Las Comunidades Qom de Pampa del Indio determinaron retomar el corte de ruta y acampe por tiempo indeterminado a partir del 27 de julio en las intersecciones del Paraje 10 de Mayo y Cuarta Legua 17, en el departamento Libertador General San Martín, Chaco.
La resolución, adoptada tras una asamblea que reunió a los referentes del Frente de Lucha de Comunidades que agrupa a las comunidades indígenas en la localidad del norte chaqueño, responde al incumplimiento sistemático de los compromisos estatales. La medida de fuerza se enmarca en una crisis donde convergen la emergencia alimentaria, el despojo territorial, la falta de agua potable, el deterioro de los servicios sanitarios y educativos en una región caracterizada por una histórica postergación social. Desde la organización indígena remarcaron que sus reclamos incluyen a la población criolla que también es vulnerada por las políticas de los gobiernos nacional y provincial.
Incumplimiento del Estado
El anuncio de nuevas medidas de protesta responde al incumplimiento de las pautas acordadas entre las organizaciones indígenas y el Poder Ejecutivo provincial. El acuerdo del 10 de abril pasado -rubricado por funcionarios como el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y el coordinador de Cultos, Fernando Pablo Paredes- estipulaba la entrega de 500 módulos alimentarios de emergencia, provisión para merenderos, útiles escolares, garantización de programas de acompañamiento social y gestiones directas ante los ministerios de Salud, Educación y Producción. A cambio, las comunidades se comprometían a suspender las protestas en las rutas.
Pese a que los pobladores respetaron el acuerdo durante meses, la ausencia de respuestas concretas y el incumplimiento provincial reactivaron la protesta. A su vez, las medidas impulsadas por el ejecutivo nacional profundizaron el malestar y la preocupación de los pobladores originarios. El cierre definitivo del programa “Volver al Trabajo”, cuyo monto ascendía a la ínfima suma de $78.000, priva a cientos de familias de su único ingreso monetario regular dentro de un contexto signado por la desocupación y el avance de la frontera agropecuaria sobre sus territorios.
En este contexto, Fernando Mendoza, vocero del Frente de Lucha de Comunidades de Pampa del Indio, explicó a infoterritorial: “Hoy el reclamo es por la falta de asistencia alimentaria, merenderos y otras cosas que requiere siempre nuestra comunidad. Hay escasez de trabajo. Hacemos lo que podemos para subsistir en la baja económica que estamos atravesando. No hay trabajo, ni agua para sembrar tenemos”.
El dirigente situó la problemática en una perspectiva territorial e histórica que afecta de manera directa los medios tradicionales de vida: “En Pampa, el 80% de las comunidades que habitamos es territorio indígena”. Mendoza explicó que en la década de 1920 el cacique Taigoye, a partir de gestiones y el encuentro con el presidente Hipólito Yrigoyen, había logrado conseguir 20.000 hectáreas; sin embargo, “gringos” y terratenientes fueron apropiándose de las tierras reservadas para las comunidades Qom y los criollos pobres.
“Nosotros, los que vivimos en el campo, seguimos resistiendo, manteniendo nuestra tradición. Nuestros montes hoy son tierras privadas, tenemos terratenientes, en el caso de Eduardo Eurnekian, que tiene miles de hectáreas y otros terratenientes que cercaron los campos que son territorio de la reserva de la comunidad. Actualmente, ni salir a mariscar se puede, porque si te encuentra la policía rural te meten preso y te arman causa”.
¿Más seguridad para quién?
Durante la primera quincena de abril de 2026, las comunidades cortaron parcialmente la ruta provincial N° 3. La respuesta del gobernador Zdero a los reclamos humanitarios, lejos de elaborar políticas sociales y de diálogo, fue “fortalecer la seguridad”. Unas semanas después, las autoridades provinciales inauguraron una División Rural de la Policía en la localidad, además de entregar equipamiento y un patrullero. En ese acto, Zdero remarcó las medidas adoptadas respecto a los cortes de calles y rutas: “Uno puede reclamar y manifestarse, pero al costado, sin interrumpir el tránsito, porque eso fue una decisión de Estado”, afirmó, y destacó la apertura de una Escuela de Policía.
