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Impugnan condena por incendio en Nahuelpan

En una audiencia ante la Cámara Penal de Esquel, el abogado Luis Virgilio Sánchez expuso contradicciones en el fallo, el uso de una supuesta declaración obtenida de forma ilegal y una persecución discriminatoria impulsada en sintonía con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Este 18 de noviembre, en los Tribunales de Esquel, el abogado Luis Virgilio Sánchez -integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina- formalizó una impugnación ordinaria contra la sentencia dictada por el juez Ricardo Raúl Rolón, quien declaró penalmente responsable a Héctor Quilaqueo por el delito de incendio con peligro común para los bienes. El fallo condenó al integrante de la Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan a tres años de prisión en suspenso, reglas de conducta y la obligación de realizar la capacitación de la Ley Yolanda.

El recurso de la defensa no solo busca revertir una sentencia que califica de “arbitraria e ilógica”, sino que cuestiona el accionar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del propio tribunal por ignorar pruebas decisivas, vulnerar garantías constitucionales y aplicar un derecho penal discriminatorio.

Incompatibilidad entre el fallo y el “dolo eventual”

Uno de los ejes de la impugnación radica en la contradicción lógica en la que incurrió el magistrado. Por un lado, Rolón sostuvo en su resolución que la intención primaria de Quilaqueo fue simplemente “llamar la atención” de personas que realizaban un trasbordo de animales sin autorización dentro de su territorio, descartando que buscara quemar las 70 hectáreas. Sin embargo, lo condenó bajo la figura de dolo eventual (artículo 186, inciso 1 del Código Penal).

Para la defensa, esa construcción jurídica se derrumba al observar la conducta posterior del acusado: “Quilaqueo fue la primera -y única- víctima del siniestro: casi pierde la vida tratando de apagarlo y se dio el absurdo de que lo condenen”, expresó a infoterritorial tras la audiencia.

Según detalló el letrado, al desatarse el fuego en territorio de su comunidad, Quilaqueo pidió una pala a un poblador vecino e intentó extinguirlo arriesgando su integridad física. Como consecuencia, sufrió graves quemaduras de tercer grado, además de daños irreversibles en sus vías respiratorias que lo mantuvieron semanas internado en terapia intensiva con asistencia mecánica. “Una persona que acepta o busca un resultado dañino no pone su vida en riesgo desesperadamente para evitarlo”, remarcó el defensor, subrayando que el hecho encuadraría, a lo sumo, en un accionar culposo por negligencia o imprudencia (artículo 189), pero jamás en un estrago doloso.

Utilización de prueba nula

El defensor también denunció que el juez fundamentó la autoría del hecho apoyándose en una prueba nula de nulidad absoluta: una supuesta manifestación espontánea que Quilaqueo le habría hecho al oficial de policía David Huala en la Portada de Esquel, afirmando que “se le escapó el fuego”.

Durante el debate oral, la defensa demostró que el efectivo policial no interceptó a Quilaqueo por azar, sino que ya lo buscaba como sospechoso formal y lo sometió a un interrogatorio ilegal, sin leerle sus derechos ni contar con orden judicial. Utilizar esa confesión viciada vulnera frontalmente el artículo 18 de la Constitución Nacional y las normas procesales que prohíben la autoincriminación coaccionada.

Omisión de la perspectiva intercultural

Por otra parte, Sánchez recordó que el artículo 33 del Código Procesal Penal de Chubut y el Convenio 169 de la OIT exigen a los tribunales ponderar las pautas culturales y costumbres de los Pueblos Indígenas.

El fallo desestimó los testimonios que explicaban que generar humo es una práctica rural cotidiana, utilizada en el campo para orientarse o comunicarse. Incluso uno de los presuntos damnificados -que no pertenece al pueblo Mapuche- reconoció esa costumbre rural en su declaración: “Si te sucede algo, prendés fuego una mata”. Asimismo, la sentencia omitió valorar la relación inescindible de resguardo que la cosmovisión mapuche mantiene con la tierra, por lo que resulta inverosímil atribuirle a un integrante de la comunidad la voluntad deliberada de destruir su propio territorio ancestral.

El abogado Luis Virgilio Sánchez junto a Héctor Quilaqueo e integrantes de su familia.

El “doble estándar” punitivo

Sánchez cuestionó la falta de objetividad de los fiscales Ismael Cerda y María Bottini, quienes participaron de una conferencia de prensa junto al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, en la que se prejuzgó públicamente a las comunidades mapuche y se señaló esta causa de antemano, en un contexto de graves incendios forestales en la cordillera.

“Los fiscales que tenían que investigar estaban legitimando el discurso del gobernador antes de llevar adelante la investigación”, sostuvo el abogado apoyándose en registros fílmicos de aquel acto. “Pasó el tiempo y no quedó ni una sola de esas causas que expuso el gobernador, pero para sostener su relato avanzaron contra este hecho que fue un accidente”, afirmó ante la Cámara, tras denunciar también que el MPF omitió investigar el abuso de autoridad del gobernador cuando este admitió ante medios nacionales haber llamado al intendente de Esquel para exigir el despido laboral de Quilaqueo.

Para evidenciar la existencia de un derecho penal de autor, la defensa contrastó este proceso con otros incendios de extrema gravedad ocurridos en el mismo período en la región -como los de Atilio Viglione y Río Pico, que arrasaron más de 1.400 hectáreas de bosque nativo-. Esos casos, protagonizados por personas no mapuche, fueron calificados como simples negligencias y resueltos con multas irrisorias, sin juicios. “A los terratenientes y blancos solo se les imponen multas ante los accidentes”, sentenció Sánchez.

La parcialidad fiscal también quedó expuesta, según el planteo, en la exclusión de los verdaderos damnificados: “Jamás se convocó como querellante o víctima a la Comunidad Nahuelpan, pese a que el incendio ocurrió dentro de su territorio, fue la más afectada y uno de sus miembros casi muere intentando detenerlo”.

Pedido ante la Cámara

Ante los jueces de la Cámara en lo Penal -Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme-, Sánchez solicitó que se declare admisible el recurso, se convoque a una audiencia de sustanciación y se revoque en su totalidad la condena, dictando la absolución definitiva de Héctor Quilaqueo. Paralelamente, dejó planteada la reserva del Caso Federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de un fallo adverso.

La resolución del tribunal de alzada se dará a conocer el próximo 4 de diciembre a las 12:00 horas en los Tribunales de Esquel.

Fotos: Roxana Sposaro
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