Luego de movilizarse frente a los tribunales provinciales, la comunidad originaria logró suspender los desalojos y abrió una mesa de diálogo con la magistrada del caso.
En un avance decisivo para la defensa de sus tierras, la comunidad Lule consiguió suspender la orden de demolición que amenazaba las viviendas de más de una veintena de familias en la Reserva Natural de Uso Múltiple Finca Las Costas, en el municipio de Villa San Lorenzo. La medida se logró tras una jornada de movilización frente a la Ciudad Judicial de Salta y una reunión clave entre el presidente de la comunidad, David Torres, la abogada Dra. Mara Puntano y la jueza María Villagrán, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 10.ª Nominación.
El conflicto se había agudizado luego de que la Secretaría de Ambiente de la Provincia intimara a las familias a paralizar y demoler sus construcciones antes del plazo perentorio del 28 de octubre, bajo apercibimiento de ejecutar la medida mediante el uso de la fuerza pública. La orden administrativa se dio en el marco de las actuaciones judiciales que tramita el juzgado de Villagrán.
Frente a estas medidas, las familias campesinas e indígenas han denunciado sistemáticamente una “doble vara” por parte de las autoridades ambientales y la Administración de la Finca: mientras se acusa a sus viviendas de subsistencia de contaminar las cuencas y violar la medida de no innovar impuesta en 2020, se avanza con la regularización y expansión de emprendimientos urbanísticos, clubes privados y loteos de alto valor inmobiliario en zonas linderas.
Tras la protesta en los tribunales y la apertura de la mesa de diálogo con la magistrada, la dirigencia comunitaria informó la suspensión de las medidas y los compromisos asumidos: “Logramos parar la demolición de viviendas, abrimos un espacio de diálogo con la jueza y tomamos compromisos. Primeramente hacer nuestra presentación colectiva, acompañar la investigación y nos pusimos a disposición para colaborar en la misma.”
Un punto central abordado durante la audiencia fue el esclarecimiento sobre la autoría de las cédulas de notificación y los plazos fijados para los derrumbes. Según expresaron los referentes Lule, la propia magistrada deslindó responsabilidades sobre la ejecución de dichos operativos: “La Jueza informó que no fue ella la que dispuso esas medidas, ni las fechas. Se investigará quién las realizó.”
Aunque la resolución judicial llevó un alivio inmediato a las familias afectadas, la comunidad remarcó que el estado de alerta se mantiene vigente mientras avanzan en una propuesta integral de conservación para el predio: “El pueblo Lule continúa en alerta y guardia del territorio y trabajando en el diseño de una propuesta de manejo de La Reserva Hídrica de Finca Las Costas.”
La jornada concluyó con un agradecimiento al acompañamiento de organizaciones sociales y derechos humanos durante las horas de mayor tensión: “Gracias totales compas, ya podemos respirar un poco más tranquilos, un peso menos en la espalda de cada une.”
Según informaron, en los próximos días, la representación legal del pueblo Lule formalizará la presentación de sus descargos colectivos y dará seguimiento a la investigación ordenada para determinar las responsabilidades administrativas detrás de las órdenes de demolición hoy frenadas.
