En el acceso a la localidad de Misión Nueva Pompeya, a unos 360 kilómetros de Resistencia, las comunidades wichí sostienen un acampe por tiempo indeterminado. No hay corte de ruta, pero sí una firmeza de familias enteras que desafían el frío y las lluvias recientes bajo carpas y precarias estructuras de nylon. Exigen respuestas urgentes ante una crisis humanitaria que combina el desmonte, el hambre extrema y el retorno letal de enfermedades como la tuberculosis y el endémico mal de Chagas.
Emergencia alimentaria y sanitaria
La protesta comenzó a gestarse el 4 de junio tras una masiva asamblea comunitaria a la que asistieron tres legisladores de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados provincial. Durante ese encuentro, los pobladores entregaron un petitorio y expusieron un diagnóstico crudo en su propia lengua. Al día siguiente marcharon con la consigna “Basta de muerte por hambre y tuberculosis en El Impenetrable”
En comunicación con infoterritorial, Jorge Gómez, referente wichí y miembro del Movimiento Originarios en Lucha, relató que “gran parte de la población rural subsiste con una sola comida al día o apenas con mate”, debido al cierre de merenderos comunitarios y al nulo funcionamiento de los comedores escolares. A esto se suma el retraso de hasta cinco meses en el reparto del programa asistencia alimentaria Ñachec, implementado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Según informan las familias indígenas, las cajas llegan abiertas, con faltantes y bajo criterios de distribución discrecional que obligan a los pobladores a caminar horas sin la certeza de figurar en los padrones.
En este contexto, Gómez expuso la gravedad de la situación con datos alarmantes sobre el impacto de desnutrición ante el aumento de los casos de tuberculosis: “Mínimamente dos o tres personas mueren por mes y no estamos hablando de gente de 60 años ni de 50 años, son chicos jóvenes. Una persona que necesita recuperarse de la tuberculosis debe tener un seguimiento y una buena alimentación, y ninguna de estas cosas tienen las familias wichí”, afirmó. Sus palabras, sin proponérselo, dejaron al descubierto la dura realidad en El Impenetrable: allí, alcanzar los 60 años ya es considerado llegar a la vejez, una muestra cruda de la baja expectativa de vida y de la precariedad en que sobreviven.
La infraestructura sanitaria local agrava el escenario. Aunque Misión Nueva Pompeya cuenta con un hospital, el referente detalla que carece de médicos, insumos básicos y medicamentos esenciales, lo que obliga a derivar todas las internaciones a Juan José Castelli, una localidad ubicada a 180 kilómetros de distancia. La escasez de ambulancias en los parajes rurales consolida este desamparo; recientemente el “Cacique Matorras sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia en la caja de una camioneta particular”, mocionaron en un comunicado público.
Reclamos por derechos básicos
Las comunidades de Misión Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, Sauzalito, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral, El Sauzal y Wichí El Pintado exigen la incorporación de personal médico, operativos móviles de diagnóstico, la creación de anexos escolares de nivel secundario y terciario, y el cese de los cortes de luz por falta de pago a familias vulnerables. En este marco, Gómez alertó la falta de acceso al agua segura: “En las comunidades y en los parajes no hay agua potable. Solo hay puntos donde hay tanques donde la gente va a buscar. Tienen que caminar varios kilómetros y de ahí sacan el agua con bidones, con baldes, con lo que sea”.
A la carencia de servicios básicos que garanticen una vida digna, la falta de empleo y la pérdida de perspectivas comunitarias empujan a las generaciones más jóvenes hacia un callejón sin salida que el referente describe con dolor: “También el tema laboral es un tema muy complicado, porque hay muchos chicos que se reciben y no tienen trabajo, entonces se van. Otros caen en el alcoholismo, las drogas, y terminan matándose uno a otro, es muy triste”, lamentó. Asimismo, mencionó que, frente a la vulnerabilidad económica, muchas familias contraen deudas mediante créditos solo para adquirir alimentos o remedios, mientras intentan subsistir de la caza y la pesca en los pocos montes que quedan en pie, libres de intereses privados.
