Los reclamos de la comunidad mapuche tehuelche asentada a unos 15 kilómetros de Esquel, señalan de forma directa a la directora de la Escuela N. º 107 “Isabel Nahuelpan”, por prohibir el uso comunitario del edificio escolar, y al intendente Matías Taccetta por incumplir la construcción comprometida de una posta sanitaria intercultural en el territorio.
El espacio educativo comunitario vulnerado
El Lof Nahuelpan denunció que la actual dirección de la escuela restringe de manera unilateral el acceso a sus instalaciones. A esta institución pública e intercultural bilingüe -donde se enseña la lengua originaria, mapudungun- asisten aproximadamente 50 alumnos desde el nivel inicial hasta Educación General Básica 3 con orientación en agro y ambiente. Cabe destacar que el establecimiento fue construido en tierras donadas por la propia comunidad y funciona no solo como espacio educativo, sino también como comedor, centro de actividades comunitarias y pilar para la transmisión de la lengua originaria y las tradiciones ancestrales.
En los parajes rurales y comunidades indígenas, las escuelas han funcionado históricamente como el principal (y a veces único) centro cívico y social. Por este motivo, las autoridades escolares suelen coordinar con las autoridades comunitarias para facilitar el espacio para asambleas, talleres o encuentros. Sin embargo, en Nahuelpan esto no estaría sucediendo. Los pobladores expresaron su indignación ante los argumentos de la conducción del colegio a través del siguiente comunicado:
A la comunidad educativa y a la opinión pública:
Vivimos una situación muy compleja en el plano educativo a nivel provincial y nacional por los magros sueldos, la falta de insumos, el deterioro estructural, etc. Hoy, las familias se han convertido en los pilares que sostienen la educación en Argentina. La escuela 107 Isabel Nahuelpan existe porque existe la comunidad Nahuelpan. Los pichikeche (niños y niñas) del lof son la razón de que este establecimiento se mantenga en vigencia.
Padres y madres de la comunidad, ante situaciones que requieren un análisis colectivo comunitario por afectar directamente a la comunidad, siempre hemos tenido el edificio de la escuela como lugar de reunión y espacio comunitario. También hemos siempre apreciado -cuidado, arreglado, reparado y mantenido en condiciones- este espacio, porque entendemos que es central para el funcionamiento de nuestra comunidad.
A lo largo de los años, este edificio ha sido testigo de reuniones con trabajadores de la educación, con funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales, con académicos/as, con las propias autoridades mapuche de la provincia de Chubut y con las autoridades de nuestra comunidad. Sin embargo, esta dinámica colectiva y de reciprocidad se ve hoy violentada con argumentos racistas (por ejemplo, apelando a la higiene del espacio). Por supuesto que nos ofende, sobre todo porque una directora circunstancial, que viene de afuera y que parece desconocer nuestra dinámica como comunidad, nos niega el uso tradicional que venimos realizando del edificio desde la fundación de la escuela.
Queremos denunciar públicamente esta situación y a la directora de la escuela 107, que se mimetiza con las políticas que el propio gobierno nacional y provincial direcciona en deterioro de la educación y, sobre todo, en desmedro de una vinculación constructiva entre escuelas, comunidades y vida diaria.
Por su parte, el Consejo de Participación Indígena (CPI) de Chubut respaldó el reclamo y exigió la intervención inmediata del Ministerio de Educación del Chubut, recordando que ninguna resolución administrativa de una directiva escolar puede colocarse por encima de las leyes de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). En este sentido, expresaron que esta restricción ignora el marco legal nacional y provincial. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina garantiza el respeto a la identidad de los Pueblos Originarios y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Asimismo, la Ley de Educación Nacional N. º 26.206 establece que el Estado debe asegurar la preservación de las pautas culturales de los Pueblos Indígenas a través de modalidades específicas.
Posta de salud: la promesa incumplida
Además, el Lof señaló que el pasado 30 de junio el intendente de Esquel, Matías Taccetta, no asistió por segunda vez a una reunión convocada en el territorio para resolver la situación pendiente respecto al financiamiento y construcción de una posta sanitaria intercultural. La comunidad reclama este espacio rural desde hace más de tres décadas. La importancia de contar con un centro de salud en el territorio radica también en la falta de transporte público hacia Esquel. Actualmente, para conseguir un turno en el hospital público, los habitantes deben costear transporte privado un día antes y pasar la noche en la ciudad para asegurarse la atención temprano por la mañana.
Según el acta compartida por el lof, el 17 de octubre de 2025 sus integrantes se reunieron con Diego Austin, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, la jefa del Área Externa, trabajadores de salud y representantes de la empresa constructora. En ese encuentro, la comunidad entregó una nota dirigida al intendente en la que reafirmaba la cesión de un terreno de 50×25 metros para la construcción de la posta sanitaria, cuya inauguración estaba prevista para febrero de 2026. Los comuneros sostienen que, además, el intendente Matías Taccetta firmó un acta de compromiso que fijaba el 26 de febrero de 2026 -aniversario de la ciudad- como fecha límite de ejecución. La cooperativa de construcción local llegó a presentar planos y presupuesto, aseguran. Sin embargo, tras esos primeros movimientos, el proyecto se paralizó por completo dejando la promesa en el olvido. Desde la comunidad atribuyen el freno a una política racista, trabas presupuestarias y a problemas en el traspaso de fondos, dado que las arcas provinciales debían costear una parte de la obra.
