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Paraje El Urunday: “estamos resistiendo en nuestras tierras campesinas”

Los Medina Belizán habitan y trabajan, desde hace más de treinta años, en un predio de 212 hectáreas en el Paraje El Urunday, al norte de Santiago del Estero, en el límite con Chaco. Tras sufrir dos intentos de desalojo en 2022 y 2026 mediante expedientes que ignoraron su histórica presencia, el empresario que se adjudica la titularidad exige un nuevo lanzamiento de desalojo.

Nota colaborativa con MOCASE -MNCI VÍA CAMPESINA

En el paraje El Urunday, en el límite norte este de Santiago del Estero con la provincia de Chaco, la familia de Carlos Esteban Medina y Mirta Belizán habita y sostiene desde hace tres décadas un sistema de producción campesina. Allí crían vacas, gallinas, cerdos, cabras, patos y pavos, cuidan el monte, recogen frutos del mismo. Hoy, sin embargo, el avance de una causa judicial amenaza con expulsarlos de su territorio mediante procesos en los que nunca se les garantizó el derecho a defensa.

El 9 de septiembre de 2026, la oficial de justicia Roxana Cejas irrumpió en la vivienda con una orden de lanzamiento emitida en octubre de 2025. Junto a ella se encontraban particulares, empleados del empresario Abel Parra, una topadora y un camión. Durante la diligencia, Cejas advirtió a la familia campesina: “Yo me puedo ir porque no lo puedo realizar. Mañana puede venir otra gente, un montón de gente y los van a sacar. Esto es una cuestión de días o de una semana, porque la orden judicial está. Capaz que venga mañana otra gente, que no voy a ser yo, y que los van a sacar porque vienen con la habilitación de día y hora, que los pueden sacar a la madrugada y eso sí va a ser violento”, una declaración que fue percibida como un acto más de intimidación.

Durante el operativo el personal cargó las pertenencias de la familia, pero la resistencia de los pobladores y la intervención legal de integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE–MNCI Vía Campesina) permitió detener el operativo, descargar los bienes y restituir la posesión a la familia.

“Nos quieren amedrentar; vinieron con una antena de Starlink para comunicarse con su gente. Trajeron una topadora del empresario Parra, que dice tener el título de esa tierra, y trajeron también a unos empleados de él para provocar, al servicio del desalojo que ordena el juzgado de Santiago del Estero”, relató Mirta Belizán en un video difundido en redes sociales. “Estamos resistiendo una vez más en estas tierras campesinas, tierras de la familia que produce vida”, agregó.

La orden ejecutada en septiembre de 2026 proviene del expediente N° 255.291, iniciado en 2004 bajo la carátula “Parra Abel Ricardo c/ Pieretti de Ríos María Elena s/ Reivindicación“. El empresario agropecuario Abel Ricardo Parra reclama 513 hectáreas tras comprar derechos a herederos de un antiguo titular registral. Dentro de ese polígono se ubican las 212 hectáreas que ocupa la familia Medina Belizán.

La reconstrucción documental que realizó el MOCASE reveló serias irregularidades procesales. El expediente de 2004 permaneció inactivo entre 2013 y 2017 y desapareció en 2022. A pedido de los abogados de Parra, el juez Macías ordenó reconstruirlo y, sin producir nuevas pruebas ni constatar quién vivía en el predio, dictó sentencia en 2024. La familia Medina Belizán nunca figuró como parte en esa causa, aunque las actas mencionan como antiguo cuidador a un hombre de apellido Chávez, padrino de Carlos Medina, quien lo llevó a vivir al lugar hace treinta años.

Un historial de criminalización

El operativo de 2026 constituye el segundo episodio de violencia institucional contra este grupo familiar. El primer intento ocurrió el 26 de agosto de 2022, cuando la policía provincial y el oficial de justicia Moreno Scillia acudieron al paraje con una sentencia del Colegio de Jueces Civiles N° 1.

