El werken Orlando Carriqueo, integrante de la Mesa Política de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, emitió un contundente descargo jurídico y político tras conocerse dos fallos dictados por el STJ en las últimas 24 horas. Las resoluciones judiciales revocaron el transporte escolar de un niño de la comunidad Las Huaytekas en El Foyel y rechazaron la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta Previa (Ley N.º 5755). Desde la Coordinadora denuncian que ambos fallos configuran el delito de prevaricato y consolidan un escenario de racismo estructural e institucional en la provincia, alineado con los intereses del gobernador Alberto Weretilneck. Asimismo, exigen que la discriminación y el racismo dejen de ser meros agravantes y pasen a tipificarse como delitos penales autónomos con condenas efectivas en la Argentina.
Compartimos el documento:
En veinticuatro horas, el STJ de la provincia de Río Negro acaba de saldar una discusión social que se dio en el mundo sobre el RACISMO en Argentina.
Dos fallos judiciales de demandas mapuche que diligenciosamente llegaron al STJ han sido rechazadas.
Esto no solamente evidencia el RACISMO estructural del Poder Judicial, sino también la baja calidad de juristas que integran el “Superior”, sin dejar de mencionar su nula independencia del poder ejecutivo.
Estos fallos han sido dictados en completa violación a los estándares internacionales vigentes en Argentina a través de distintos instrumentos legales de Derechos Humanos que específicamente abordan el derecho indígena.
Un amparo judicial impulsado por la familia de un niño mapuche de El Foyel, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, solicitando transporte escolar para que se garantice el acceso a la Educación Intercultural Bilingüe en la escuela 150 de su comunidad mapuche, ha sido denegado. Con los votos de Sergio M. Barotto, María Cecilia Criado y Sergio G. Ceci, que coincidieron en el dictamen del siempre obsecuente y racista Procurador Jorge Crespo, y las abstenciones de Liliana L. Piccinini y Ricardo A. Apcarian, quedó rechazado un amparo bajo argumentos administrativos, económicos y de división de poderes o no injerencia. Un fallo de dos carillas, donde prevalecen las normas internas y administrativas por sobre el derecho internacional, es un descaro total; y se hacen llamar Señores Jueces. En este amparo se rechazó sin tener en cuenta a favor los dictámenes del equipo de EIB del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y Amicus Curiae del SerPaJ que preside Adolfo Pérez Esquivel, lo que configura otra arbitrariedad.
El otro fallo que rechazó el STJ fue el planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada para obtener el Consentimiento, aprobado por la Legislatura de Río Negro sin participación del CoDeCI, ni de la Coordinadora, ni de ninguna comunidad.
Con la firma de los cinco jueces y recurriendo a la excusa formal de la “falta de un caso concreto”, el STJ no desconoce a la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, pero le impone un requisito de legitimación activa propio del derecho civil individual a una acción colectiva y preventiva, donde lo que se impugna es el nacimiento unilateral de una norma cuya sola vigencia es una afectación jurídica directa, porque impone reglas obligatorias sin habernos consultado. Entre otras arbitrariedades que contiene el fallo, resalta que utiliza jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos, obviando fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana. Claramente es un fallo Racista y discriminador y configura el delito de prevaricato, al dictar una sentencia que es contraria a la ley, con excesos de formalismos que no debieran aplicarse a causas indígenas y una violación flagrante a los tratados internacionales. Tildar de racista al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y a sus integrantes no es un insulto: es una descripción jurídica. En Argentina el racismo no es un delito penal autónomo, es agravante. El delito de prevaricato lo ejercen los jueces que, a sabiendas de los tratados internacionales y los fallos de la corte, dictan sentencias contrarias y fundamentalmente en contra del derecho de las comunidades mapuche tehuelche, siguiendo una línea política del ejecutivo provincial encabezado por otro racista como Weretilneck.
En apenas 24 horas, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro -es decir Criado, Piccinini, Apcarian, Ceci y Barotto- acaban de confirmar su racismo, sepultando tratados internacionales y el derecho indígena con dos fallos vergonzosos. Ya es hora de que en Argentina el racismo y la discriminación sean tipificados como delito penal con condenas efectivas.
Al pueblo Mapuche Tehuelche nos queda seguir de pie, luchando y profundizar la defensa de nuestro territorio. ¡¡¡¡¡Marichiwew, marichiwew!!!!!
Fiske Menuco, Puel Mapu, pukem 2026
Werken Orlando Carriqueo
Referente Mapuche
Defensor de DDHH, Integrante de la Mesa Política de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Noticia en desarrollo.
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