Las familias detallaron las precarias condiciones en las que reciben atención médica: “la Posta Sanitaria Intercultural es una pequeñísima habitación donde funciona una feria que no beneficia ni a la comunidad, ni a nuestra salud. Durante años nos atendimos en un lugar pequeño, sin privacidad, sin baños, sin acceso a la cocina y sin agua. La calefacción mejoró por la donación de una cocina de leña de una familia de la Comunidad y de un caloventor de pared donado por la cooperadora del Hospital Zonal de Esquel”. El diálogo y la formalidad siempre estuvieron por su parte, presentaron notas y solicitaron audiencias, pero se encontraron con obligaciones sin cumplir.
Ante este escenario, las condiciones de la instalación que funcionaba en la feria frente a la estación del tren turístico “La Trochita” se volvieron insostenibles, agravándose con la llegada del invierno y las bajas temperaturas. Bajo la premisa de que ni los pacientes merecían ser recibidos en un lugar sin agua potable, sin baño ni calefacción adecuada, ni el personal sanitario debía trabajar en ese nivel de vulnerabilidad, la coordinación de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) tomó la determinación de suspender las actividades en esa habitación y reestructurar el servicio.
Desde infoterritorial consultamos a responsables del área y nos explicaron que el nuevo esquema funciona de manera quincenal: un miércoles la Trabajadora Comunitaria de Salud en Terreno recaba necesidades mediante visitas a familias o comunicación por diferentes medios, y al miércoles siguiente un equipo médico y de enfermería acude directamente a las viviendas de quienes requirieron atención o necesitan medicamentos. Este sistema de emergencia itinerante se mantendría hasta que las autoridades cumplan con la construcción de una infraestructura apta y digna. Mientras tanto se mantienen las tareas de promoción, prevención y educación para la salud, como talleres, charlas, campañas de vacunación y desparasitación de perros, entre otras.
Foto: Roxana Sposaro
Incumplimiento del Estado
El marco constitucional protege este derecho a la salud a través de distintos ejes del artículo 75. El inciso 22 otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales -como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- que resguardan el acceso al más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, el inciso 17 asegura la participación de los Pueblos Indígenas en los intereses que los afecten, mientras que los artículos 41 y 42 extienden esta tutela al derecho a un ambiente sano y a la seguridad de los usuarios de servicios.
En sintonía, el Convenio 169 de la OIT, al que el Estado argentino suscribe, obliga al Estado a poner a disposición de las comunidades servicios de salud adecuados o los medios para que ellas mismas los gestionen. Esta norma exige contemplar sus condiciones socioeconómicas y geográficas, respetando explícitamente sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicina tradicional.
El histórico despojo
Estos conflictos se desarrollan en un paisaje de transición hacia la estepa patagónica, en una zona donde los fuertes vientos y el frío azotan un territorio con profundas cicatrices históricas. A fines del siglo XIX, en pleno genocidio de los Pueblos Originarios, la denominada “campaña del desierto” no solo dejó un precedente histórico y doloroso para las familias mapuche-tehuelche, sino que también fue el principio de la división territorial y la creación de las reservas indígenas. En 1908, el Estado nacional reconoció de manera formal 19.000 hectáreas aproximadamente, creando así la “Reserva Nahuelpan”, liderada por el cacique Francisco Nahuelpan. La misma fue ampliada a 22.500 hectáreas aproximadamente en el año 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.
Sin embargo, la presión de los grandes terratenientes de la época impulsó un proceso de despojos que tuvo su punto máximo el 15 de diciembre de 1937, cuando las fuerzas policiales y militares ejecutaron un desalojo violento que expulsó a casi 500 personas y redujo sus viviendas a cenizas. Tras una década de indigencia en los márgenes de Esquel, el Estado nacional restituyó en 1948 una fracción de apenas 7.500 hectáreas, condicionando el regreso a los familiares directos del Cacique a la “Reserva Indígena Nahuelpan” y prefigurando las tensiones territoriales y ambientales del presente, agravadas hoy por la falta de agua potable y la contaminación generada a partir de la instalación inconsulta de una Planta de Residuos Sólidos Urbanos en tierras colindantes.
Los reclamos de la comunidad Nahuelpan son el reflejo de la precarización que atraviesa a los sistemas educativo y sanitario en todo el país. Sin embargo, en el ámbito de las comunidades originarias, estas deficiencias se profundizan aún más debido a un arraigado racismo estructural que posterga sus derechos fundamentales.
Foto de portada: Escuela N. º 107 “Isabel Nahuelpan”. Gentileza de la comunidad mapuche tehuelche Nahuelpan
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