La revisión del relevamiento territorial en la Comunidad mapuche Santa Rosa Leleque, provincia de Chubut

Escribe Silvina Ramírez

Los derechos territoriales indígenas siempre se encuentran en disputa. Una frase redundante, pero no obstante una situación que vale la pena revisitar. Su reconocimiento, en el mejor de los casos, se logra a los mordiscones, esforzadamente, mediante modos intrincados, demandas y movilización, y a veces transitando una intrincada judicialización. La derogada ley 26.160 habilitó un caminito escarpado e insuficiente. Abrió una rendija, pero nunca la puerta completa. Y esa rendija, en un contexto de impunidad frente a la vulneración de derechos, se va cerrando peligrosamente.

Es el caso de la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque. Después de años de lucha, de recuperación territorial, de atravesar una larga judicialización, de obtener la carpeta técnica producto del relevamiento territorial -esperando que algún día puedan llegar a alcanzar el tan preciado título colectivo que acredita la propiedad comunitaria indígena- actualmente están padeciendo un nuevo avance sobre sus territorios y sus derechos.
La conjunción de un empresariado voraz -la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., y de una gestión de gobierno inescrupulosa representada por la ahora desjerarquizada Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, vuelve a generar inseguridad, y con ella sufrimiento, para la comunidad. La decisión de la reapertura del expediente justificada en “el respeto de la legalidad, de la propiedad y en el debido respeto a las facultades concurrentes consagradas en el Artículo 75 inciso 17 C.N y el respeto a la tutela administrativa efectiva”, desnuda una política clara de despojo.

Después de 14 años, la Compañía de Tierras alega violación del debido proceso administrativo y del derecho de defensa. Ahora se duda de la genuinidad del reclamo indígena que en su momento se interpuso, otra vez se retoma un relevamiento finalizado hace casi una década y media, y se decide reabrir un expediente cuando a pesar del tiempo transcurrido la comunidad no pudo titular colectivamente sus tierras.

Que el INAI insista con las facultades concurrentes y requiera la intervención de la provincia, es una muestra más de que el Estado está dispuesto a cambiar las reglas del juego para satisfacer sus intereses. Cuando se llevó adelante el relevamiento territorial, la ley 26160 no señalaba la necesidad de la intervención de las provincias, y muchas veces éstos eran realizados en convenio con alguna instancia estatal local.

Una resolución como la aquí señalada, dictada el 2 de junio de 2026 por la Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio del interior, enciende luces de alarma en todo el país. No bastó con derogar uno de los pocos instrumentos jurídicos que pretendieron iniciar una suerte de reordenamiento territorial y así permitir el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Se avanza un paso más en el desconocimiento y la violación de derechos, desconociendo a su vez lo que el propio Estado -a través de un acto administrativo que constató la ocupación indígena- había realizado.

Con esta medida, cualquier relevamiento territorial podría ser cuestionado, cualquier carpeta técnica entregada a una comunidad indígena podría ser cubierta por un manto de sospecha. El Estado no sólo quiere eliminar una ley o una política pública. El Estado hoy pretende que las comunidades indígenas no existan; por lo tanto, sus derechos tampoco. El caso de la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque no es el primero sometido a revisión y eventualmente a anulación, y según parece no será el último. Los derechos están siendo pisoteados.

Foto: Comunidad mapuche Santa Rosa Leleque

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