Aquella causa (expediente N° 685.736/2020) la impulsó Guillermo Marcelino Ríos -hijo de María Elena Pieretti de Ríos, demandada por Parra- sin presentar títulos de propiedad ni acreditar posesión. Ríos presentó dos convenios de comodato y desocupación firmados en 2019. Carlos Medina explicó que suscribió esos papeles bajo engaño, ya que Ríos le aseguró que el trámite serviría para frenar el hostigamiento del empresario Parra. Cabe destacar, que Medina cursó apenas hasta segundo grado de primaria, presenta dificultades severas para leer y padece una discapacidad visual parcial, condiciones que informes psicopedagógicos y médicos acreditaron posteriormente ante la Justicia.

Pese a estas circunstancias, el juzgado declaró en rebeldía a Medina en diciembre de 2021 y ordenó el desalojo en marzo de 2022. Las cédulas de notificación supuestamente diligenciadas llevaban la firma del juez de paz de la localidad de Roversi, Alfredo Pestoni, quien es señalado como yerno del propio demandante Ríos. El tribunal tampoco ordenó un informe socioambiental ni dio intervención a los organismos de protección de derechos, a pesar de que en la vivienda residían menores de edad, entre ellos una niña de seis años y un adolescente de trece. Ese mismo año, el Comité de Emergencias se presentó en el lugar y constató como vivía la familia. En este contexto, el organismo provincial también pidió la suspension del desalojo.

Tras frenar el lanzamiento de 2022 mediante una acción autónoma de nulidad que continúa en trámite, el poder judicial de Santiago del Estero respondió con la vía penal. En septiembre de 2025, a instancias de la Unidad de Tierras del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, se elevó a juicio oral una causa por “usurpación por despojo” y “desobediencia a la autoridad” contra cinco integrantes de la familia Medina Belizán y cuatro referentes del MOCASE: Deolinda Carrizo, Rodolfo Basualdo, Fabián Orellana y Marisol Aguirre. Al momento de los hechos, Carrizo ejercía como directora de Género y Diversidad de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y Orellana integraba el Consejo de Participación Indígena en representación del Pueblo Guaycurú. “En cumplimiento de nuestros roles nos presentamos, en el contexto de desalojo, ante la familia del Urunday”, remarcó Carrizo en comunicación con infoterritorial.

Un patrón que se repite en la provincia

Para las organizaciones territoriales, el caso de El Urunday ilustra la vulneración sistemática del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la tierra que sufren las comunidades campesinas e indígenas en la provincia.

“Tanto el intento de desalojo de 2022 como el del 9 de septiembre de 2026 en El Urunday son un ejemplo de cómo se repiten otras situaciones con familias campesinas expuestas a perder su territorio”, señaló Deolinda Carrizo. La dirigente advirtió además sobre el agravamiento de la violencia policial en el interior provincial, mencionando agresiones verbales y amenazas de detención sufridas recientemente por mujeres de una comunidad indígena Lule Vilela durante otro procedimiento judicial.

“Con la Mesa de Tierra Provincial planteamos al jefe de Gabinete provincial la reactivación de mesa de diálogo, la producción y el trabajo (Ley provincial N° 7.054) para abordar estas conflictividades, y tener una agenda común e interministerial”, explicó Carrizo.

Actualmente, la representación legal de Abel Parra solicita al juzgado que libre un nuevo oficio de desalojo. Por su parte, las organizaciones campesinas reclaman la suspensión inmediata de cualquier medida de fuerza hasta que los tribunales resuelvan la nulidad del juicio anterior y garanticen a la familia Medina Belizán un proceso justo que reconozca su posesión treintañal. En paralelo, el Área de Violencia Institucional tramita una denuncia penal por el accionar de la oficial de justicia durante el operativo de septiembre pasado.

Foto de portada: MOCASE -MNCI VÍA CAMPESINA
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