La muerte de Sara Maldonado, de 64 años, profundiza la indignación en Misión Nueva Pompeya. Las comunidades originarias denuncian un “abandono absoluto” por parte de los gobiernos provincial y nacional, mientras mantienen ollas populares y bloqueos pacíficos en reclamo de asistencia humanitaria urgente. En este contexto, un ex juez denunció amenazas y “exterminio silencioso”.
La crisis humanitaria y sanitaria que golpea a las comunidades indígenas de El Impenetrable arrebató una nueva vida. En la mañana de este miércoles 10 de junio, se confirmó el fallecimiento de Sara Maldonado, una mujer wichí de 64 años, quien había sido trasladada de urgencia el pasado domingo hacia el hospital de Juan José Castelli debido a un cuadro crítico de hemoptisis (escupía sangre) derivado de graves afecciones pulmonares y estomacales. Jorge Gomez, integrante del acampe explicó a infoterritorial que “No es el primer caso, ya son muchos y la situación se agrava y cada vez es más difícil”
Esta pérdida ocurre en un escenario de aumento de la tensión social: el quinto día del acampe masivo y pacífico que comunidades wichí sostienen en el acceso a Misión Nueva Pompeya. Bajo la consigna “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”, los manifestantes denuncian que este deceso es el resultado directo de la falta de médicos, insumos básicos y ambulancias adecuadas en esta región del Chaco.
La desnutrición: un problema estructural
Las protestas, que se han intensificado en las últimas semanas, exigen respuestas inmediatas ante patologías que las comunidades consideran “completamente tratables y evitables”, pero que se vuelven letales debido a la vulnerabilidad social y al desabastecimiento médico. La tuberculosis y la desnutrición crónica azotan con fuerza a las familias de la zona, quienes aseguran padecer un “genocidio silencioso” debido a la desatención del Estado.
El acampe concentra a familias y referentes de más de ocho localidades y parajes rurales, entre ellos, Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, El Sauzalito, Comandancia Frías y El Sauzal, Tres Pozos, Vizcacheral y Wichí El Pintado. La muerte de Sara profundiza las denuncias de las Comunidades Wichí organizadas, quienes sostienen la protesta con ollas populares, recolección de leña, tortas fritas y asambleas permanentes a pesar de las inclemencias climáticas.
La lucha legal
En este contexto, el próximo viernes 12 de junio a las 10:00 horas prevén que la Defensora Adjunta del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, Gisela Wirtz, visite formalmente el acampe, según informaron las mismas comunidades. Wirtz es la impulsora de una reciente medida cautelar por la situación de vulnerabilidad en territorios indígenas.
Las acciones de la Defensoría tienen como precedente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la provincia lleva incumpliendo hace casi 2 décadas. A pesar de que el máximo tribunal del país hizo lugar a una medida cautelar urgente tras constatar la situación de “emergencia extrema” de las comunidades indígenas -fundamentalmente de las etnias Toba, Qom y Wichí– en los departamentos General Güemes y Libertador General San Martín, este fallo no se ha cumplido. La orden judicial obligaba de forma perentoria al Estado Nacional y a la Provincia del Chaco a garantizar el suministro inmediato de recursos -como la entrega diaria de agua potable mediante camiones cisterna y alimentos aptos para el consumo-, así como a desplegar atención sanitaria a través de medios de transporte y comunicación de emergencia para asistir regularmente a los parajes aislados. Asimismo, se disponía la presentación periódica de informes de ejecución con planes de contingencia detallados ante el tribunal; un mecanismo que, ante la falta de respuestas efectivas, la Defensoría del Chaco continúa utilizando hasta el día de hoy para denunciar públicamente las graves falencias y la desasistencia que aún persisten en el territorio.
Amenazas a quienes velan por el cumplimiento de derechos
Por su parte, el exjuez de Garantías de Juan José Castelli, el doctor Jorge Mladen Sinkovich, reveló un entramado de presiones políticas, amenazas de muerte y parálisis judicial en torno a la crisis humanitaria que azota a las comunidades wichí en El Impenetrable. En diálogo con la radio www.independencia1069.com.ar, el exmagistrado vinculó directamente la inacción de la cúpula judicial con la persecución que sufrió tras dictar un fallo que ordenaba al gobierno provincial proveer de alimentos y agua potable a los pueblos originarios. El fallo le valió el inicio de un jury de enjuiciamiento en el año 2025 y una serie de intimidaciones que forzaron su salida del Poder Judicial el 12 de noviembre del año pasado.
Respecto a los motivos de su dimisión, Sinkovich relató a la emisora: “En noviembre del año pasado yo tuve que renunciar obligado, porque hasta me han amenazado por teléfono, me han dicho concretamente: ‘dejate de joder con estos indios de mierda’“. Según precisó, el amedrentamiento se realizó a través de llamadas de origen anónimo y con número privado, lo que sembró el temor en su entorno cercano. “Mi familia tenía miedo que me pase algo a mí, hasta yo tenía miedo que tomen represalia con mi familia. El 12 de noviembre entonces decidí renunciar”, explicó.
El exmagistrado manifestó su profunda indignación al constatar que las protestas actuales se desarrollan en las mismas localidades donde el Estado provincial debería estar garantizando la asistencia humanitaria que él mismo dictaminó. Al respecto, señaló: “Acabo de leer en los medios que están de acampe y de manifestación precisamente en la zona en que yo firmé esa medida cautelar, es decir, en el límite con Salta. Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Miraflores y las otras, Tres Pozos y los otros parajes y poblaciones. No se solucionó nada”.
En sus declaraciones a Sinkovich apuntó con dureza contra el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco por la parálisis del expediente “Gisela Gauna Wirtz contra Estado Provincial sobre Acción de Amparo”, el cual se encuentra en la máxima instancia provincial desde hace casi un semestre tras un recurso presentado por la Defensoría.
“A la fecha 9 de junio, pasaron casi 6 meses, el expediente duerme el sueño de los justos en el Superior Tribunal de Justicia”, denunció el exjuez. Enormemente crítico con la cúpula judicial, añadió: “Los jueces del Superior Tribunal de Justicia tienen el expediente, están viendo que esto está constituyéndose en un exterminio silencioso de los pueblos originarios, un verdadero genocidio desde el punto de vista de la salud, de la alimentación, y no resuelven. ¿Hasta cuándo van a esperar?¿O están esperando los jueces del Superior Tribunal de Justicia la orden del gobernador Zdero para resolver?”, concluyó.
Medidas de fuerza
En las últimas horas, la asamblea del acampe informó que mantuvo una reunión con el Secretario de Gobierno local. Las comunidades exigieron que el Intendente municipal interceda de manera urgente ante el Gobernador de la provincia para abrir un canal de diálogo directo. No obstante, señalaron que “el gobierno nacional y provincial no dan respuestas al pueblo Wichi”.
Los manifestantes advirtieron que las bases del reclamo no son negociables y exigen soluciones firmadas bajo cuatro ejes críticos como la emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria con la apertura de merenderos y comedores, el cese de los cortes de luz y agua, y la regularización territorial de las tierras ancestrales de la Reserva Grande.
A pesar del dolor por la muerte de Sara Maldonado, el ánimo de la protesta se mantiene firme. Los organizadores ratificaron que, en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, iniciarán una marcha masiva desde el predio de “la balanza vieja” hacia el centro de Misión Nueva Pompeya para visibilizar un reclamo que ya no puede esperar.
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Foto: Luchas del Chaco
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