El pasado 5 de noviembre, las autoridades comunitarias de los parajes rurales y barrios del Pueblo Qom en Pampa del Indio -ubicada en el departamento Libertador General San Martín- interpusieron una acción de amparo colectivo con medida cautelar innovativa ante la Justicia Federal, bajo el patrocinio de la abogada Paula Mercedes Alvarado Mamani. El objetivo de la presentación es frenar un mecanismo impuesto desde el gobierno nacional que los referentes califican como una forma de “exclusión indirecta y discriminación estructural”.
El impacto del recorte de los programas sociales
Las comunidades denuncian que se les impone la obligación de realizar trámites, inscripciones y validaciones exclusivamente a través de plataformas virtuales, portales web y aplicaciones móviles. En un territorio donde la conectividad a internet es inexistente o sumamente inestable, y donde gran parte de la población carece de dispositivos tecnológicos o de un suministro eléctrico continuo, la exigencia de la virtualidad se convierte en una muralla infranqueable. Los referentes de parajes y barrios como Cuarta Legua, Campo Medina, Pampa Chica, Lote 39 y La Herradura advierten que esta transición digital abrupta dejó sin el único ingreso básico de subsistencia a cientos de familias indígenas.
En marzo pasado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció la baja del programa “Volver al Trabajo”, que destinaba la suma de apenas 78.000 pesos a unos 900.000 trabajadores informales dedicados a capacitaciones, prácticas o emprendimientos en todo el país. Un mes después, la funcionaria presentó en su reemplazo el esquema “Formando Capital Humano”.
Este nuevo programa -que en teoría promete cursos y capacitaciones en habilidades blandas, además de propuestas de formación profesional diseñadas supuestamente para adaptarse a los intereses y tiempos de aprendizaje de cada persona- profundizó la crisis. Además de cortar de golpe el ingreso económico indispensable para el sustento diario de las familias, impuso un sistema imposible de cumplir en un contexto marcado por la desocupación, la economía de supervivencia y el pluriempleo precario.
A la falta de recursos se suma que la oferta de capacitación y empleo del ministerio a cargo de Pettovello en el departamento de Libertador San Martín es completamente nula. Al ingresar a la página oficial en la sección de “Cursos de formación laboral y capacitación profesional”, el sistema arroja un resultado contundente: “no hay cursos disponibles con los filtros seleccionados”, ni en modalidad virtual ni presencial. La misma respuesta aparece al realizar la búsqueda en los departamentos vecinos de Quitilipi, Bermejo y General Güemes. En la sección de ofertas laborales publicada en la misma página no se encuentra ningún puesto para la zona.
Un pedido urgente
En este marco, la presentación judicial argumenta que la supresión intempestiva de los montos económicos vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Al retirar el apoyo alimentario a comunidades en situación de hipervulnerabilidad, el Estado transgrede el derecho a la igualdad real de oportunidades, a la seguridad social, a una vida digna y el principio de prohibición de regresividad en materia social. El amparo enfatiza que la administración pública no puede escudarse en facultades discrecionales o recortes presupuestarios para vaciar de contenido los derechos humanos más elementales.
Los referentes comunitarios respaldaron su demanda en el derecho consuetudinario originario y en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional. De este modo, reafirman que las comunidades se organizan a través de sus autoridades tradicionales, sin la obligación de someterse a estructuras de derecho privado o registros fiscales ajenos a su cosmovisión. Asimismo, la acción judicial expone la omisión absoluta de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), un deber internacional establecido en el Convenio 169 de la OIT y en las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que exige acordar de buena fe cualquier medida administrativa capaz de impactar directamente en su vida cotidiana.
En el pedido cautelar urgente, los amparistas solicitan la restitución inmediata de las asistencias alimentarias mensuales y la creación de una mesa territorial, presencial e intercultural de empadronamiento en General San Martín y en los parajes de la zona. El reclamo se apoya en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en precedentes emblemáticos como Yakye Axa y Lhaka Honhat, recordando que los magistrados tienen el deber imperativo de remover barreras operativas y priorizar la tutela de la vida frente a situaciones que amenazan la supervivencia de los Pueblos Originarios.
Amparo incumplido
Si bien los reclamos por vías legales e institucionales llevan décadas, la situación se tornó crítica desde 2023 con la asunción del gobernador Leandro Zdero, período marcado por denuncias constantes de muertes por desnutrición, enfermedades endémicas y una escasez alarmante de personal en hospitales zonales y centros de salud rurales.
A finales de agosto pasado, la comunidad Qom de Pampa del Indio celebró como un triunfo histórico un encuentro con funcionarios provinciales en el Hospital “Dr. Dante Tardelli” para coordinar el cumplimiento de una medida cautelar que exige al Estado provincial incorporar profesionales de la salud, garantizar insumos, reabrir puestos sanitarios y sumar personal bilingüe. Sin embargo, lo que se perfilaba como un avance para frenar la emergencia sanitaria quedó, una vez más, en una promesa vacía.
A casi cuatro meses de aquella instancia, las comunidades denuncian que tanto el gobierno nacional como el provincial les dan la espalda. Ante la persistente desatención de la administración provincial y del titular del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), el Frente de Lucha de Comunidades Indígenas de Pampa del Indio convocó a una movilización para exigir respuestas urgentes. Reclaman atención integral y cobertura sanitaria en los parajes, asistencia alimentaria directa, fomento al campo y un respaldo real a la economía comunitaria, tanto a las autoridades nacionales como provinciales.
Foto de portada: Asamblea – Gentileza Frente de Lucha Comunidades Indígenas de Pampa del Indio
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