El campesino fue detenido en un paraje rural “Las Goteras” tras una denuncia por supuestas amenazas a la senadora Patricia Bullrich. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos reclaman por su libertad y plantean que su criminalización podría estar vinculada con los conflictos territoriales que enfrenta: uno relacionado con el avance de la principal empresa minera de Cobre de Argentina: Martín Bronce. La familia de Franco forma parte del grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Palma Sola que el pasado 17 de abril presentó un amparo ambiental y una medida cautelar ante el Juzgado Ambiental contra el Estado Provincial de Jujuy. La acción colectiva busca frenar de manera inmediata la ejecución del proyecto minero de cobre a cielo, debido a las graves irregularidades administrativas detectadas y el riesgo de daño ambiental sobre el ecosistema de yungas. El otro conflicto es en relación a un juicio de desalojo del territorio que él habita, suspendido un día antes de su detención.
Cobertura colaborativa de La Hojita Informativa e infoterritorial
La detención
La Policía Federal ejecutó el pasado martes 23 de junio un sorpresivo despliegue en el paraje rural Las Goteras, en el departamento de Santa Bárbara, provincia de Jujuy. El operativo culminó con la detención de Franco Oscari, un joven campesino de 26 años, tras una denuncia radicada en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, a más de 1300 kilómetros de distancia. La presentación judicial fue efectuada bajo una denuncia de presuntas amenazas a través de una red social a Patricia Bullrich.
Según explicaron desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC – Vía Campesina, el procedimiento se inició a las cinco de la mañana, antes del amanecer, en una zona del monte profundo jujeño caracterizada por su extrema desconexión y complejidad geográfica ya que es una zona de yungas. Para acceder o salir de dicha comunidad es necesario atravesar 17 arroyos hasta la localidad más cercana, Palma Sola, y desde allí restan cinco horas de viaje terrestre hasta San Salvador de Jujuy.
La abogada María José Castillo, calificó el despliegue de inaudito y desproporcionado, vinculando la situación de la familia con los históricos conflictos de tierras y resistencia contra los desalojos en la región. Según explicó la letrada, en un principio se desconocían los motivos del arresto debido a que Oscari se encontraba incomunicado y no había sido notificado de ninguna acción en su contra en la jurisdicción local.
Deniegan la excarcelación
La causa se tramita formalmente en el Juzgado Federal a cargo del juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Los funcionarios judiciales rechazaron la solicitud de excarcelación de la defensa mediante argumentos que encendieron las alarmas de las organizaciones de derechos humanos. La fiscalía dictaminó que Oscari presenta riesgo procesal y peligro de fuga basándose en sus condiciones estructurales de vulnerabilidad: carecer de un domicilio con numeración formal (en los parajes rurales muchos caminos no tienen nombre ni numeración), no poseer un empleo bajo relación de dependencia (es un pequeño productor que trabaja en su territorio junto a su familia) y residir en un área rural sin conectividad a internet ni señal telefónica estable. Asimismo, la resolución judicial argumentó que el imputado habita en una provincia fronteriza, omitiendo la distancia real que separa al paraje de los límites internacionales.
Tras la negativa de la libertad, la situación procesal derivó en horas de extrema incertidumbre. El jueves 25 por la mañana, la defensa, su familia y allegados denunciaron públicamente que Oscari había sido retirado de la dependencia federal en San Salvador de Jujuy sin notificación previa, y que no tenían información oficial de su paradero. Ante la falta de información sobre su identidad, el equipo de abogadas compuesto por Samanta Delgado, María José Castillo y Paula Alvarado Mamani interpusieron recursos de habeas corpus en el fuero federal y provincial de Jujuy, así como una oposición formal ante el juzgado de origen en Buenos Aires. Recién entrada la noche pudieron confirmar que el joven campesino había sido trasladado a través de las provincias de Salta y Tucumán con el objetivo aparente de ser enviado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dichas presentaciones lograron frenar el traslado definitivo a Comodoro Py, disponiéndose que el joven permanezca transitoriamente en Tucumán, pero en este transcurso de esta detención está siendo constante la poca claridad de su paradero, y la incomunicación con sus abogadas y su familia.
La voz de Franco
El propio Franco Oscari logró manifestar horas después de ser detenido su postura sobre su modo de vida y la situación que atravesaba desde la Unidad Federal de San Salvador de Jujuy. “Yo me dedico al cultivo de vegetales. Estoy plantando papa, cebolla y ajo. También alfalfa. Hace poco también cosechamos maíz, que también es una buena cosecha”, relató el joven al describir su realidad cotidiana. En sus declaraciones, detalló las tareas de subsistencia que lleva adelante junto a su entorno: “También nos dedicamos a criar animales, chanchos, ovejas, vacas. Entonces, la vida del campo. Podemos sacar leche, ir a buscar miel en algunos casos. Esa es la vida”.
