Mientras el Estado provincial justifica la medida en la preservación de la Reserva Natural, referentes indígenas denuncian una “doble vara” judicial y ambiental que despoja a las familias originarias para beneficiar a clubes privados y proyectos inmobiliarios de lujo.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta notificó a más de 20 familias de la Comunidad Indígena Lule de Finca Las Costas, intimándolas a paralizar y demoler las viviendas, ampliaciones y accesorios construidos en un sector de la Reserva Natural de Uso Múltiple Finca Las Costas. La resolución administrativa otorga un plazo perentorio de 25 días e incluye el apercibimiento explícito de hacer cumplir la medida “por la fuerza” en caso de incumplimiento.
La intimación ambiental se enmarca en las actuaciones conducidas por la jueza María Villagrán, a cargo del Tribunal Civil y Comercial de 10.ª Nominación, quien fijó como fecha límite el 28 de octubre para que los propios pobladores destruyan las construcciones realizadas con posterioridad al año 2020. En aquel año, la Justicia dictó una medida cautelar de “no innovar” orientada a frenar el deterioro de la cuenca hídrica, un área protegida de casi 11.000 hectáreas que abastece de agua potable al 35% del área metropolitana salteña.
Denuncias de amedrentamiento
En comunicación con infoterritorial, referentes comunitarios señalaron que patrullas y camionetas gubernamentales recorren de forma continua la zona, presionando e intentando hacer firmar notificaciones a los pobladores. “A muchos abuelos los han hecho firmar engañándolos, diciéndoles que era para darles algún servicio”, alertó María Torres, integrante de la Comunidad Indígena Lule.
Frente a la inminencia de los desalojos y las demoliciones, las familias cuentan con el patrocinio legal de la abogada Mara Puntano —especialista en derechos indígenas— y reforzaron la articulación de redes de apoyo junto a organizaciones como ATE, CTA, partidos de izquierda y movimientos sociales.
En este contexto, este 20 de octubre se movilizaron hasta el puente de San Lorenzo para exigir que se suspenda la orden de demolición. Al llegar, los recibió un operativo policial integrado por más de una veintena de efectivos. “En cada reclamo hay mucha policía. Cuando los necesitamos por algún problema de seguridad, no están; sin embargo, cuando organizamos las marchas, siempre aparecen los patrulleros llenos de agentes con sus armas, escudos y gases lacrimógenos a la vista”, expresó Torres.
“Nosotros siempre nos movilizamos de forma pacífica, sin agredir a nadie, sin generar disturbios, sin romper nada ni ensuciar el lugar. Solo marchamos para reclamar lo que nos corresponde”, agregó.
La “doble vara”
La comunidad advierte que detrás del discurso de protección ecológica se esconde una matriz de racismo y especulación inmobiliaria. Mientras el Gobierno argumenta que las edificaciones de la comunidad contaminan las napas freáticas del reservorio hídrico, las familias denuncian la carencia de agua potable y servicios básicos en sus hogares, “a pesar de que la mismísima residencia del Gobernador se encuentra enclavada dentro del mismo territorio”. En este marco, señalan como verdaderos responsables de la contaminación a los loteos privados que rodean la zona.
Por otro lado, la comunidad contrapone el rigor punitivo aplicado en su contra con el trato dispensado a entidades privadas dentro del área protegida. Para las familias Lule se reservan las órdenes de demolición, las intimaciones bajo apercibimiento de la fuerza pública y el desconocimiento de su preexistencia étnica; en cambio, para las empresas privadas existen privilegios como la sanción y promulgación de la Ley Provincial 8543, mediante la cual la Legislatura autorizó la cesión en comodato por 25 años de casi nueve hectáreas dentro de la reserva al Tigres Rugby Club para la ampliación de sus instalaciones deportivas.
“Hace poco la Legislatura aprobó la donación de tierras dentro de la comunidad para un club de rugby, perjudicando a dieciocho familias que trabajan, siembran y tienen sus animales“, enfatizó Torres. En respuesta, la comunidad presentó un recurso de inconstitucionalidad apelando a la protección de la preexistencia étnica y cultural, el cual aún no ha obtenido respuesta judicial.
Un territorio codiciado
El territorio ancestral Lule se encuentra en la intersección de los municipios de San Lorenzo, Salta Capital y Campo Quijano. Esta ubicación lo sitúa en medio de la presión inmobiliaria y comercial que conecta Villa San Lorenzo con San Lorenzo Chico, una zona catalogada como la “Nueva Dubái” local por su acelerado desarrollo tecnológico y residencial de alto poder adquisitivo.
En este marco, la comunidad denuncia la omisión sistemática del Convenio 169 de la OIT, que exige la Consulta Previa, Libre e Informada antes de realizar cualquier intervención que afecte a las comunidades indígenas. Según los pobladores, el Gobierno también proyecta el trazado de una carretera por el medio de la comunidad y busca promover emprendimientos turísticos en el área sin la debida aprobación comunitaria.
A pesar de contar con personería jurídica nacional, estudios antropológicos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el reconocimiento otorgado en 2014 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que respaldan su asentamiento histórico, las autoridades municipales y judiciales insisten en cuestionar su preexistencia. Con el vencimiento del plazo judicial a las puertas, el Pueblo Lule permanece en estado de alerta máxima frente a la amenaza inminente sobre sus hogares y su modo de vida ancestral. “Seguimos resistiendo, seguimos marchando y vamos a continuar en el reclamo porque creemos que es un reclamo justo. Lo hacemos para que se respete nuestro derecho a vivir en nuestro territorio dignamente. Ojalá que más gente se sume a apoyarnos”, concluyó Torres.
Foto de portada: marcha del 20 de octubre – Gentileza Comunidad Lule de Finca Las Costas
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