“Afecta la soberanía y los recursos estratégicos”
Nota elaborada con información del Comunicado Oficial del EDIPA y Pastoral Social de Neuquén
A través de un comunicado conjunto de la Pastoral Aborigen y la Pastoral Social, los religiosos advirtieron que el proyecto de ley impulsa la extranjerización y concentración de la tierra rural, afectando no solo a comunidades indígenas sino a toda la ciudadanía.
El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) y el Equipo Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Neuquén manifestaron públicamente su oposición al proyecto de ley PE 13/26, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. A través de un pronunciamiento institucional emitido este 28 de julio de 2026, las organizaciones eclesiásticas sostuvieron que la iniciativa gubernamental representa un “grave retroceso para la soberanía territorial argentina” y expone a un escenario de vulnerabilidad a los bienes comunes e hídricos del país.
Según consignó el documento difundido por los delegados y coordinadores del organismo, los presbíteros Fernando Arce SDB y Martín Gottle, los alcances de la iniciativa legislativa trascienden el marco sectorial de las familias campesinas y los Pueblos Originarios, proyectando un impacto directo en la estructura económica, social y ambiental de toda la República Argentina.
Impacto territorial
En el texto emitido por la Diócesis neuquina se subraya que las consecuencias de la propuesta oficial afectarán en primer término a los sectores rurales más vulnerables, aunque sus efectos sobre el patrimonio público incidirán en la totalidad de la población.
“Las comunidades indígenas, las familias campesinas y los pequeños productores serán, probablemente, los primeros en sufrir las consecuencias de una mayor concentración y extranjerización de la tierra. Sin embargo, el verdadero perjuicio alcanza a todos los argentinos”, remarca el comunicado.
Asimismo, las pastorales advirtieron que el control de extensiones estratégicas del territorio nacional por parte de intereses privados internacionales debilita la capacidad reguladora del Estado y promueve la especulación inmobiliaria y financiera sobre áreas productivas fundamentales.
“Cuando el control de grandes extensiones del territorio nacional queda sujeto a intereses económicos ajenos al país, se debilita nuestra soberanía, aumenta la especulación sobre la tierra, se dificulta el acceso para quienes producen y trabajan, y se pone en riesgo el carácter público de bienes esenciales como el agua, los ríos, las nacientes, los caminos rurales y otros espacios de uso comunitario”, sostuvieron los sacerdotes representantes.
Exhortación al Congreso
Para respaldar su posicionamiento ético y social, la institución eclesiástica apeló a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y a los postulados expuestos por el Papa Francisco en sus encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti, recordando la función social indispensable que debe primar sobre el dominio territorial. “La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada, sino que toda propiedad debe cumplir una función social y estar subordinada al destino universal de los bienes”, señala el documento firmado por EDIPA y Pastoral Social.
En este contexto, los representantes de la Iglesia formalizaron una convocatoria dirigida a los integrantes del Congreso de la Nación para frenar el avance de la iniciativa en el trámite legislativo, haciendo un llamado “a los legisladores nacionales para que rechacen toda iniciativa que facilite la concentración y extranjerización de las tierras rurales y debilite las herramientas de protección del patrimonio territorial argentino”. Del mismo modo, exhortaron a gobiernos provinciales y municipales, universidades, instituciones educativas, sindicatos y organizaciones sociales a expresar su compromiso con la custodia del medio ambiente y del patrimonio nacional.
“La tierra argentina no está en venta. La soberanía no se negocia. El agua, el territorio y los bienes comunes son patrimonio de todo el pueblo argentino y deben permanecer al servicio del bien común”, concluye la declaración institucional.
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