En el Día Mundial del Ambiente, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, vecinos, vecinas y organizaciones políticas se convocaron en una jornada donde denunciaron la profundización del modelo extractivista en Córdoba. Además, exigieron justicia por los delitos ambientales y culturales, y reivindicaron la defensa del agua, el monte nativo y la biodiversidad de los territorios.La manifestación se realizó frente a la sede de la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, en Córdoba Capital.
Bajo las consignas “El extractivismo envenena y mata”, “Empresariado y gobiernos ecocidas” e “Instituciones cómplices”, la jornada incluyó una radio abierta e intervenciones artísticas. La actividad buscó visibilizar la destrucción de los territorios y denunciar la inacción y la complicidad del Estado ante la crisis ecológica provincial, consecuencia del modelo extractivista. Los manifestantes apuntaron de forma directa contra la gestión del gobernador Martín Llaryora y contra las autoridades de las diferentes áreas de la Secretaría de Ambiente.
Las acciones se centraron también en una pregunta: “Si en Córdoba no hay justicia ambiental… ¿para quién trabaja la Secretaría de Ambiente?” En esta línea, señalaron que el avance de las canteras, la actividad minera, la especulación inmobiliaria y el agronegocio destruyen de forma sistemática el monte nativo y la biodiversidad, con el aval implícito de los organismos de control.
Criminalización de los defensores ambientales
Un punto central de la protesta giró en torno a la persecución judicial contra seis defensores ambientales y territoriales, incluido un comunero indígena. Estas personas afrontan un proceso legal tras haber resistido la construcción de la Autovía de Punilla, una obra de infraestructura que destruyó reservas naturales y sitios de memoria ancestral, como el centro ceremonial del río Yuspe y los territorios de la comunidad Las Tunas.
Los colectivos advirtieron sobre la disparidad de criterios en el Poder Judicial de la provincia. Mientras la persecución a los activistas avanza con celeridad, la Justicia mantiene archivadas o paralizadas las causas por delitos ambientales graves. En este marco, expresaron que “en Córdoba siguen cajoneadas más de 150 causas por delitos ambientales, sin justicia”.
Entre estos expedientes sin resolución firme figuran conflictos históricos como las fumigaciones en barrio Ituzaingó, la contaminación de la empresa Porta Hnos. y las causas contra exfuncionarios que autorizaron desmontes en zonas rojas protegidas. “La connivencia de los gobiernos con las empresas y el Poder Judicial es total”, recalcaron.
En comunicación con Infoterritorial, Mai -activista de la Multisectorial Ambiental Córdoba-, remarcó la articulación que existe entre los diferentes niveles del Estado y los intereses privados para avanzar sobre los bienes comunes naturales. Al respecto, afirmó: “vinimos a visibilizar y denunciar cómo la provincia profundiza el modelo extractivista, en connivencia con el gobierno nacional y el poder internacional, después de avalar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones -RIGI-. También denunciamos la destrucción del monte nativo, que sigue llenando nuestras sierras con cemento, sigue avasallando comunidades indígenas y vulnera el derecho de los vecinos a decidir cómo vivir en sus territorios”.
Asimismo, cuestionó los mecanismos de participación ciudadana vigentes y las supuestas soluciones que no modifican el modelo de saqueo. En ese sentido, denunció “la falsedad de las audiencias públicas”, señalando que no son vinculantes. También se puso en duda la llamada transición energética, al considerar que “los bonos verdes y los fondos climáticos no representan una salida real”.
“Sabemos que desde ahí no está la solución: la solución sigue siendo preservar y conservar cada árbol, el bosque nativo, el monte y las cuencas hídricas. Creemos que hay que priorizar la vida y no un falso progreso que concibe a la naturaleza como una mercancía más, para seguir alimentando un sistema capitalista, extractivista y colonial que nos está llevando a un colapso socio ambiental irreversible”, manifestó
Una red de resistencia
La jornada sirvió también como un espacio de rearticulación para los movimientos del territorio, tras años de luchas y dificultades socioeconómicas. Al no poder viajar toda la militancia hacia la capital provincial, diversas localidades replicaron la protesta en sus propios municipios para exponer las complicidades institucionales locales.
En San Marcos Sierras, la Comunidad Indígena Territorial Comechingona Sanavirón Tulián y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados organizaron un cartelazo junto a comerciantes y residentes de la zona. La acción visibilizó el rechazo al proyecto del Hotel Casino del Perilago y a la cantera Los Sauces. Los vecinos exigieron el resguardo inmediato de las zonas rojas de los bosques nativos y de la Reserva Arqueológica Quilpo, además de sostener asambleas públicas de debate en la plaza principal.
Como continuidad del plan de lucha, las organizaciones planifican un festival solidario para el próximo 13 de junio. Los fondos recaudados durante el evento serán destinados a financiar los costos de la disputa legal en curso, mediante el pago de honorarios de abogadas y la contratación de peritos idóneos para realizar estudios técnicos de biodiversidad e hidrogeología en las áreas afectadas.
Las diferentes asambleas y comunidades indígenas coincidieron en la necesidad de reforzar la articulación interprovincial. “Estos encuentros, además de la denuncia, nos permiten seguir encontrándonos, nos siguen dando fuerzas y sosteniéndonos como red de vecinas y vecinos defensores de la naturaleza”, concluyó Mai.
Fotos: Gentileza de las asambleas socio ambientales
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