Integrantes de comunidades indígenas presentaron una denuncia penal para exigir la paralización urgente de maquinaria pesada que opera sobre bosque nativo protegido, en el departamento San Martín.
La presentación judicial, elevada el 11 de agosto ante la Fiscalía Penal N.° 2 -a cargo de Gonzalo Vega- por referentes y autoridades de distintas comunidades del norte de Salta, denuncia un esquema de deforestación ilegal en el sector de Pozo Nuevo y en las fincas Tonono y Alcoba, ubicadas cerca de la Ruta Nacional 86.
Según consta en el escrito judicial, las actividades extractivas avanzan a escasos 500 metros de las familias indígenas y afectan de forma directa a las comunidades indígenas de Arenales (Finca Tonono), Alcoba, Cañitas y Pacará.
En Finca Tonono (Pozo Nuevo) se denuncian tareas de desmonte presuntamente vinculadas al empresario Martín Morales. En tanto, en Finca Alcoba (Tramo Alcoba a Cañitas) se señala el avance de la firma DesdelSur -agroexportadora de la familia Macera y Santiago Blaquier- sobre las matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
Tras inspecciones territoriales realizadas por las propias comunidades los primeros días de agosto, los pobladores reportaron el hallazgo de encadenados y topadoras operando sobre el bosque nativo. “Recorrimos esas partes para enviar el escrito a la fiscalía, hablamos con la gente y fue una sorpresa escuchar que muchos no están de acuerdo con el desmonte a pesar de las presiones”, señalaron los comuneros a infoterritorial.
Los integrantes de las comunidades prefieren reservar sus nombres ante el miedo a presiones y represalias por la denuncia. Uno de ellos expresó: “veo las máquinas y el desmonte me bajoneo. Mis abuelos y tatarabuelos han puesto esos árboles en la comunidad y ahora los vemos morir”.
Violación a la Ley de Bosques y a los derechos indígenas
El punto central del reclamo radica en que los predios afectados corresponden a bosque nativo Categoría Amarilla, un área donde la legislación vigente prohíbe el cambio de uso de suelo y el desmonte para la habilitación ganadera o agrícola.
A su vez, la abogada patrocinante del reclamo, la Dra. María Cecilia Jezieniecki, remarcó la vulneración sistemática del Convenio 169 de la OIT (Arts. 6° y 15°), el cual exige un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada antes de autorizar cualquier tipo de intervención que afecte a los territorios de ocupación tradicional.
Frente al silencio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia -organismo al que se le solicitó información formal el pasado 3 de agosto sin obtener respuesta- y ante la falta de presencia operativa de dicha área en la zona -la Secretaría de Ambiente no tiene una como regional en Tartagal -las comunidades acudieron a la justicia penal para solicitar una medida cautelar que frene el avance de las maquinarias antes de que el daño al ecosistema y a la salud de las comunidades sea irreversible.
En esta misma línea, el pasado 13 de agosto Greenpeace y Fundación ASOCIANA presentaron una nota dirigida al gobernador, Gustavo Sáenz, y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Alejandro Aldazábal, exigiendo la inmediata paralización de las maquinarias que operan en la zona.