El despojo territorial es otra de las amenazas denunciadas por las comunidades organizadas en El Impenetrable. El avance de las topadoras no se detiene sobre las 308.000 hectáreas que, históricamente, han sido habitadas por los pueblos originarios. Estas tierras fueron adjudicadas a las comunidades indígenas mediante la reforma de la Constitución del Chaco en 1994; sin embargo, una parte fue entregada a familias criollas y otra continúa catalogada como “fiscal”, lo que niega el reconocimiento oficial de la Propiedad Comunitaria a las comunidades wichí, de la conocida “Reserva Grande”
“Muchas de las empresas van comiendo pedacitos de tierra, como que es muy silencioso todo, pero así avanza el desmonte: un día te despertás y hay dos o tres hectáreas desmontadas, así privados con influencias políticas se van quedando con lo que tiene la comunidad”, denunció Gómez, quien además apunta contra un entramado de connivencia local: “La complicidad del poder judicial, el político y toda la policía, está todo manejado ahí. En la misma localidad se maneja todo entre el juzgado y la intendencia”.
El fin del miedo
Los manifestantes advierten sobre una estrategia de las autoridades orientada a simular instancias de diálogo transitorias que solo buscan desactivar las protestas de manera momentánea sin resolver los problemas de fondo. A pesar de esto, el temor inicial parece haber dado paso a una necesidad colectiva que empieza a replicarse en otras localidades como Sáenz Peña, Machagai, Las Palmas y El Espinillo, donde organizaciones campesinas y sociales acompañan con ollas populares a la vera de las rutas. A principios de mayo, en Pampa del Indio, a unos 60km también iniciaron reclamos ante las deliberadas políticas de abandono estatal.
“Este reclamo no es de ahora, es hace mucho tiempo, pero ahora nomás surgió lo del acampe porque ya no se aguantaba la situación”, explicó Gómez, analizando el cambio de postura en las bases comunitarias. “Al principio del gobierno de Milei hubo mucho miedo, pero hoy ya no se siente ese miedo, se perdió el miedo y la gente quiere salir, lo que no encuentra es alguien un puntal así que diga ‘vamos a ir a luchar’ y eso es lo que estamos haciendo en el norte”, concluyó.
Las estadísticas
El reciente informe “Índice de pobreza multidimensional extrema”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y publicado el 3 de junio pasado, expone la gravedad de la crisis estructural que atraviesa la provincia de Chaco. El estudio sitúa a la jurisdicción como la quinta más vulnerable del país, al registrar un índice general de 39,1 puntos en una escala donde 100 representa la máxima precariedad. Esta medición, que evalúa variables clave como la calidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos, la educación, el empleo y la situación de la infancia, confirma que el déficit social se profundiza drásticamente a medida que se avanza hacia el interior del territorio: en las zonas rurales la cifra trepa a los 49,3 puntos.
Esta realidad golpea de manera directa a las generaciones más jóvenes, dado que los hogares con niños y adolescentes de entre 0 y 17 años representan el 47,6% en el ámbito rural y el 48,7% en los centros urbanos. Frente a este panorama, las organizaciones civiles que trabajan en la región denuncian que existen familias numerosas en situación de hacinamiento extremo que deben subsistir mediante la caza, totalmente marginadas del acceso al agua potable o la energía eléctrica. Un escenario donde el propio Estado parece sólo registrar su existencia para despojarlas o criminalizarlas.
Las familias wichí aseguran que “no regresarán a sus hogares sin soluciones firmadas”, y advirtieron “que volver en las condiciones actuales “significa seguir conviviendo con el desamparo y la desnutrición”. Mientras esperan una convocatoria al diálogo formal de funcionarios del gobierno de Leandro Zdero, dependen de la solidaridad de la sociedad y de los aportes comunitarios para garantizar la comida diaria en las ollas populares del acampe.
Fotos: Luchas del Chaco
