Desalojaron a anciana en Lof Yanten Florido
Doña Hilda Arenas, una mujer de más de 70 años y miembro de la comunidad Lof Yanten Florido, sufrió un desalojo forzoso en el puesto El Lechuzo, ubicado en las inmediaciones del Cerro El Nevado.
Avance de intereses privados sobre territorios indígenas.
El pasado 17 de abril, la policía de la provincia de Mendoza ejecutó la orden de expulsión mientras la anciana se encontraba sola, dejando sus pertenencias personales abandonadas a la intemperie, sobre el asfalto de la ruta.
La familia Acosta-Arenas acredita una presencia en estas tierras que supera los 150 años. “Nacimos ahí, nuestros abuelos y bisabuelos también”, afirmó Adrián Acosta, hijo de la damnificada ante el medio local La Huella información Diario Digital. Según el relato de los familiares, los ejecutores de la medida aprovecharon la ausencia de los hombres de la casa -quienes se encontraban asistiendo a una intervención quirúrgica ocular de Adrián- para avanzar sobre la propiedad. Al regresar, los hijos encontraron a su madre en la calle y el mobiliario de toda una vida descartado a la orilla del camino.
Un conflicto de décadas
La disputa legal por el campo data de la década de los noventa. Aunque la familia enfrentó diversos procesos judiciales iniciados contra el fallecido don Acosta, denuncian irregularidades en la determinación de los límites territoriales. Según denuncian, los registros en el Catastro de San Rafael detallan una venta de la familia Monsegui a Armando Ábrego que solo comprende una fracción del terreno, y no la totalidad de la superficie que los nuevos ocupantes pretenden controlar ahora.
Desde la Organización Identidad Territorial Malalweche, calificaron el procedimiento como un acto “violento y abusivo”. A través de un comunicado oficial, la organización vinculó este despojo con una estrategia coordinada entre el poder político y los intereses económicos. Según la organización territorial, el sistema judicial de Mendoza ignora sistemáticamente la normativa vigente para favorecer proyectos de especulación inmobiliaria y actividades mineras en la zona.
La derogación del Decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena incrementó la vulnerabilidad de las comunidades frente a procesos de desalojo. En comunicación con infoterritorial, Gabriel Jofré, referente de Malaweche, señaló que, aunque los jueces de primera instancia aplicaron originalmente la Ley 26.160, la Cámara de San Rafael y la Corte Suprema provincial bloquean actualmente la protección de los derechos indígenas al rechazar los recursos extraordinarios sin tratamiento previo.
La actual composición judicial recibe críticas por su falta de independencia, ya que el rechazo sistemático de los recursos deja sin efecto las normativas constitucionales y los tratados internacionales que resguardan la permanencia de los pueblos originarios en sus territorios. “Hay una sentencia de 2010 de la Corte Suprema que avala los derechos indígenas. Eran otros jueces, como Pérez Hualde que hoy critica la independencia judicial en Mendoza”, criticó Jofré..
Los animales permanecen bajo control ajeno
La urgencia de la familia se centra ahora en la supervivencia de su sustento económico y de vida. Dentro del puesto El Lechuzo quedaron gallinas, perros y otros animales que los agentes no permitieron retirar durante el operativo. Los Acosta-Arenas buscan establecer contacto con quienes tomaron posesión del campo para recuperar sus bienes restantes, mientras el Lof Yanten Florido permanece en estado de alerta ante lo que consideran un retroceso democrático en materia de derechos fundamentales.
La organización territorial recordó que el empresario involucrado ya protagonizó un desalojo similar hace poco más de un año contra otra anciana en el puesto La India Muerta.

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