Diversas comunidades y organizaciones indígenas, eclesiásticas y de derechos humanos condenaron el despliegue policial en el Lof Kinxikew y la Lof Melo, denunciando la violación de tratados internacionales, la violencia institucional y el favorecimiento a intereses inmobiliarios.
El operativo desplegado por la Policía de Neuquén y la Gendarmería Nacional en cercanías de Villa La Angostura provocó una inmediata y masiva ola de rechazo por parte de múltiples sectores sociales y territoriales. La intervención judicial sobre la Ruta Nacional 40, que derivó en el desalojo de la comunidad Lof Kinxikew e intentó avanzar sobre la vecina Lof Melo, generó severos cuestionamientos debido a la falta de garantías para las infancias presentes y al incumplimiento de la legislación que protege la posesión ancestral.
Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tewelche de Río Negro apuntaron de manera directa contra la decisión de la Justicia local al remarcar: “Hoy el Juez Francisco Aztoul Bonorino ha ejecutado un desalojo negando los derechos de los Pueblos indígena establecidos en la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales para favorecer a María Cristina Broers, quien de manera fraudulenta y con fines inmobiliarios obtuvo en 1976 un título de propiedad sobre la posesión ancestral de la Lof Melo y Quintriqueo”. A su vez, la organización se declaró en alerta permanente y advirtió sobre el contexto legislativo actual: “Este atropello judicial y político hacia la Lof Melo y Quintriqueo, forma parte de los puntos a tratar en la Cámara de diputados sobre la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.
La preocupación por el accionar estatal se extendió a lo largo de diversos alineamientos comunitarios. El Consejo Zonal Pewence, que reúne a cerca de una decena de comunidades, enfatizó que el Estado incurre en graves omisiones y exigió frenar la escalada de fuerza. Según expresaron: “El Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los parámetros de seguridad jurídica y de protección respecto a los derechos territoriales comunitarios en cuanto a su accesibilidad y a la titulación de los mismos. Ningún conflicto territorial puede ser abordado desconociendo estos derechos ni mediante acciones que profundicen la violencia, la criminalización y la vulneración de las comunidades y de sus integrantes”.
En esa misma línea, las lofche del Consejo Zonal Ragince kimvn rechazaron el aval de las autoridades provinciales al procedimiento policial, destacando que el territorio constituye parte fundamental de la vida e identidad comunitaria. Frente a esta situación, instaron a las autoridades a “reconsiderar las decisiones adoptadas, suspender cualquier medida de desalojo y abrir instancias de diálogo genuino con las comunidades involucradas”. Por su parte, la Zonal Wijice dirigió su reclamo a las autoridades provinciales para que intervengan de manera inmediata en resguardo de la legislación vigente y denunció la violencia institucional que perturba el bienestar de infancias y ancianos.
Pu Zomo del Consejo Zonal Xawvn Ko condenó el accionar del gobierno de Rolando Figueroa y del poder judicial, alertando sobre la gravedad de la violencia y el racismo institucional. “Firmaron un nuevo desalojo al Pueblo Mapuche, mientras de rodillas entregan nuestros territorios a los grandes poderes extranjeros”, expresaron. Además, señalaron que la “ola de violencia y racismo del gobierno de Milei a nivel nacional y de Figueroa a provincial es cada vez más grave”. En este sentido, indicaron que “los desalojos violentos en Jujuy y, ahora, en Neuquén dan cuenta de que la herencia de Roca no ha terminado y que hoy se profundiza con nuevos medios y armas para dominarnos, despojarnos y asesinarnos si así lo disponen impunemente”.
En tanto, desde los Equipos Diocesanos de Pastoral Aborigen (EDIPA) y Pastoral Social de la Diócesis de Neuquén recordaron que las tierras contaban con relevamiento aprobado por el Estado en el marco de la Ley Nacional 26.160. La entidad religiosa lamentó que las autoridades elijan la vía del desalojo antes que el diálogo, advirtiendo que este tipo de hechos “abre viejas heridas, pone en riesgo la convivencia entre los diferentes pueblos y alimenta la desconfianza hacia un Estado que, por un lado, reconoce derechos y, por otro, permite acciones que los desconocen”.
Finalmente, organismos de derechos humanos y entidades jurídicas cuestionaron el trasfondo económico del despliegue y advirtieron sobre las consecuencias legales para el país. El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) denunció la presencia de tropas especiales del Grupo Especial de Operaciones Policiales y remarcó la existencia de documentación histórica que prueba la ocupación tradicional, incluyendo mapas de 1948 y el reconocimiento formal del INAI otorgado en 2023. Asimismo, la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena (AADI) subrayó que la Argentina mantiene compromisos constitucionales e internacionales ineludibles, concluyendo que “la falta de reconocimiento efectivo de sus derechos territoriales no puede traducirse en desplazamientos y desalojos” y que la vulneración de estas garantías compromete de forma directa la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Otros organismos y comunidades que repudiaron el desalojo son: el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle, la Comisión Directiva Provincial de ATEN, el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET, Casa Patria, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro – ADURN-, Organización Kume Rakizuam Compuche (Esquel, Chubut), Comunidad Katrauletuaiñ (Rawson, Chubut), Ana Viviana Prane (werken de la comunidad Emilio Prane), Comunidad Mapuche Pillan Mahuiza (Chubut), Lof Fentren Kimun (Gualjaina, Chubut), Juana Antieco (educadora tradicional mapuche y CPI por zona costa valle de Chubut), Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política (Furilofche Mapu, Bariloche), Lof Kintupuray, Lof Paichil Antriao, Lof mapuche Cañio (Cerro León, El Maitén, Chubut), Comunidad Inan Kume Rupu (Eskel Warria), Comunidad Mapuche-Tehuelche Vuelta del Río (provincia de Chubut), Lof Cayulao (Tres Arroyos), Comunidad Ignacio Colikeo (Los Toldos), Comunidad Mapuche-Tehuelche Peñi Mapu (Olavarría), Comunidad mapuche Rankel Rupu Antu (Arinko Mapu), Comunidad Mapuche Wetel Mapu (25 de Mayo, Buenos Aires), Comunidad mapuche Kintu Kimvn (Los Toldos), Patricia Cayulao (CIBA Mapuche-Tehuelche), Myriam Muñoz (CIBA mapuche de la provincia de Buenos Aires), Comunidad mapuche La Azotea (Los Toldos), Comunidad Az Mapu (Los Toldos), Lof Buchile Ollarzo Calfu (comunidad mapuche Las Waitekas, Foyel Mapu), Comunidad Waiwen Curruf (Viedma, Río Negro), Lof Newen Ko Ka Mapu (Sapere, Neuquén), Beatriz Pichi Malen, Comunidad “Pichi Ruca” (Coronel Dorrego), Carlos Luna (werken del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios de Neuquén), Comunidad Kalfulafken (Carhué), Kumelen Newen Mapu (Bahía Blanca), Lof Fawpule Pikun Mapu (provincia de Buenos Aires), Pobladores de paraje Wenulafken, Lonko Víctor Antiman (comunidad Linares), Dolores González (dirigente indígena de la comunidad Cajas, Cayastá, Santa Fe, pueblo Mocoví), Pueblo Nación Selk’nam, entre otros.
Foto: El Tren Programa De Radio Osovnikar Daniel
