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La abogada Sonia Ivanoff denunció la regresión de los derechos indígenas ante la ONU

En el marco de la 19.ª sesión del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas (MEDPI), la especialista argentina expuso la crítica situación territorial, la criminalización de defensores y el avasallamiento que enfrentan las comunidades Mapuche Tehuelche en el sur de argentina.

El Palacio de las Naciones de la ONU, en Ginebra, se convirtió una vez más en el epicentro del debate global sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas durante la celebración de la 19.ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI). En este foro internacional, caracterizado por un debate riguroso y una participación diversa, la intervención de la abogada argentina Sonia Ivanoff visibilizó la realidad de las comunidades en la Patagonia.

El MEDPI es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU creado en 2007, compuesto por siete expertos independientes encargados de asesorar técnicamente a los países para la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En este contexto, la letrada, quien asistió en representación de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, expuso en Suiza ante la comunidad internacional. Bajo la estricta regla de las intervenciones del mecanismo -que limita el tiempo de los oradores a tan solo dos minutos para garantizar la participación de múltiples delegaciones-, Ivanoff sintetizó los retrocesos y las deudas históricas del Estado argentino.

El foco en la criminalización

Ivanoff apuntó directamente a los problemas estructurales que asedian a las comunidades mapuche tehuelche en el sur del país. “El objetivo de esta 19.ª sesión de mecanismos de expertos tiene como objetivo analizar la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas en situación de conflicto y posconflicto. De aquel conflicto histórico no resuelto, que tiene que ver con el avasallamiento, de la colonización, del despojo fundacional de los Estados latinoamericanos, sobre todo en el caso argentino o chileno”, explicó la abogada tras su intervención en la sede europea de las Naciones Unidas.

Ivanoff hizo especial hincapié en la necesidad de que los organismos internacionales actúen para frenar la persecución judicial y el hostigamiento que sufren quienes lideran los reclamos territoriales. En este sentido, la abogada detalló que entre las prioridades planteadas ante las Naciones Unidas figuran los conflictos estructurales y el avasallamiento en los territorios.

Asimismo, fue contundente respecto a la seguridad de quienes ejercen la representación comunitaria en los territorios: “Se debe prohibir taxativamente la criminalización de los defensores indígenas, cesar en la persecución y el hostigamiento al cual se somete a los defensores de los Pueblos Indígenas, a sus líderes y lideresas”.


La intervención de Sonia Ivanoff

19.ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI)

Señor presidente, distinguidos miembros del Mecanismo de Expertos:

Mi nombre es Sonia Liliana Ivanoff. Soy abogada, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Argentina.

Comparezco para expresar mi profunda preocupación por el grave proceso de regresividad que atraviesan los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, particularmente del pueblo mapuche tehuelche.

El pueblo mapuche es un pueblo indígena transfronterizo, reconocido por el artículo 32 del Convenio Nº 169 de la OIT y el artículo 36 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, tanto en Argentina como en Chile observamos una creciente criminalización de autoridades tradicionales y defensores indígenas vinculados a la reivindicación de sus territorios ancestrales.

En Argentina se derogó el régimen de protección que impedía los desalojos de comunidades indígenas y se impulsan medidas dirigidas a revisar la posesión y la propiedad comunitaria indígena. En la provincia del Chubut fueron aprobadas leyes regresivas sin consulta ni participación indígena, en contradicción con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los estándares internacionales.

En la provincia de Santa Cruz se abandonaron los espacios de diálogo respecto del proyecto de construcción de represa hídrica que afectan los territorios y el patrimonio cultural material e inmaterial indígena. Asimismo, permanecen paralizados los procesos de restitución y repatriación de restos humanos y bienes culturales indígenas.

Solicito respetuosamente que este Mecanismo recomiende al Estado argentino poner fin a las medidas regresivas, garantizar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, proteger a las autoridades tradicionales y defensores indígenas y asegurar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales.

La paz no se construye mediante la criminalización de quienes defienden sus territorios ancestrales. La paz sólo es posible cuando los Estados respetan la libre determinación, el territorio y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

Muchas gracias.


Un foro global y Estados que no escuchan

Además de los conflictos territoriales históricos, la 19.ª sesión del MEDPI abordó desafíos contemporáneos de gran escala, como el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las comunidades y el sesgo tecnológico, la preservación cultural en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, y los mecanismos para fortalecer la participación directa de estas poblaciones en la ONU sin intermediarios.

Para referentes como Ivanoff, el MEDPI representa una de las pocas herramientas internacionales para exigir respuestas a los gobiernos. “El mecanismo ya sacó un informe de recomendación a los Estados y esto está específicamente en ese documento”, concluyó la abogada, remarcando que el testimonio de la Patagonia ahora forma parte de una agenda global de derechos humanos que los Estados miembros de la ONU no deberían seguir ignorando.

Esta herramienta cobra aún más relevancia ante las polémicas intervenciones de los representantes del Estado argentino, en especial desde la asunción de Javier Milei. Un claro ejemplo de esto ocurrió en noviembre de 2024: en lo que fue la primera votación del país ante la Asamblea General de la ONU bajo la gestión de Gerardo Werthein en la Cancillería, la Argentina se convirtió en el único Estado en votar en contra de una resolución que promovía la protección de los derechos, tierras y lenguas ancestrales de las comunidades indígenas.

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