Chaco: presentan amparo por crisis sanitaria en Pampa del Indio
La acción judicial exige medidas urgentes para garantizar atención médica, acceso a agua segura y respeto a la salud intercultural. El relevamiento oficial expuso centros de salud vacíos, falta de medicamentos y ausencia de asistencia estatal, mientras la respuesta gubernamental se concentra en la criminalización de la protesta.
“Denunciamos que el Gobierno provincial es el responsable innegable de una crisis humanitaria y sanitaria que se agrava día a día en nuestros territorios”, expresaron en el comunicado que acompañó la demanda, registrada bajo el expediente N° 1723/26-1-I y patrocinada por la Defensora General Adjunta, Dra. Gisela Gauna Wirz.
El relevamiento territorial realizado por la misma defensoría, junto a los dirigentes de la comunidad los días 5 y 6 de mayo, expuso un panorama alarmante: centros de salud sin médicos, falta de medicamentos, ausencia de equipamiento básico y un sistema de emergencias que no responde. La acción judicial exige dotación médica, rondas sanitarias regulares, provisión suficiente de medicamentos, incorporación de ambulancias operativas, medidas de prevención frente al Chagas y respeto a la salud intercultural. “El tiempo de las palabras se acabó. Es la hora de las acciones concretas”, remarcaron los referentes Qom.
En comunicación con infoterritorial, Fernando Mendoza, Vocero de los 24 dirigentes del Frente de Lucha de Comunidades Indígenas de Pampa del Indio, describió la grave situación: “Este gobierno cortó todo en la parte de salud, de educación y lo relacionado al territorio indígena. Es bastante complicada la situación en la que estamos pasando con nuestra comunidad, eso nos llevó a tener que realizar a fines de abril en las rutas 3 y 4 un acampe ante la falta de ambulancias, de médicos, por la falta de atención médica a nuestros niños, a nuestros ancianos”. Según relató, durante la protesta pacífica “el jefe de la policia de Chaco, Fernando Romero, movilizó 400 efectivos policiales de distintas localidades de la provincia, cientos de patrulleros y 5 camiones hidrantes” para desactivar la protesta de apenas 500 manifestantes qom, entre ellos muchas mujeres, ancianos y niños que diariamente sufren la vulneración de sus derechos.
“Los centros de salud están vacíos, va el enfermero, pero no tienen remedios ni instrumentos de trabajo. Si vos no tenés una obra social, una clínica con doctores especializados lamentablemente tenés que morirte, lamentablemente es así. En el hospital no hay nada. Uno cuando se tiene que sacar la ecografía en un privado tiene que pagar $60.000 pesos, y la consulta está $30.000. Y eso a veces nuestra comunidad no se tiene de dónde sacar esa plata”, remarcó.
Sin comida ni agua
La crisis excede el ámbito sanitario. Fernando detalló la falta de asistencia estatal que garantice condiciones dignas de vida. “Tenemos familias con un rancho precario, las yararás entran por las noches a las casas. Niños sin abrigo. Hay ancianos que tienen que hacer tratamientos y hace dos años que no están recibiendo medicamentos. Y lo peor es la falta de asistencia alimentaria, y la falta de acceso a agua potable. La desnutrición, la neumonía, la tuberculosis han avanzado en nuestra comunidad”, señaló. La educación tampoco escapa a las carencias: aunque existen escuelas públicas en los parajes, los comedores escolares funcionan de manera irregular, con interrupciones de meses, “no siempre hay comida para los niños”.
El conflicto por la tierra es otro eje central. El referente denunció que la justicia los persigue bajo la figura de “usurpadores”, pese a que habitan el territorio de generación tras generación y resaltan: “somos un pueblo preexistente a la conformación del Estado”. En este punto, aparece la figura del mega empresario Eduardo Eurnekian, uno de los más poderosos del país, con inversiones en aeropuertos, agroindustria, energía y minería en distintas provincias.
El poderoso empresario
Mendoza explicó que Eurnekian adquirió en 1995 gran parte del territorio indígena de Pampa del Indio, incluyendo el cementerio ancestral comunitario, alambrado dentro de su estancia “Don Panos”, de 96.000 hectáreas. “Desmontó y tiene plantaciones de soja, girasol, algodón. Fumigan con agrotóxicos, a veces se siente el olor del veneno y se intoxica a nuestra comunidad. Mueren los animales y las plantas que son nuestra medicina natural”, denunció.
Mientras tanto, el gobierno provincial parece priorizar la seguridad y la represión por sobre la inversión en salud y educación. El pasado 16 de mayo, el gobernador Leandro Zdero inauguró la refacción y ampliación de la División Rural en Pampa del Indio, junto con la entrega de equipamiento y un patrullero.
El Estado “presente”
La política de Estado resulta evidente: mientras las comunidades reclaman medicamentos, agua y viviendas, la respuesta oficial se traduce en represión: “Lo único que queremos es que seamos escuchados. Solamente es eso. Pero lo que pasa es que el gobierno dice: ‘esos rebeldes salen con armas, con machetes, que bajo presión y extorsión no van a negociar. Pero esa es la gran mentira que tiene el gobierno. Nos matan con armas, nos matan de hambre, nos matan con la falta de asistencia alimentaria”, lamentó Fernando.
El referente puntualizó respecto a la criminalización de la protesta: “Nos quieren armar causas para que nos callemos. Pero yo, por mi parte, no me quiero callar porque en nuestra comunidad algunos saben hablar en castellano y otros solo en la lengua originaria. Y nosotros, como dirigentes, los que entendemos lo podemos decir y no callarnos, porque callarnos es dejar que desaparezcan a nuestra comunidad”.
El Frente de Lucha de Comunidades Indígenas convocó a la sociedad, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos a visibilizar la situación. “Lo que está en juego no es solo es la salud de las comunidades de Pampa del Indio, sino el respeto a la dignidad humana y a la Constitución en toda la provincia del Chaco”, afirmaron.
Foto de portada: Corte de Ruta 27 de abril del 2026 – Gentileza Frente de Lucha de Comunidades Indígenas
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