La situación procesal y las condiciones de detención del lonko mapuche sumaron nuevos focos de tensión luego de que se presentara una apelación contra su traslado a la Unidad 14 de Esquel, una medida que había sido otorgada previamente por la Justicia Federal. Ante esta acción judicial, que deja en suspenso su reubicación, Jones Huala comunicó su decisión de reiniciar la huelga de hambre seca. En paralelo, el Tribunal de Revisión de General Roca confirmó la prórroga de su prisión preventiva, aunque desestimó la acusación más grave que pesaba en su contra.
La derivación desde la Unidad Penitenciaria Federal Nº 6 de Rawson hacia el penal de Esquel había sido dispuesta por el juez federal subrogante Ezequiel Andreani, tras una huelga de hambre de más de un mes que deterioró la salud de Jones Huala. Sin embargo, el fiscal Fernando Arrigo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, interpuso un recurso de apelación que paralizó el procedimiento. La Cámara de General Roca fijó una audiencia para el próximo 23 de junio, donde se escucharán los argumentos de ambas partes para definir el destino del detenido, anunciaron sus defensores desde la Gremial de Abogados y Abogadas.
Ante el freno de la medida, el propio Jones Huala emitió un pronunciamiento en el que criticó con dureza el accionar del Ministerio Público Fiscal y adelantó la reactivación de su protesta. El referente remarcó el “racismo” y “el perfil ideológico de derecha sionista de la Fiscalía”, afirmando que “mantiene una obediencia debida a la Doctrina de Seguridad Nacional del gobierno anarcocapitalista y ultraliberal de Javier Millei”
En el mismo escrito, manifestó el impacto que genera el distanciamiento de su entorno: “ha ido generando un clima de hostilidad política y racial, alejándome de mi familia, lof (comunidad) y cultura, dañando no solo a mi persona, sino a mis peñi y lamien (hermanos y hermanas), a mis seres queridos, ya que es lo que buscan ellos es sembrar el terror, terrorismo de Estado, para que no nos organicemos en recuperar y defender nuestra tierra y cultura”.
En este contexto, anunció que el próximo lunes 15 de junio retomará la huelga de hambre seca. “Como ya he manifestado en otras ocasiones, estoy dispuesto a dar la vida en cada batalla”, afirmó. Asimismo, manifestó: “no les daré el gusto siquiera de enjuiciarme otra vez”. Además, denunció la vulneración a sus derechos culturales acusando restricciones para ejercer sus tradiciones espirituales y enfrentar pérdidas afectivas cercanas: “ni siquiera me dejan celebrar el we tripantu (nuevo ciclo) como corresponde, ni me dejaron despedir a mi abuela y tampoco a mi hermano”.
Prórroga de la prisión preventiva
Por otro lado, la defensa técnica de Jones Huala informó sobre el resultado de la audiencia realizada para revisar la continuidad de la privación de la libertad del imputado. El Tribunal resolvió mantener la prisión preventiva por un plazo de tres meses, fijando el límite de la medida restrictiva hasta el 30 de agosto de 2026, mientras se desarrolla la investigación penal por presunta asociación ilícita calificada.
La resolución judicial validó la extensión de la detención al considerar que persisten riesgos procesales. Según explicaron los representantes legales del de Jones Huala la Justicia rechazó la petición de medidas alternativas a la prisión bajo el argumento de que “aún no hay suficientes garantías de que Facundo no se escaparía, en contraposición con el hecho de que si resultara condenado, la pena sería de cumplimiento efectivo”.
Desestimación del cargo principal
A pesar de la confirmación del encierro, la defensa destacó una modificación sustancial en la plataforma fáctica de la imputación. El tribunal revisor determinó la caída de la figura penal que atribuía actividades tendientes a poner en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional, el cargo que preveía la sanción más elevada.
De acuerdo con lo comunicado por los abogados defensores, el cuerpo de magistrados entendió que “no hay mérito alguno para considerar que hechos que se investigan y se pretende atribuir a Facundo hayan puesto en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional”. Con la desestimación de esta imputación, la acusación perdió su eje más severo, quedando la discusión centrada en los próximos tres meses en la resolución del traslado y la presentación de garantías para morigerar las condiciones de detención.
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