Familias de la Escuela Intercultural Bilingüe N° 4307 “Cacique Pedro Brandán”, en General Ballivián, rechazan la reincorporación de dos empleadas de maestranza acusadas de ejercitar tratos discriminatorios y racistas durante años contra los alumnos de la comunidad.
El 23 de septiembre pasado, la comunidad educativa de la escuela protestó con la toma temporal del establecimiento educativo en rechazo a una resolución del Ministerio de Educación provincial que dispone la reincorporación de dos empleadas de maestranza y cocina denunciadas en marzo pasado por tratos discriminatorios y racismo contra los alumnos.
Madres e integrantes de la cooperadora expresaron a infoterritorial que el maltrato se remonta a casi una década. Aunque el conflicto se hizo público en marzo de este año, cuando las familias Wichí formalizaron ante el Ministerio de Educación las denuncias contra ambas trabajadoras por los tratos discriminatorios reiterados. En aquel momento, la cartera educativa apartó al director del establecimiento y suspendió a las dos empleadas. Durante los seis meses posteriores, las tareas de limpieza y cocina fueron cubiertas por personal asignado por el municipio local.
Sin embargo, en los últimos días, la llegada de la supervisora Alejandra Díaz reavivó el malestar al notificar que una nueva resolución ministerial reinstala a las ordenanzas en sus puestos, bajo la condición de no tener contacto directo con los niños ni participar en la distribución de alimentos, limitándose exclusivamente a labores de limpieza.
La medida fue rechazada de inmediato por las familias, quienes sostienen que el racismo no constituye un hecho aislado, sino una conducta persistente desde hace diez años. Según sus testimonios, los niñas y niños que asistencia nivel inicial y primario han sido objeto de insultos como “matacos”, “indios” y señalamientos despectivos sobre su higiene.
Ricardo Juárez, cacique de la comunidad El Quebrachal, ratificó la postura de las familias y cuestionó la falta de respuesta institucional previa: “Yo como cacique tengo que respaldar a mi comunidad, porque la escuela está dentro de la comunidad. La decisión la toma la gente, tanto las madres, padres, los alumnos, todos, no estamos solos, vamos a hacer asamblea para definir como seguimos”.
Desde la comunidad manifestaron además que las autoridades educativas justificaron la demora en las actuaciones aduciendo que expedientes de denuncias anteriores se habían “traspapelado” durante la gestión directiva previa.
Por su parte, las madres Wichí integrantes de la cooperadora dieron cuenta del trato recibido. Según el testimonio de una de ellas, la nueva supervisora de zona les comunicó formalmente que la medida era irrevocable: “Vino la nueva supervisora y nos dijo que tenemos que darle la oportunidad, que nos olvidemos de todo lo que pasó y que las dejemos trabajar porque es una decisión ya tomada desde el ministerio”, relató con indignación.
Además del descontento por la restitución laboral de las trabajadoras, la madre visibilizó que los ataques personales no han cesado y denunció haber recibido insultos racistas a través de internet: “Nos dicen ‘¿qué saben las matacas?’, ‘negra ordinaria’, que ‘en lugar de ser negra es marrón’. Así se dirige hacia mí”. La denunciante advirtió sobre el impacto psicológico de estos agravios en la comunidad y cuestionó la falta de empatía de las autoridades ante situaciones de hostigamiento continuo.
Durante la jornada de protesta no se dictó clases, aunque la comunidad garantizó la apertura del comedor para asegurar el almuerzo de los niños que asisten a doble jornada. Ese mismo día, efectivos de la Policía de Salta ingresaron a la escuela para notificar al cacique Juárez y a otros tres miembros de la comunidad sobre el inicio de actuaciones judiciales si se sostenía la toma del edificio, advirtiendo que podrían ser citados e imputados por la fiscalía interviniente, a pesar de que el reclamo comunitario encuentra respaldo en la Ley Provincial Nº 7.121 de Salta y el Convenio 169 de la OIT, normativas que exigen garantizar el diálogo, el respeto a las autoridades tradicionales y una educación intercultural concertada con los Pueblos Originarios, evitando la respuesta punitiva frente a las demandas escolares de la comunidad.
En este contexto, las familias cuestionan la asimetría en el accionar estatal y remarcan que, mientras la protesta pacífica en defensa de la integridad de los menores es tipificada como delito de forma inmediata, los actos de racismo y discriminación ejercidos durante años por empleados públicos continúan sin una sanción firme ni una reparación concreta, pese a la existencia de normativas como la Ley 23.592 que establece medidas y sanciones para prevenir y penalizar actos discriminatorios y la “Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”, a la que Argentina suscribe.
Foto de portada: Gentileza de las familias Wichí
