesión, institucionalidad de proyectos y otras maniobras.
Molina destaca el choque entre las buenas intenciones del proyecto y la falta de respeto a su identidad: “Nosotros apoyamos una escuela intercultural porque en Cerro Azul convivimos con una gran diversidad. El proyecto es excelente desde lo pedagógico y ambiental, pero sobre este territorio atenta contra nuestra cosmovisión y el derecho indígena. Eso es lo que estamos defendiendo y peleando para que se respete.”
Para viabilizar la obra civil y otros proyectos inmobiliarios y extractivistas en la provincia, el gobierno local y provincial pretenden modificar el mapa de la Ley de Bosques de Córdoba (Ley 9.814). Buscan degradar el territorio de “Zona Roja” (máxima conservación, donde el desmonte y el cambio de uso de suelo están estrictamente prohibidos) a “Zona Amarilla”. Esta modificación se intentó convalidar mediante un proceso de Ordenamiento Territorial Participativo que la comunidad jamás consintió. Según las pruebas aportadas por la Comunidad y la Asamblea, el Estado provincial viola flagrantemente la Resolución 24/22 (declaración de Sitio Sagrado) y el Protocolo de Consulta según la OIT en su Art. 3. El convenio 169 de la OIT es una norma internacional vinculante que obliga a realizar una Consulta Libre, Previa e Informada a los pueblos indígenas antes de avanzar con cualquier medida que afecte sus territorios.
El trasfondo de la lucha: la memoria viva y la denuncia penal
Para la comunidad, defender Camchira es defender su propia existencia. Así lo describe Molina: “Para nosotros este lugar es sagrado porque el cementerio mantiene vivo el territorio. Cada vez que aparece un ancestro o sucede un hecho aquí, se movilizan las raíces y la memoria de nuestras familias, de los pueblos, del territorio. Juntarnos entre indígenas a conversar sobre esto nos fortalece”.
En un contexto provincial marcado por cuestionamientos a la política ambiental por favorecer megaproyectos inmobiliarios y extractivistas -como el caso del proyecto denominado “Plan Integral de Promoción y desarrollo regional del Perilago Cruz del Eje”, que implica la construcción de un Hotel 5 estrellas con sala de Juego, la construcción de un Parque Fotovoltaico de 11 hectáreas sobre sitios sagrados de la Reserva Arqueológica “Quilpo”, y el asfaltado de la ruta provincial T367-20, que no es otra cosa que la continuidad en esta zona de la Autovía de montaña y parte del corredor Bioceánico, ruta del extractivismo-.
Antecedentes
El 9 de abril de 2019, en Villa Cerro Azul, las Comunidades indígenas que conformaban la Organización Territorial Kamihenen (reconocidas por el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina, organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Decreto N° 672/216) y la Asamblea Cerro Azul Despierta presentaron una denuncia formal ante el Jefe Comunal Andrés Data, tras detectar, el 8 de febrero de ese mismo año, una máquina topadora realizando tareas de desmonte ilegal en un loteo privado ubicado al sur del río Chavascate. Los denunciantes alertaron sobre la destrucción inminente del sitio sagrado y ceremonial indígena “Camchira”. En tal documento, las comunidades y vecinos expresan: “Consideramos que la modificación del paisaje natural, cultural y social serrano afectará profundamente la conservación del bosque nativo en un área clasificada como zona roja de conservación. Entendemos que es de fundamental importancia la participación social en el diseño de políticas públicas de ordenamiento territorial y la gestión del impacto ambiental”. En ese sentido, adjuntan propuestas elaboradas y anteriormente presentadas a la Jefa Comunal, que permanecían en revisión.
El reclamo se fundamentó a partir de vastos antecedentes técnicos y legales, donde se destaca que el lugar ya había sido declarado Patrimonio Cultural Comunal en 2013 (Resolución Nº 11/2013) y definido como Área de Máxima Protección por la Reserva Hídrica Natural local (Resolución Nº 138/08). Asimismo, la presentación está respaldada por rigurosos informes arqueológicos y bioantropológicos de especialistas del Conicet, la Universidad Nacional de Córdoba y el Museo de Antropología, quienes documentaron en la zona “estructuras de molienda colectiva, vestigios prehispánicos e incluso el hallazgo y resguardo de restos óseos humanos”. Por eso, a la fecha, estas comunidades, vecinos y otras identidades continúan exigiendo el cese inmediato de emprendimientos privados no regulados en el sitio sagrado Camchira y sitios arqueológicos sagrados en zonas georreferenciadas.
La Comunidad del Chavascate y los vecinos de la zona -conscientes de la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico de las Sierras Chicas, una de las formaciones más antiguas según el informe técnico- expresaron su alarma ante la situación. Sostienen que, de concretarse estos megaproyectos estatales y privados (incluido el plan de la escuela intercultural) en sitios sagrados, se sentaría un grave precedente para otros territorios en riesgo. Esta preocupación surge justo cuando el Senado de la Nación comienza a debatir el proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.
Respuestas asamblearias ante obstáculos burocráticos y políticos
Al momento de esta edición, las Comunidades indígenas, vecinos y organizaciones territoriales que permanecen en el departamento Punilla, Colón y Cruz del Eje continúan pronunciando su rechazo a estos megaproyectos mineros y turísticos, que para ellos significan despojo, saqueo y extractivismo. En la actualidad, y desde hace años, han debido enfrentar estos avances contra la biodiversidad y el territorio a través de gestiones administrativas, comunicados de prensa, amparos colectivos y actividades de concientización frente a la destrucción ambiental.
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