Ante la demanda presentada por la Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí, el Juzgado Federal de Oberá le otorgó 11 días hábiles al Poder Legislativo para comparecer en la causa sumarísima por omisión de la Consulta Previa, Libre e Informada y falta de evaluación de impacto socioambiental frente al proyecto extractivo y la instalación de mega data centers.
La Justicia Federal dispuso emplazar al Poder Legislativo para que responda, en un plazo perentorio de 11 días hábiles, a la demanda presentada por la Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí. El reclamo exige frenar el trámite legislativo del régimen conocido como “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) mientras el Estado mantenga la omisión sistemática del acceso a la información ambiental y el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) a los Pueblos Indígenas.
La medida fue dictada por el juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, quien resolvió tramitar la causa mediante la vía del procedimiento sumarísimo (Expediente FPO 39913/2026). El fuero dio cuenta de la urgencia del planteo: dilatar la resolución judicial sobre el tratamiento de este megaproyecto de ley podría tornar ilusoria la tutela efectiva de los derechos territoriales y ambientales de la comunidad.
Vulneración de estándares internacionales
El núcleo del litigio judicial radicado en Misiones -al que se suma una acción paralela presentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- cuestiona el incumplimiento directo de preceptos de rango constitucional y de tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina, tales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.
En comunicación con infoterritorial, el Cacique Hilario Moreira cuestionó la persistencia de esta omisión histórica: “Nosotros como pueblo originario siempre estamos afectados con todos los proyectos de gobierno, porque siempre han hecho leyes o proyectos sin consulta a las comunidades o a los Pueblos Originarios”.
En la misma línea, la Dra. Bárbara Beatriz Bertola, letrada patrocinante de Tape Mirí, advirtió en el comunicado de prensa emitido el pasado 6 de noviembre: “Solicitamos el trámite urgente porque las demoras legislativas y procesales pueden tornar ilusoria la tutela de los derechos. El Estado no puede avanzar a ciegas con el Súper RIGI sin garantizar antes el acceso a la información y la participación de la comunidad en la formación de las leyes”. La abogada dejó asentada, además, la reserva de accionar por la nulidad absoluta de cualquier norma dictada en abierta transgresión de estas instancias obligatorias.
Por su parte, el referente indígena remarcó que la participación institucional no debe ser un mero formalismo frente a intervenciones que alteran los territorios: “Cuando va a afectar los recursos naturales, siempre tenemos que tener una participación y deben consultar a la población indígena. Si va a afectar negativamente o positivamente tenemos que estar presentes, porque para nosotros los recursos naturales no solamente son valiosos en términos culturales, sino que también sabemos que son valiosos económicamente para el desarrollo de un país, pero nosotros siempre estamos ausentes en todos los proyectos de Estado”.
La demanda presentada denuncia la ausencia de estudios técnicos de evaluación de impacto estratégico y socioambiental ante la reconversión territorial, energética y de bienes comunes que propicia el régimen de promoción de inversiones con una vigencia de 30 años. Al respecto, Moreira alertó sobre el trasfondo del modelo: “El Súper RIGI apunta al extractivismo y a extraer recursos naturales. Estos proyectos muchas veces llegan al territorio sin previo aviso y afectan directamente a la población indígena”.
La presión de los mega data centers sobre el agua y la energía
Uno de los aspectos críticos expuestos en la causa es el impacto imprevisto pero ineludible sobre las cuencas hídricas y las redes eléctricas regionales. En el marco del expediente, se solicitó la intervención como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) del especialista Eduardo Dvorkin -patrocinado por la Dra. Clea Maguire-, cuyo dictamen científico detalla la grave vulnerabilidad que representa la promoción masiva de mega centros de datos (data centers). Este tipo de infraestructuras demanda volúmenes críticos de energía eléctrica y sistemas intensivos de refrigeración por agua de curso natural.
El reclamo territorial desde Misiones sintoniza con la demanda de amparo radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Capital Federal (Expte. CAF 038794/2026), impulsada por Carlos Alfredo Gutiérrez en representación del Centro Cultural 25 de Mayo.
“Antes de su tratamiento, el Senado Nacional debería tomar los recaudos necesarios de participación ciudadana e información pública para cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales vigentes en el país”, sostuvo Gutiérrez respecto al expediente actualmente a despacho de resolución judicial, subrayando la amenaza global sobre las reservas hídricas y la infraestructura energética del país.
El emplazamiento del juzgado federal obliga a los legisladores a fundamentar por qué se omitió la consulta previa y ambiental previa al impulso normativo, en una provincia cuya selva paranaense y cuencas hidrográficas constituyen el territorio ancestral del pueblo Mbya Guaraní.
De este modo, la voz de la comunidad Mbya Guaraní trasciende el reclamo sectorial para interpelar al conjunto de la sociedad sobre la urgencia ecológica ante el avance de los proyectos extractivistas: “Lo poco de naturaleza que queda lo tenemos que conservar; es bueno para la población indígena y para la sociedad en general”, concluyó Moreira, vinculando la defensa de los bienes comunes de la biodiversidad con la supervivencia misma de las futuras generaciones.
Foto: gentileza Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí
