El proyecto aprobado introduce procedimientos sumarísimos para desocupar inmuebles y modifica los criterios de utilidad pública. La iniciativa avanza hacia Diputados en un contexto de masivas protestas y repudio de amplios sectores.
El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que introduce modificaciones en materia de propiedad, expropiaciones y procedimientos judiciales, aprobando cláusulas para agilizar desalojos mediante tramitaciones sumarísimas. Paralelamente, el oficialismo no alcanzó los votos necesarios para modificar la Ley de Tierras ni la Ley de Manejo del Fuego, por lo que ambos marcos normativos se mantuvieron sin cambios durante la sesión, desarrollada en el marco de manifestaciones masivas en todo el país y con una fuerte represión en las inmediaciones del Congreso.
El articulado que logró la aprobación de la cámara alta contempla la aplicación de un procedimiento sumarísimo para tramitar desalojos, estableciendo mecanismos para anticipar la restitución de inmuebles bajo condiciones específicas y habilitando nuevas modalidades de notificación electrónica.
Asimismo, la iniciativa reconfigura el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para la declaración de utilidad pública. A su vez, modifica las pautas empleadas para el cálculo de indemnizaciones y reestructura el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.
Algunas voces:
Reacción de la Confederación Mapuche de Neuquén
Tras la votación, diversas organizaciones y referentes expresaron sus posturas respecto del resultado legislativo. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén valoraron el freno a las modificaciones de las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. A través de comunicados oficiales, manifestaron:
“Fue la movilización popular. Organizaciones sociales, de DDHH, numerosos sindicatos, organizaciones feministas y diversidad sexual, grupos ambientalistas, campesinos y crianceros, las universidades públicas, la iglesia y sus grupos pastorales. Fueron los medios de comunicación alternativos, nuestros jóvenes en sus redes”.
En relación con el freno a los capítulos sobre extranjerización y recursos naturales, expresaron: “Hoy celebramos, junto a todo el pueblo argentino, que le hayamos doblado el brazo a los especuladores, comerciantes, cipayos, racistas, que querían aprobar semejante ley de extranjerización“.
Sin embargo, la organización advirtió sobre el impacto del régimen judicial aprobado para los desalojos: “Facilitar más aún los desalojos es una amenaza a los inquilinos, a las fábricas recuperadas, pero fundamentalmente pone en riesgo a quienes Argentina le adeuda históricamente la seguridad jurídica sobre sus tierras: el campesinado y los Pueblos Originarios“.
Respecto a los cambios en expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble, señalaron que el texto legal “no menciona a los Pueblos Originarios, ni a los campesinos” ni precisa “cómo se va a garantizar la inscripción de la propiedad comunitaria indígena”, evaluando que “dificultar la expropiación al punto de querer asegurar la usura de los terratenientes, es poner más palos en la rueda para dar salida a los conflictos” y definiéndola como “una ley solo para los grandes terratenientes y latifundios”.
De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, la Confederación Mapuche confirmó que mantendrá el estado de movilización y planteó como propuesta institucional “suspender cualquier tipo de entrega de títulos de tierras y concesiones hasta garantizar la POSESIÓN y la PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA”, además de “crear una ley que ordene un mecanismo claro de demarcación, registro y protección de los territorios”.
Análisis de un especialista en derechos indígenas
Por su parte, Rafael Delgadillo, abogado de comunidades indígenas en Salta, analizó las implicancias procesales de la norma. El especialista explicó que, aun cuando la reforma se circunscribe formalmente al fuero federal, generará efectos derivados de la interpretación de los jueces:
“Esta media sanción es para profundizar el tema de los desalojos. Si bien es una reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que va a afectar a comunidades que estén en jurisdicción nacional – federal, sabemos que indirectamente repercute en cómo interpretan los jueces la caída de la ley 26.160 y la facilidad que se otorga para desalojar en términos políticos, al igual que el tema de la expropiación”, explicó a infoterritorial.
Delgadillo remarcó su preocupación por las comunidades originarias ubicadas dentro de Parques Nacionales y áreas protegidas bajo jurisdicción nacional: “No deja de ser grave, porque creo que en todas las provincias donde hay Parques Nacionales, que tienen jurisdicción federal, hay comunidades. Tal es el caso del Parque Los Cardones, por ejemplo, en Cachi o en San Carlos, donde existen comunidades dentro de los parques. Esa situación en la que están territorialmente es complicada y esto la va a complicar aún más”.
El letrado añadió que las nuevas pautas de expropiación colisionan con los marcos técnicos vigentes: “Las carpetas técnicas emitidas en el marco de la Ley 26.160 incluyen un dictamen jurídico que orienta los pasos a seguir para la titulación y eventual expropiación de las tierras. Ahí hay una dificultad también, o sea, afecta de manera directa esta cuestión que se ha modificado”.
Ante la falta de titularización definitiva de las tierras comunitarias por parte del Estado, Delgadillo señaló la necesidad de avanzar en estrategias locales: “Si bien están los relevamientos de la Ley 26.160, no deja de ser un problema la falta del Estado en reconocer la titularidad. Todavía no hay propiedad comunitaria legislada“.
Vamos a defender nuestro derecho a vivir amando la tierra”
Finalmente, Moira Millán, Mapuche weychafe (activista), escritora y guionista, señaló a este medio que la aprobación de los mecanismos para agilizar desalojos representa en la práctica la validación de un “plan de exterminio”, al sostener que el despojo territorial equivale a un golpe irreversible contra la supervivencia y el modo de vida de los Pueblos Originarios: “están abriendo las puertas y validando un genocidio, porque para los Pueblos Indígenas el despojo del territorio es un exterminio sobre nuestra vida y nuestra forma de vivir.”
Desde Lof Pillan Mawiza, en Chubut, alertó sobre la inminente criminalización y judicialización de las luchas territoriales, señalando que la resistencia frente al despojo situará a las comunidades en una disputa directa por resguardar su propia existencia en las tierras habitadas. “Van a venir con sus desalojos exprés y no nos vamos a quedar de manos cruzadas, no nos vamos a ir así fácilmente. Está acá nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras nietas, el territorio. Va a haber sangre, va a haber muertes, cárceles; se van a llenar de Pueblos Indígenas luchando por resguardar su vida en los territorios. Es un genocidio, no es sólo una ley que se aprueba, es un plan de exterminio el que está en juego”, advirtió.
Foto: Equipo de comunicación de la Confederación Mapuche de Neuquén
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