El debate en torno al proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el gobierno nacional en el senado se enmarca en una disputa estratégica mundial por los bienes comunes naturales. Amplios sectores advierten que el proyecto elaborado por Federico Sturzenegger, es parte de un mecanismo sistemático para desarticular normativas democráticas, ambientales, de la soberanía nacional y de los Pueblos Indígenas que habitan los territorios en peligro.
El Gobierno nacional intentó inicialmente derogar la Ley de Tierras Rurales mediante el polémico mega DNU 70/2023. Sin embargo, un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) logró que la Justicia declarara la inconstitucionalidad de la medida y frenara ese primer avance del ejecutivo. Ante ese límite legal, el oficialismo, respaldado por legisladores que se autodenominan opositores, insiste en alcanzar el mismo objetivo a través del Congreso mediante un proyecto multifacético.
En comunicación con Infoterritorial, Florencia Gomez, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales y ex directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, analizó el trasfondo del proyecto que ya sufrió al menos doce modificaciones en las comisiones de la Cámara Alta.
“Lo que está haciendo el gobierno es derogar la Ley de Tierras, es la doceava versión de dictamen para ser votada y no se podría votar aparte sin el apoyo de los aliados”, explicó Gomez. Para la especialista, se trata de una ley polirubro que perjudica a inquilinos, barrios populares y las normativas de manejo del fuego que garantizan la preservación del uso tradicional de los territorios frente a incendios forestales. “Son especialistas en arruinarle la vida a la gente”, expresó sintetizando el proyecto. Pero como si todo esto no fuera suficiente, resaltó que existe un punto innegociable en la estrategia oficial: “Específicamente lo que no negocian en todas las versiones de modificación es el el artículo que deroga entre otros los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Tierras 26.737“.
Esos apartados específicos de la Ley 26.737 establecen los límites del 15% a la extranjerización de la superficie a nivel nacional, provincial y subprovincial, el tope del 30% por nacionalidad y el máximo de mil hectáreas en zona núcleo. Gomez subrayó la importancia del artículo 10, que prohíbe la adquisición de tierras que contengan o sean linderas de cuerpos de agua de envergadura permanente. “Básicamente, agua, ríos, lagos, que es lo que necesitan como parte de este engranaje de entrega sistémica”, señaló.
La defensa de la vigencia de esta norma cobra relevancia frente a las presiones del mercado global. A pesar de los cambios geopolíticos desde la sanción de la ley en 2011, la tierra permanece como un recurso estratégico, no renovable y escaso. Actualmente existen cerca de 13.200.000 hectáreas extranjerizadas según datos oficiales, lo que significa que el marco legal vigente todavía permitiría la adquisición de unos 30 millones de hectáreas más por parte de capitales foráneos. Ante esta situación, Gomez cuestionó los verdaderos motivos de la reforma y concluyó que los promotores de la iniciativa buscan el “vale todo” en combinación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y lo que es más preocupante aún el Super RIGI, proyecto que ya obtuvo media sanción en la cámara de diputados de la nación.
La llegada de Peter Thiel y los estrechos vínculos con gobiernos y empresas vinculadas a prácticas que vulneran los derechos humanos, advierten que detrás de estas reformas normativas operan capitales globales y multimillonarios “tecnofascistas” que públicamente han afirmado descreer de los regímenes democráticos.
El interés por las áreas australes, la Antártida y la zona cordillerana, especialmente en la Patagonia, responde a una nueva disputa geopolítica por la apropiación de recursos estratégicos en la era digital. Haciendo un paralelismo histórico, Gomez se remitió a las declaraciones de Demian Reidel, el principal asesor económico del Poder Ejecutivo, quien durante una conferencia de prensa elogió las ventajas geográficas y estratégicas de Argentina, destacando su aislamiento de los conflictos bélicos globales, pero culminó sus halagos con una amenazadora frase: “el único problema de Argentina es que está llena de argentinos”. “Por eso una dice que es la conquista del desierto del siglo XXI”, señaló Gomez.
Según su análisis, el marco normativo que se propone busca vaciar de derechos el territorio y desplazar los intereses de las comunidades locales facilitando la entrega de áreas clave a corporaciones tecnológicas transnacionales que ven a la Patagonia y a la cordillera simplemente como plataformas de recursos para la era digital. El desarrollo de la inteligencia artificial y la instalación de servidores requieren minerales críticos y grandes volúmenes de agua para refrigeración, recursos que se ubican cerca de glaciares y lagos estratégicos. Gomez remarcó que la entrega de estos recursos a empresas multinacionales avanza en un “contexto de opresión ciudadana marcado por el endeudamiento y la precarización laboral”.
El avance del proyecto en el senado depende de las negociaciones con las provincias, afectadas por una compleja situación económica. Gomez evaluó las posturas de los legisladores frente a las presiones fiscales de sus distritos y señala que existe una mirada de corto plazo que representa “pan para hoy y hambre para mañana”.
Foto de portada: Nacientes del Río Chubut. Roxana Sposaro
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