Dos meses después y en vísperas del nuevo reclamo en la ruta, se anuncia un despliegue del operativo policial de la peregrinación “Cabalgata de la Fe” que, según informaron oficialmente, movilizará más de 600 efectivos, 63 móviles, 40 motocicletas y recursos logísticos en la misma zona y fecha en que iniciará la medida de fuerza. Con este panorama, las organizaciones comunitarias apelaron al Comité de Prevención de la Tortura del Chaco y al Ministerio Público de la Defensa para monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad y prevenir eventuales situaciones de represión o violencia institucional. A su vez, convocan al presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz, quien debería velar por los derechos y la integridad de los pueblos Qom, Mocoví y Wichí.
Vulneración de bienes básicos
El derecho humano al agua potable constituye otra de las falencias estructurales más severas. La ausencia de redes domiciliarias en los parajes periféricos deriva en una dependencia crítica de camiones cisterna. El propio municipio de Pampa del Indio confirmó oficialmente el pasado 24 de julio la interrupción del servicio de distribución rural por problemas en la operatividad de la empresa estatal SAMEEP, situación que paraliza el suministro en momentos de sequía.
La precariedad en el acceso a servicios e infraestructura contrasta con la cobertura de salud que registra la población indígena del departamento Libertador General San Martín. Según datos oficiales del Censo 2022 del INDEC, de un total de 9.588 personas que se autorreconocen originarias en la jurisdicción, 8.015 no cuentan con cobertura de obra social, medicina prepaga ni planes estatales, dependiendo de forma exclusiva del sistema público asistencial. En cuanto a la previsión social, 8.056 individuos no perciben ningún tipo de haber jubilatorio o pensión. Aunque no se advierten datos actualizados al 2026, las comunidades señalan que la situación se ha profundizado en los últimos años.
Las demandas en la justicia
La justicia chaqueña intervino en diferentes casos en los que las comunidades indígenas se vieron perjudicadas por el avance extractivista y la inacción del Estado.
En junio de 2026, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa del Chaco falló contra el Gobierno provincial y las firmas Unitec Bio S.A. y MARFRA S.A. -integrantes de Corporación América, propiedad de Eduardo Eurnekian- por los impactos derivados de las fumigaciones agrícolas en la estancia “Don Panos”, un predio de 17.000 hectáreas. La contaminación sistemática provocó la pérdida de cultivos de autoconsumo, la muerte de animales y el deterioro de la salud de los habitantes, que como en un laberinto sin escapatoria sufren el desmantelamiento del sistema de salud pública.
Por otra parte, la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco impulsó la causa de amparo N° 1723/26-1-I tras constatar el desabastecimiento estructural del hospital local y los puestos sanitarios en parajes rurales como Campo Medina, Campo Nuevo y Pampa Chica. Las medidas cautelares ratificadas por los tribunales obligan al Ministerio de Salud a regularizar en forma prioritaria los esquemas farmacológicos para patologías como tuberculosis, Chagas, hipertensión y afecciones respiratorias, en un alarmante aumento.
La exigencia judicial por el derecho a la salud sumó un capítulo institucional destacable cuando el Centro Cultural de Pampa del Indio albergó una audiencia pública relativa a la acción colectiva “Comunidades Indígenas de Piguiñalae’ – Huosañé c/ Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco s/ Acción de Amparo”. La medida, impulsada por el Ministerio Público de la Defensa y coordinada por el juez del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1, Gonzalo García Veritá, buscó recabar testimonios e información de primera mano en el propio territorio afectado. A la misma asistieron funcionarios del Ministerio de Salud y del Hospital Zonal.
En relación con las expectativas sobre la resolución judicial frente a la crisis sanitaria y los requerimientos institucionales, el representante indígena detalló: “Tenemos la esperanza de que en los primeros días de agosto se confirme la sentencia con respecto a la situación sanitaria. Los funcionarios tienen que acatar y cumplir con la asistencia sanitaria”.
Como sucede en otros territorios, las asambleas comunitarias cuestionan el rol defensivo que sostienen y empiezan a evaluar nuevas herramientas para hacer valer sus derechos: “Hace varias décadas que estamos afuera, nunca fuimos participativos ni convocados a un partido político. Hoy pensamos que es necesario tener funcionarios que sean hermanos nuestros para defender el interés de nuestras comunidades”. En este sentido, el referente del pueblo Qom resaltó finalmente que la lucha iniciada incluye a criollos campesinos: “Nuestra base principal es defender al trabajador, al más humilde, al más vulnerable”.
Fotos: Gentileza Frente de Lucha de Comunidades de Pampa del Indio
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