El juez Ricardo Rolón resolvió elevar a juicio oral la causa penal contra cuatro integrantes del Pueblo Mapuche Tehuelche, entre quienes figura una autoridad del Consejo de Participación Indígena (CPI) de la Cordillera. La decisión judicial sostiene la imputación por presunta usurpación planteadas por la fiscal jefe María Bottini y el procurador Ismael Cerda. El fallo avanza a contramano de una resolución del fuero contencioso administrativo de Esquel, donde la jueza Cecilia Isabel Vallejos revisa el estatus jurídico de las tierras en disputa en Colonia Mixta Gualjaina ante los indicios de irregularidades en su adjudicación a particulares, entre ellos el ex jugador de fútbol Aldo Duscher.
La elevación a juicio niega el trasfondo de un conflicto territorial de larga data en la Reserva Indígena de Colonia Gualjaina. En el expediente civil, las comunidades Fentren Kimün, Ayamilla y Lof Newentuaiñ Inchiñ demandaron al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) de Chubut para anular los actos administrativos que transfirieron tierras comunitarias a particulares. Mediante una sentencia interlocutoria de marzo de 2026 -confirmada luego por la Cámara de Apelaciones-, la magistrada Vallejos dictó una medida cautelar de no innovar, suspendió el Expediente Administrativo N° 21.737/88 y prohibió cualquier acto de disposición o alteración sobre el predio.
Durante la audiencia realizada el pasado 19 de noviembre en los tribunales de Esquel, las defensas exigieron aplicar los estándares constitucionales y convencionales del derecho indígena y plantearon una cuestión prejudicial para suspender el proceso penal hasta que el fuero administrativo determine quién detenta la titularidad legítima del territorio. El abogado Luis Virgilio Sánchez – de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina- cuestionó la acusación del Ministerio Público Fiscal y advirtió sobre la gravedad institucional del fallo: “No es cualquier cosa sentar en el banquillo de los acusados en un juicio a una comunidad indígena”.
Sánchez -quien representa a la autoridad del CPI, Eusebio Antieco y su compañera Paola Martinez- calificó la lectura del alegato de la fiscal jefe María Bottini como “deficiente y floja” y señaló imprecisiones fácticas y jurídicas en el expediente, como situar los hechos en el establecimiento “La Gorda” cuando ocurrieron en el predio “Los Álamos”, o citar erróneamente la jurisdicción del caso Buenuleo. Más allá de los errores formales, el letrado puso el foco en la jerarquía de derechos en pugna y en el uso selectivo del código penal frente a reclamos territoriales de los Pueblos Indígenas.



“Acá tenemos que ir a la Constitución Nacional y ver cuál es el bien jurídico que estamos protegiendo. ¿Vale más el artículo 17 de la propiedad privada que el artículo 75, inciso 17, que protege a la propiedad comunitaria?”, interrogó Sánchez durante su alegato. El abogado remarcó que la Constitución Nacional prohíbe de manera expresa la venta, cesión o transacción de tierras indígenas, declarando nulos dichos actos. En esa línea, apuntó contra la maniobra que dio origen a la denuncia penal: el traspaso de derechos que realizó Bernardo Quiñihual a favor de un particular de apellido Duscher. “El señor Quiñihual, que teóricamente es el elemento legitimador de Duscher, cedió tierras que no tenía ningún tipo de capacidad de ceder porque pertenecían a la comunidad indígena”, sostuvo el defensor.
El letrado también expuso la paradoja procesal que atraviesan los imputados, quienes, previamente a la reivindicación territorial, denunciaron en reiteradas ocasiones y ante diferentes organismos estatales las maniobras de despojo sin obtener respuesta. En este marco, actualmente denuncian los incumplimientos de la medida cautelar por parte de los empresarios. El 17 de noviembre estaba prevista una inspección ocular del Juzgado de Paz de Gualjaina, ante la denuncia por el incumplimiento de la medida, pero el abogado señaló que no se llegó a realizar porque el lugar estaba cerrado con candado y no les permitieron entrar. “Es decir, la jueza civil les prohibió que ingresaran animales y que no construyeran absolutamente nada, y sin embargo ellos lo hicieron”, remarcó.
“Cuando hay un conflicto de vecindad, vemos que se resuelven por cartas documento o causas civiles, pero cuando los protagonistas son miembros de comunidades mapuches, se transforma en un tema penal. Se mal utiliza el derecho penal con este objetivo”, denunció Sánchez, quien además recordó la obligatoriedad del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat contra Argentina que exige al Estado garantizar la tutela judicial efectiva de la propiedad comunitaria.
En sintonía con este planteo, la defensora pública Laura Carpinetti, representante de Susana Martín y Matías Cisterna, argumentó que resulta imposible configurar el delito de usurpación cuando el propio Estado puso en duda la validez del título administrativo que esgrime el denunciante. “Resulta un contrasentido jurídico calificar como despojo penal la presencia o permanencia comunitaria en un territorio cuyo estado administrativo y posesorio fue congelado cautelarmente por orden judicial en el contencioso administrativo”, afirmó Carpinetti ante el magistrado.
La defensora oficial subrayó además que el derecho penal debe operar como última ratio y que, en este caso, faltan todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de usurpación. “No está probado el empleo de la violencia o de la clandestinidad con ánimo delictivo de usurpar. La llegada al predio se realizó a la luz del día y fue inmediatamente notificada la autoridad policial mediante la entrega de una nota formal donde se explicaba que la acción consistía en un acto de reivindicación territorial comunitario”, detalló la abogada.
Carpinetti apoyó su defensa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Fermín, Mauricio s/ causa N° 2061” y de Lof Pailako – “Cárdenas, Cruz Ernesto y otro s/ recurso de casación”, precedentes que establecen que la posesión tradicional indígena inhibe la tipicidad penal. Asimismo, recordó que sus asistidos agotaron todas las instancias institucionales ante el IAC, el Juzgado de Paz de Gualjaina y la defensa pública para resguardar las tierras comunitarias antes de ejercer su derecho ancestral de reivindicación.
No obstante, el juez Rolón decidió elevar la causa a juicio. La decisión repite un patrón de criminalización que excede la circunscripción judicial de Esquel, donde el Ministerio Público Fiscal impulsa causas penales contra integrantes del pueblo Mapuche Tehuelche incluso cuando las pruebas de cargo carecen de sustento o entran en colisión directa con resoluciones de otros fueros. Pese al revés en esta instancia preliminar, las defensas anticiparon que el debate oral servirá para exponer las irregularidades del IAC, acreditar la preexistencia comunitaria en Gualjaina y exigir la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT y de la Constitución Nacional.
Fotos: Roxana Sposaro




