Greenpeace Andino y Fundación ASOCIANA alertaron sobre la destrucción de más de 11.000 hectáreas de bosques nativos en Salta y denunciaron amenazas a comunidades Wichí en el departamento San Martín.
El 13 de agosto, la organización socioambiental Greenpeace y Fundación ASOCIANA presentaron una nota dirigida al gobernador de la provincia de Salta, Dr. Gustavo Sáenz, y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Alejandro Aldazábal, mediante la cual exigieron la inmediata paralización inmediata de las topadoras que operan en zonas del departamento San Martín. El reclamo expone la grave situación que atraviesan los bosques nativos y las comunidades indígenas del norte provincial tras la aprobación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), norma que habilitó la eventual deforestación de 721.568 hectáreas.
El documento señala que el ritmo de destrucción ambiental muestra un incremento alarmante respecto a periodos anteriores. Durante los seis primeros meses de 2026, las alertas de deforestación registraron 11.960 hectáreas desmontadas en territorio salteño, cifra que duplica la superficie arrasada durante el mismo ciclo del año anterior. Según las organizaciones firmantes, la pérdida de cobertura forestal afecta de manera directa el entorno de vida y los derechos fundamentales de las poblaciones originarias.
En la misiva elevada al mandatario provincial, las representantes institucionales advirtieron que “con este accionar, Salta pone en riesgo la vida de los Pueblos Indígenas y los bosques en buen estado de conservación, violando Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”.
La denuncia detalla tres focos de avance ilegal de maquinaria sobre zonas ancestrales. Por un lado, apuntan a los trabajos que desarrolla la empresa Desdelsur -perteneciente a la familia Macera y a Santiago Blaquier- en la Finca Alcoba sobre terrenos habitados históricamente por familias Wichí. A su vez, denuncian desbroces en ejecución dentro de Finca Tonono, impulsados por Martín Morales, los cuales dejaron el territorio de la Comunidad Pozo Nuevo y su cementerio comunal cercados entre las picadas trazadas por la maquinaria. Finalmente, advierten sobre la tala de 400 hectáreas ubicadas al norte de la cuenca del río Itiyuro, un área clave para el equilibrio hídrico regional.
El texto precisa que esta actividad topográfica y ambiental afecta a las comunidades Wichí de Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo. Las pobladoras y pobladores del lugar transmitieron su temor frente a las constantes presiones y hostigamientos que reciben por parte de las cuadrillas de desmonte.
Respecto a los marcos regulatorios, las firmantes Noemí Cruz, representante de la Campaña de Bosques de Greenpeace Andino, y Ana Laura Alvarez, coordinadora de Fundación ASOCIANA, cuestionaron fuertemente las denominadas Áreas de Producción Conservación (APC) bajo la categoría amarillo oscuro, al sostener que carecen de sustento legal en la Ley Nacional de Bosques Nativos (Ley 26.331).
Sobre este punto, las referentes de ambas entidades recalcaron que “los desmontes en la cuenca del río Itiyuro constituyen un crimen directo hacia los habitantes del monte, profundizan la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, favoreciendo la impunidad de empresarios que desde hace más de diez años vienen intentando avanzar con sus máquinas sobre estas zonas”. Asimismo, agregaron que “los porcentajes de desmontes, establecidos por algoritmo en las APC, no son un límite real, ni tienen una ubicación predeterminada, sino que en la superficie de cuenca, el bosque pasa a ser un menú que se ofrece a los destructores de bosques, sin importar la vida de las comunidades, destruyendo además los corredores de vinculación de las mismas”.
Frente al avance de la maquinaria en el Gran Chaco salteño, la presentación concluye con una intimación directa a la administración provincial para que disponga la detención inmediata de los trabajos pesados en todas las fincas denunciadas y adopte medidas de resguardo efectivo para la flora, la fauna y el hábitat del pueblo Wichí.
Fotos: Gentileza de las comunidades
