Cuando el árbol tapa el bosque: los pueblos indígenas y las evaluaciones de impacto ambiental
Escribe: Silvina Ramírez
En los últimos años, a la par de una profundización de la depredación ambiental producto de las actividades extractivas, se discute permanentemente -en contextos estatales y de la sociedad civil- cuestiones ambientales. Cómo preservarlo, como compatibilizarlo con “el desarrollo”, como lograr un equilibrio ambiental que está cada vez más desafiado por las matrices energéticas imperantes. Los pueblos indígenas están en el centro de estas discusiones, porque hablamos de sus territorios, porque nos referimos a los bienes comunes naturales que se encuentran en ellos, porque son ellos los llamados guardianes del territorio por su especial relación con éstos, por su cuestionamiento a la concepción occidental del desarrollo.
Frente a la inevitabilidad de las diferentes acciones del ser humano que provocan daños al ambiente, se llevan adelante esfuerzos para morigerar los impactos ambientales, abrir los debates a otros actores sobre las decisiones finales y construir herramientas que permitan alcanzar un equilibrio entre “el desarrollo” y los derechos de los pueblos indígenas. Los así llamados informes de evaluación de impacto ambiental, informes sobre evaluación ambiental estratégica y otras herramientas afines, intentan construir marcos participativos y respetuosos de derechos, pero sin sacar “los pies del plato” de un modelo de desarrollo y de formas de producción que necesariamente provocan los daños ambientales ya mencionados, y desde ya daños culturales para las comunidades indígenas inescindibles de los primeros.
Nuestros sistemas democráticos exigen, al menos en una dimensión prescriptiva, la participación, la interculturalidad, el respeto a un conjunto de derechos. En el caso de los pueblos indígenas, garantizar los derechos territoriales y la gestión de sus bienes comunes naturales es fundamental para garantizar su supervivencia. Las industrias extractivas van generando estados de situación que no sólo terminan en despojos, sino que en el mientras tanto provocan graves afectaciones a los bienes comunes culturales intangibles de las comunidades indígenas, con resultados que socavan no sólo el territorio, también su lengua, su educación, su soberanía y seguridad alimentaria, entre otros.
En todo este panorama, hace más de 15 años, la constitución ecuatoriana en 2008 incorporó los derechos de la naturaleza en su texto, y lo hizo también en lengua quechua: “la naturaleza o pachamama”. Considerar a la naturaleza como sujeto de derecho es un paso más en la consideración de los derechos ambientales. Ya no sólo se debe resguardar el ambiente por su incidencia en la vida del ser humano, sino que los elementos que lo componen (árboles, montañas, ríos) son valiosos por sí mismos, más allá de la calidad de vida del individuo.
Desde ya que estos avances complejizan todo el escenario político y jurídico. Las consecuencias del “giro biocéntrico” de la constitución ecuatoriana también alcanzan a las evaluaciones de impacto ambiental. Cómo debería transformarse estas evaluaciones para hacer lugar a todos los seres vivos, y entre ellos específicamente a la cosmovisión indígena, son algunos de los dilemas que se van perfilando.
Las evaluaciones de impacto ambiental no se dan en el vacío. Se realizan en contextos políticos complejos, con intereses en pugna, y con condicionamientos y disputas que no pueden ser ajenas a su contenido o producto final. ¿Son estas evaluaciones ambientales dispositivos creados para proteger el ambiente, a la naturaleza, a los seres humanos, tendientes a racionalizar el aprovechamiento de los bienes comunes naturales? O por el contrario ¿se convierten en herramientas funcionales a la explotación de los recursos naturales?
Si bien existen numerosos trabajos tendientes a mejorarlas cada vez, y concediendo que estas evaluaciones son uno de los caminos para garantizar un mínimo de protección; o, en otras palabras, que es difícil imaginar otras formas de poner límites a una explotación desmedida, es insoslayable advertir que también son manipulables, que pueden responder a ciertos sectores sólo preocupados por las ganancias, o no son lo suficientemente imparciales para asegurarnos de un contenido ponderado.
Herramientas como la pericia ambiental antropológica e incluso la inteligencia artificial se van incorporando para considerar la experiencia y la mirada de los pueblos indígenas, para minimizar los riesgos de la explotación, buscando objetivizar la información. No obstante, parece que sigue siendo insuficiente para evitar su instrumentalización. Incluso, dejando de lado cualquier postura conspirativa que sospeche de las EIA, ciertamente existen obstáculos muy claros a la hora de superar las tensiones entre los derechos indígenas y el modelo de desarrollo vigente. En primer lugar, porque claramente ambos extremos son incompatibles; en segundo lugar, porque el saber experto está lejos de comprender los saberes indígenas, y la falta de un genuino diálogo intercultural también atenta contra la efectividad de los derechos indígenas, de los derechos ambientales y de los derechos de la naturaleza.
Es importante tener claridad sobre los elementos que componen estos debates. Existe un trasfondo en donde siempre encontramos la igualdad como un gran principio. La participación y la consulta para pueblos indígenas son centrales, así como considerar la identidad cultural como un principio/derecho fundamental. Pero a ello debemos sumarle el modelo económico imperante, el sistema democrático y cómo juega en una realidad cada vez más compleja, saberes indígenas y su intersección son los saberes occidentales, los derechos de todos los seres vivos, etc.
La creación de herramientas específicas como la evaluación de impacto ambiental para el desarrollo de megaproyectos de inversión y extractivos es relevante, siempre y cuando las analicemos en un contexto y con un trasfondo determinado. No debemos permitir que el árbol tape el bosque, y que, con el afán de construir la mejor herramienta posible, no terminemos legitimando actividades destructoras para el planeta, o instalemos en el discurso progresista los oxímoron tales como “desarrollo sostenible” o “capitalismo verde”, que construyen un “como si” que tanto daño ha ocasionado –y sigue haciéndolo- al debate público y a los derechos de los pueblos indígenas.
Foto: Carolina Blumenkranc
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