El pasado 12 de junio, un desmedido operativo policial ejecutó el desalojo de seis familias de la Comunidad Diaguita Las Pailas, en Cachi, Salta. La medida fue ordenada por la jueza María Fernanda Diez Barrantes en un proceso por cuatro hectáreas que se extendió de forma irregular a 44, dejando a los pobladores sin sus hogares ni sus medios de subsistencia.
La orden fue dictada por la jueza María Fernanda Diez Barrantes, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 5. Originalmente, el proceso se limitaba a una disputa de cuatro hectáreas iniciada en 2010 contra un solo comunero, Agustín Mamaní, por el vencimiento de un contrato de arriendo con la familia Wayar. Sin embargo, en un confuso giro procesal, la orden se extendió a 44 hectáreas, afectando a otras cinco familias cuyos trámites legales se dirimen de forma independiente en el Juzgado Civil y Comercial N° 10.
La defensa advierte que la ejecución de la sentencia estaba prescrita, dado que el Código Civil y Comercial de la Nación fija un límite de cinco años para estos procedimientos, un plazo largamente vencido desde el fallo original de 2012. Durante el operativo, que incluyó la destrucción de cultivos y la dispersión de animales, se expulsó a niños, personas mayores y con discapacidad. Desde entonces, la comunidad no tiene acceso a sus plantaciones ni a los potreros, lo que destruye su principal medio de subsistencia.
El dolor del despojo en primera persona
Carolina Mamani, integrante de las familias afectadas, relató el avasallamiento sufrido en su tierra:
“Los policías llegaron por la mañana anunciando el desalojo. Intentamos dialogar con todo respeto, pero no hubo caso; ejecutaron una medida completamente ilegal. Entraron por la fuerza, atropellaron y arrojaron todas nuestras pertenencias a la calle. Prácticamente nos quedamos sin nada, y los animales quedaron dispersos por cualquier lado”.
Mamaní enfatizó la gravedad de exponer a esta violencia institucional a las infancias y a los adultos mayores que habitaron el lugar por generaciones: “es muy doloroso que los niños tengan que presenciar esto. Mis padres tienen 80 años y toda nuestra familia pertenece aquí; nuestros abuelos y bisabuelos se criaron en este lugar. No es justo que estemos pasando por esto. Solo pedimos ayuda y que se reflexione sobre la gravedad de lo que ocurre”.
Estado de alerta: el conflicto continúa
La tensión en la zona se reavivó el domingo 14 de junio por la tarde, cuando la comunidad alertó sobre una nueva incursión de la infantería y disparos de balas de goma para intentar desplazar a una de las últimas familias que resistía en el territorio.
Frente a esto, el equipo legal que asiste a los damnificados -integrado por Rafael Delgadillo, Martín Plaza y Verónica Huber- redobló las acciones judiciales. En comunicación con infoterritorial, Delgadillo informó que se presentó un habeas corpus preventivo colectivo para proteger a esta última familia, la cual incluye a niños, ancianos y a un menor con discapacidad.
Por otra parte, respecto a la causa de fondo, la doctora Huber, quien acudió con un recurso de queja tras el rechazo de la prescripción, prevé solicitar un jury de enjuiciamiento contra la jueza Diez Barrantes por considerar que su fallo configura un severo incumplimiento de las normativas vigentes.
Según los asesores, el proceder de la magistrada fue arbitrario porque ignoró que la ocupación tradicional está plenamente respaldada por el Estado. “La comunidad cuenta con el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la Ley 26.160. Su posesión está más que documentada y presentada en los expedientes. La interpretación de la jueza para lanzar este desalojo es caprichosa; la causa por la tenencia del predio debió caerse inmediatamente al demostrarse la posesión ancestral de la comunidad”, expresó Delgadillo.
El trasfondo: negocio inmobiliario y extranjerización
Para los abogados, este violento procedimiento responde a intereses económicos estructurales que avanzan sobre la región. Delgadillo vinculó el caso de Las Pailas con el modelo de desarrollo que se impone en la zona: “El desalojo se da en un contexto de fuerte extranjerización del Valle Calchaquí y responde directamente al negocio inmobiliario. El avance de hoteles de lujo y bodegas se hace a costa de las familias agricultoras. Aunque este caso fue una expulsión burda y violenta, se enmarca en un cambio de uso del suelo ligado al turismo y la vitivinicultura”.
El letrado advirtió que bajo esta lógica de gentrificación se ignora el valor cultural de la región:
“Están pensando en el Valle solo como un paisaje turístico, pasando por alto la vida de las familias, los sitios sagrados y los yacimientos arqueológicos. Además, no es un dato menor que aquí se encuentran las nacientes de agua pura que bajan de los glaciares del Nevado de Cachi. Estamos hablando del acceso a un bien común, un recurso estratégico y vital”.
El repudio de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita
Ante la gravedad de los hechos, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta (UPNDS) denunció el atropello y acusó a la jueza Diez Barrantes de desconocer los derechos indígenas consagrados en el artículo 75 de la Constitución Nacional.
La organización denunció que la magistrada ignoró sistemáticamente las presentaciones del Instituto Provincial de Pueblos Originarios (IPPIS), de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas provincial, de la senaduría y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): “esta arbitrariedad judicial se ejecutó con el único fin de favorecer a los terratenientes de la familia Wayar, quienes pretenden usurpar territorios de posesión ancestral. El operativo alteró el orden colectivo y arrasó con el trabajo comunitario”.
Estado de alerta y movilización
Frente a esta crítica situación, las autoridades tradicionales declararon a las comunidades en estado de asamblea permanente en resguardo del territorio y responsabilizaron a la magistrada por cualquier situación que vulnere su dignidad o la seguridad de las familias afectadas.
Finalmente, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta declaró a sus comunidades en estado de asamblea permanente en resguardo de la vida y el territorio ancestral. En el cierre de su descargo, la organización fijó la responsabilidad legal y política de lo ocurrido: “Responsabilizamos a la Jueza María Fernanda Diez Barrantes y sus secuaces, ante cualquier situación que vulnere nuestra dignidad como Pueblo preexistente, que violente nuestros derechos colectivos, que afecte a nuestras familias y Comunidad, y que pretenda turbar nuestra posesión territorial ancestral, tradicional y pública”.
En este contexto, se convoca este lunes 15 de junio a una movilización en la Plaza central de Cachi en apoyo a la comunidad.
Foto: Mesa de Derechos Indígenas
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de este contenido únicamente cuando se cite a infoterritorial como fuente original e incluya un enlace directo al contenido.
