El 31 de julio vecinas y vecinos de Esquel, localidad cordillerana de Chubut, se presentaron en el Concejo Deliberante local para exigir a las autoridades municipales un posicionamiento sobre el debate que se vive en la comunidad ante la posible aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Compartimos el documento leído en la conferencia de prensa y el proyecto de declaración presentado:
Hoy nos convocamos en la casa del pueblo, tal como que debe ser el Concejo Deliberante de nuestra ciudad, ante la necesidad de que nuestros representantes se sumen al rechazo popular del Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Por tal motivo, acercamos para ser tratado por los ediles, un Proyecto de Declaración cuyos considerandos establecen:
Que el análisis integral del proyecto evidencia que, bajo la aparente premisa de proteger la propiedad individual, se introducen modificaciones estructurales que atentan directamente contra la soberanía nacional, los bienes comunes, la seguridad alimentaria y el derecho a la vivienda;
Que, en materia de protección ambiental y bosques nativos, la iniciativa elimina las restricciones de cambio de uso de suelo por 30 y 60 años tras incendios en áreas naturales, vegetación y humedales (modificando la Ley de Manejo del Fuego N°26.815). Esta medida genera un incentivo perverso para la quema intencional de tierras con fines inmobiliarios o agropecuarios, un aspecto de extrema gravedad y sensibilidad para la ecorregión cordillerana, las áreas protegidas aledañas y las tierras dentro del ejido municipal de Esquel;
Que, en relación con las tierras rurales y la soberanía territorial, el proyecto deroga los pilares centrales de la Ley N°26.737 (Ley de Tierras), eliminando el límite del 15% de extranjerización a nivel provincial o subprovincial, el tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo y las restricciones para la compra de tierras ribereñas, espejos de agua dulce y zonas de frontera. Asimismo, deroga normas históricas de seguridad nacional (Decreto Ley 15.385/44), habilitando la creación de “enclaves” bajo control de capitales transnacionales que amenazan la soberanía hídrica y territorial. Se podrían crear “Estados” dentro de territorio argentino.
Que, tal como denuncian organizaciones de productores y especialistas en desarrollo rural, la entrega e ilimitada concentración de tierras vulnera la soberanía alimentaria nacional, al expulsar a la agricultura familiar, campesina e indígena de los periurbanos y zonas productivas; un sector estratégico que produce la gran mayoría de los alimentos frescos que consumen las familias argentinas y que, sin acceso seguro a la tierra, queda a merced del acaparamiento para monocultivos de exportación y especulación inmobiliaria.
Que la desregulación normativa que propone la iniciativa consolida un modelo de desarrollo primario-exportador al servicio de grandes terratenientes, empresarios y capitales transnacionales, profundizando el despojo territorial, la pérdida de control público sobre cuencas hídricas indispensables para la producción local y comprometiendo el abastecimiento y la sustentabilidad socioecológica de las futuras generaciones. Que la iniciativa agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades originarias y pequeños productores que no cuentan con titulación individual ni comunitaria, facilitando desalojos expeditos mediante procesos sumarísimos y la entrega inmediata de inmuebles, cercenando garantías procesales básicas y la protección de la posesión comunitaria ancestral.
Que, en el ámbito urbano, el Capítulo II ataca de manera directa el derecho a la vivienda de millones de hogares e inquilinos, eliminando plazos y garantías en los juicios de desalojo, obstaculizando la posibilidad de regularizar deudas para evitar la calle y profundizando la precarización habitacional en un contexto socioeconómico ya crítico.
Que el proyecto restringe severamente las facultades del Estado para expropiar o intervenir sobre recursos estratégicos de utilidad pública para el desarrollo nacional, supeditando la soberanía nacional, el interés público, los bienes comunes a un régimen corporativo e irrestricto de propiedad.
Que es deber ineludible de este Honorable Concejo Deliberante de Esquel expedirse categóricamente en defensa del territorio, los bosques, el agua, la soberanía nacional y la protección integral de sus vecinos y vecinas.
Por lo expresado, solicitamos que el Concejo Deliberante de Esquel declare:
RECHAZAR en todos sus términos el proyecto de ley denominado de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, por constituir un directo atentado a la soberanía territorial, la integridad de los bienes comunes naturales, la soberanía alimentaria, la preservación de la agricultura familiar y los derechos sociales y habitacionales de la población.
ALERTAR Y CONDENAR las disposiciones del proyecto que eliminan la prohibición del cambio de uso de suelo en tierras afectadas por incendios por promover la especulación inmobiliaria a costa del fuego y la destrucción de nuestros bosques nativos y fuentes de agua.
EXPRESAR la profunda preocupación institucional ante la derogación de los límites a la extranjerización de tierras rurales, la afectación de las zonas de frontera y la facilitación de desalojos expeditos que atentan contra la vivienda digna y la permanencia de comunidades en sus territorios.
INSTAR a los Senadores y Diputados Nacionales por la Provincia del Chubut a votar negativamente el mencionado proyecto de ley, en resguardo de la Constitución Nacional, el dominio provincial sobre los recursos naturales y los derechos de la ciudadanía chubutense.
REMITIR copia de la presente Declaración al Congreso de la Nación, a la Honorable Legislatura del Chubut y a los Concejos Deliberantes de la Región Cordillerana.
Nuestra provincia tiene una reconocida y extensa trayectoria en la defensa de nuestros bienes comunes. Esa experiencia colectiva ha reunido, a lo largo de los años, a los distintos sectores que sostenemos la y la resistencia: pueblos originarios, asambleas socioambientales, organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, frente al avance sistemático del capital concentrado que busca profundizar el extractivismo, el saqueo y el despojo de nuestros territorios.
Las asambleas han sido nuestro método democrático de organización y las calles el escenario donde logramos nuestras mayores conquistas. La experiencia nos ha enseñado que la unidad en la diversidad, expresada en la movilización popular, es la fuerza capaz de enfrentar y torcerle el brazo a cualquier poder.
Gracias a esa organización y a esa unidad logramos mantener a nuestra provincia libre de megaminería.
Hoy, frente al nuevo salto extractivista y al saqueo que pretende imponer el gobierno nacional, resulta imprescindible volver a encontrarnos y reconstruir una respuesta colectiva contundente.
Por eso llamamos a las centrales sindicales de la provincia a convocar a un paro provincial y a una gran movilización para el próximo 6 de agosto, con el objetivo de construir una jornada masiva de lucha en defensa de nuestros bienes comunes.
Existen antecedentes que demuestran que este camino es posible. En 2021, la CTA convocó a un paro ambiental.
Hoy, más que nunca, es necesario que las CTA’s, la CGT y los principales sindicatos vuelvan a convocar a paros y movilizaciones para defender los bienes comunes.
Porque no hay futuro posible si se saquean, venden o incendian nuestros territorios. La defensa de la vida, del agua y de los bienes comunes exige, una vez más, la unidad, la organización y la movilización de nuestro pueblo.
Invitamos a la marcha y banderazo del 4 de agosto a las 17 hs en la Plaza San Martín y a escuchar juntos la sesión el 6 de agosto en el localito (plazoleta de Av Alvear y Fontana)
Fotos: Roxana Sposaro
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