Oscari, quien se formó en la Escuela Campesina de Santiago del Estero e integra el MOCASE y la organización Tierra Fértil, cuestionó de forma directa los motivos de su privación de la libertad. “Estoy encarcelado bajo una denuncia supuestamente de amenazas contra Patricia Burlich. Me considero, en esta situación, un preso político. Le pido a la gente empatía, un poco de solidaridad hacia mi persona debido a que yo soy una persona de campo, que me dedico a trabajar, a defender mi soberanía alimentaria, tanto como a mi familia y los que me rodean. Que aboguen por mi libertad”, concluyó.
La disputa judicial con privados
Para quienes reclaman por su libertad, la detención del joven campesino se enmarca en diferentes conflictos territoriales.
El 23 de abril pasado, la jueza Mirta Del Milagros Vega, del Juzgado Civil y Comercial de San Pedro de Jujuy, había dictado una sentencia que ordenaba el desalojo de Vicenta Robles, de 74 años, y de su hijo Guillermo Zenteno, junto a su pareja Rufina Palma, sus hijos y su sobrino. Rufina Palma es suegra de Franco Oscari y juntos, en familia, trabajan y producen sus alimentos en la tierra que privados reclaman como propia.
Sus abogadas apelaron el fallo judicial, y desde aquel momento la familia expresó vivir en constante alarma. En comunicación con infoterritorial y La Hojita Informativa, Rufina relató que el 30 de abril pasado tres hombres vestidos de civil llegaron hasta su vivienda, uno de los hombres parecía llevar un arma y la camioneta tenía la patente tapada. Rufina llamó a su abogada y a la policía. “Yo digo que lo hicieron como excusa, para llegar a mirar y asustarnos”, relató la campesina
Justamente un día antes del allanamiento y detención de Franco, la familia campesina recibió la notificación de que el desalojo quedaba suspendido hasta que se resuelva dicho recurso.
La pata empresarial
Otro conflicto territorial que atraviesa su detención es el relacionado al proyecto minero de cobre a cielo abierto “Martín Bronce”, operado por la empresa jujeña MOM Mining, que forma parte del Grupo minero – inmobiliario Villanueva SRL.
“Martín Bronce” sería el único yacimiento de cobre en explotación en la provincia de Jujuy y en Argentina y se ubica en el paraje Siete Aguas a 25 km de Palma Sola en los límites entre Jujuy y Salta. El Grupo Villanueva, una empresa históricamente ligada al negocio inmobiliario, conformó en 2020 MOM Mining SRL para expandirse al rubro minero. Este holding está constituido además por las firmas Villanueva e Hijos, Valerza, Briomodo, Imanta, Propay y Villanueva Servicios Mineros.
Según declaraciones del propio contador y socio gerente de la empresa, Diego Zuliani, en 2025 la minera estaba extrayendo hasta 5000 toneladas de cobre por mes. El movimiento de tierras y, principalmente, la destrucción de la biodiversidad motivaron a Oscari, su familia y la comunidad local quienes con el patrocinio de las abogadas Samanta Delgado y María José Castillo, presentaron en abril pasado un recurso de amparo colectivo ante el Juzgado Ambiental de Jujuy.
El amparo colectivo
La demanda colectiva, que busca la protección de la biodiversidad de la zona donde opera MOM Mining, fue presentada en abril de este año y denuncia diversas irregularidades administrativas y ambientales, entre las que destacan el impacto en el ecosistema mediante desmontes, la vulneración de la Ley de Bosques y la generación de riesgos hídricos para una región cuya economía se sustenta en la agricultura y la ganadería. Asimismo, señala graves faltas legales como la ausencia de participación ciudadana y de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, un requisito obligatorio para este tipo de proyectos. También advierte sobre los conflictos territoriales subyacentes, manifestados en las amenazas de desalojo que han sufrido en los últimos meses las familias que habitan la región.
En este contexto de disputas territoriales entre empresas, gobiernos y comunidades indígenas y campesinas de Jujuy, una inusual denuncia por “amenazas” a la senadora porteña Patricia Bullrrich fue el basamento para que el juez Ariel Lijo solicitara desde CABA el despliegue de efectivos federales para detener en la madrugada del miércoles 25 de junio a Franco Oscari en el paraje Las Goteras de Jujuy.
Desde organizaciones de derechos humanos, sociales y comunitarias denuncian una clara estrategia judicial, empresarial y política para amedrentar y perseguir a quiénes se opongan a proyectos extractivistas en oposición a las políticas permisivas en favor de empresas de parte de los gobiernos tanto provincial como nacional. Este entramado de violencia institucional deja claro que el objetivo no es la “seguridad” de nadie, menos aún la de la senadora Patricia Bullrich quien, al parecer, vive a 1.300 km del paraje rural Las Goteras.
Al cierre de esta nota, otra vez se desconoce el paradero de Franco, lo que genera una gran incertidumbre y angustia rememorando las peores violaciones de los derechos humanos por parte del Estado argentino.
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de este contenido únicamente cuando se cite a infoterritorial como fuente original e incluya un enlace directo al contenido.
