Tras más de dos semanas de resistencia pacífica a la vera del acceso a Misión Nueva Pompeya, las comunidades wichí de la región de El Impenetrable, en la provincia del Chaco, lograron un acuerdo con autoridades ejecutivas. El domingo 21 de junio de 2026, los manifestantes decidieron levantar el acampe luego de conseguir la firma de un acta de compromiso de asistencia inmediata por parte de altas autoridades del gobierno provincial. Sin embargo, los representantes indígenas aclararon que la comunidad se mantiene en estado de alerta para garantizar que los funcionarios cumplan con cada uno de los puntos pactados.
Del acampe a la negociación
Este extenso territorio del norte chaqueño sufre un aislamiento estructural histórico, donde la escasez de agua potable, la falta de alimentos, la desnutrición y enfermedades perfectamente prevenibles golpean con dureza a sus pobladores originarios. En este contexto, las comunidades iniciaron el acampe y una serie de movilizaciones para frenar lo que denominan un “genocidio silencioso”.
La protesta comenzó a tomar fuerza el 4 de junio, cuando la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados de Chaco visitó el territorio. Ante casi 300 pobladores en la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, los legisladores recibieron un petitorio urgente que trasladaron directamente al Poder Ejecutivo provincial, a cargo de Leandro Zdero. Al no obtener respuestas, los miembros de las comunidades iniciaron un acampe que se extendió por 16 días y que sostuvo ollas populares para más de 250 personas gracias a la solidaridad local y colaboraciones de diferentes regiones del país. Durante esos días soportaron frío, lluvias torrenciales y la partida de una pobladora víctima de tuberculosis.
La persistencia del reclamo dio sus frutos. Mediante un comunicado público, los integrantes de la protesta informaron que, el sábado 20 de junio el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini, llegaron a la localidad y mantuvieron una extensa reunión en la sede de la Municipalidad junto a más de 20 delegados de la asamblea del acampe, entre quienes se encontraban dirigentes comunitarios, pastores y monjas. Tras intensos debates que se prolongaron hasta la medianoche, las partes consensuaron y firmaron el borrador definitivo del acuerdo.
Los puntos fundamentales del acuerdo histórico
Según informaron los propios delegados ante los medios locales, el acta firmada establecería un plan de contingencia alimentaria, social y sanitaria para los parajes del departamento Güemes, extendiendo sus beneficios a localidades aledañas como Castelli, Miraflores y Pampa del Indio, además de todo el circuito que conecta Nueva Pompeya con Fortín Belgrano.
En el plano alimentario, el gobierno se comprometió a reabrir de forma urgente los merenderos para niños de hasta 14 años, los cuales funcionarán por lo menos tres veces por semana a través de comisiones organizadoras en las iglesias o en espacios comunitarios comunes. Asimismo, el Estado deberá garantizar la entrega mensual y sin interrupciones de las cajas de asistencia alimentaria del programa oficial “Ñachec”, abriendo el registro para todos aquellos pobladores que habían quedado excluidos de los padrones.
El acuerdo también aborda de manera integral la crisis de salud. El Ministerio de Salud provincial coordinará operativos médicos con especialistas de todas las áreas que recorrerán paraje por paraje. Estas misiones realizarían diagnósticos, análisis clínicos, entrega de medicamentos esenciales, internaciones y cirugías en caso de ser necesario. De forma prioritaria, las autoridades implementarán un programa de seguimiento nutricional específico para pacientes con tuberculosis y diabetes, patologías severamente agravadas por la dieta forzada basada casi exclusivamente en harinas.
En materia educativa y de identidad, las familias confeccionarán listados de los niños en edad escolar que necesitan calzado, vestimenta y útiles para poder asistir a las aulas. Paralelamente, delegaciones del Registro Civil, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) se trasladarán al territorio para tramitar Documentos Nacionales de Identidad y gestionar pensiones no contributivas en localidades como El Sauzal, Sauzalito, Vizcacheral, Tres Pozos, Tartagal y Comandancia Fría, evitando que los pobladores deban viajar cientos de kilómetros hasta Resistencia para realizar estos trámites. Finalmente, el pacto incluye medidas de apoyo económico para pequeños productores de ganadería menor, huerteros, artesanas y ladrilleros, así como el compromiso de avanzar en la regularización de las tierras comunitarias.
La voz de la comunidad en primera persona
Este primer paso de diálogo generó una profunda emoción en las comunidades, que en el comunicado destacaron el rol fundamental de las mujeres: “Es un gran triunfo, con las sufridas mujeres al frente. Volveremos a nuestras localidades y parajes, a organizar la puesta en marcha urgente de lo logrado en dura lucha”
A través de la emisora de radio local FM Pompeya, uno de los referentes wichí expresó el sentir general de los manifestantes: “un agradecimiento a todos, a la firmeza, a las mujeres que estuvieron en el acampe, que son el bastión del pueblo. Gracias a ellas se sostuvo con firmeza la unidad”.
Por su parte, Mónica, una de las mujeres que sostuvo activamente la protesta, remarcó la importancia política de haber quebrado la resistencia inicial de las autoridades provinciales: “este es un gobierno que decía que no iba a dialogar, que no iba a trabajar con intermediarios, un gobierno que no quería escuchar. Logramos que después de 17 días de acampe que bajen acá y escuchen al pueblo. Así que fue muy importante que la gente y los compañeros que habían perdido la esperanza o que creían que ya no se podía hacer nada, sepan que organizados y unidos podemos lograr las cosas“.
El escenario judicial y el estado de alerta
A pesar de la firma del acta, la batalla legal y social continúa. El Superior Tribunal de Justicia del Chaco tiene previsto tratar una medida cautelar presentada por la Defensoría Adjunta del Poder Judicial. Este recurso busca obligar formalmente al Estado a garantizar el suministro continuo de agua potable y alimentos a todas las comunidades wichí de la zona que no se encuentran amparadas por los fallos judiciales del año 2007, y que también el Estado provincial incumple.
Los delegados comunitarios ya preparan las planillas de inscripción para implementar el cumplimiento de derechos en cada barrio y paraje, advirtiendo que controlarán estrictamente los plazos del Poder Ejecutivo. Según relataron los propios voceros de la asamblea, el ministro de Desarrollo Humano admitió la presión del reclamo popular durante las negociaciones al afirmar que, si el gobierno incumple sus promesas, las comunidades volverán a las rutas y a los campamentos en cuestión de semanas.
Foto: Raúl Peralta
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