El oficialismo no logró avanzar en el Senado con el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante un ajustado quórum y la falta de los votos necesarios para garantizar su aprobación, la sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 6 de agosto. Esta es la cuarta vez que se frena la iniciativa.
La moción de aplazamiento, propuesta por el bloque de La Libertad Avanza -liderado por la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, se aprobó con 62 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Si bien la Cámara Alta logró validar durante la misma jornada más de una veintena de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, el núcleo del proyecto diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, debió ser retirado de la orden del día para evitar una derrota legislativa.
Fin de los límites a empresarios extranjeros y flexibilización ambiental
El capítulo que despierta mayor resistencia política y social es la modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). El texto oficialista busca derogar el tope nacional del 15% para la posesión de campos en manos extranjeras, eliminar los límites por nacionalidad y suprimir la prohibición expresa de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes, como lagos y ríos.
A esto se le suma la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, al eliminarse las prohibiciones vigentes que impiden cambiar el uso del suelo o realizar desarrollos inmobiliarios y agrícolas sobre terrenos arrasados por incendios forestales por plazos de hasta 60 años.
Alerta para los Pueblos Originarios y comunidades
La dilación legislativa hasta el 6 de agosto da más tiempo a las organizaciones políticas y socioambientales que llevan adelante la campaña en defensa de la soberanía territorial y los bienes comunes. Por su parte, referentes de las comunidades indígenas advierten que el proyecto avanzó sin cumplir con los mecanismos de Consulta Previa, Libre e Informada exigidos por el Convenio 169 de la OIT, al cual Argentina adhiere.
Teniendo en cuenta el proyecto original, uno de los puntos más críticos es la implementación de un mecanismo de restitución anticipada e inmediata de inmuebles ante denuncias de usurpación. Dado que la gran mayoría de las comunidades indígenas poseen ocupación ancestral, pero -por incumplimiento del propio Estado- carecen del título de propiedad comunitaria -a pesar de estar inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNACI) o contar con personería jurídica y relevamiento territorial-, quedarían expuestas a desalojos sumarísimos dictados por jueces locales, sin margen para demostrar sus derechos.
En este contexto, desde el Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA), advierten que la propuesta se traduce en una “ley de extranjerización” que marca un retroceso en materia de soberanía territorial. Para el organismo, estas reformas reconfiguran el rol del Estado en la regulación de los bienes comunes, en sintonía con la derogación de la emergencia territorial indígena y las modificaciones a la Ley de Glaciares y al RIGI. El interés global por recursos como el agua, los minerales estratégicos (como el litio) y los desarrollos tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA) son los verdaderos motores detrás de esta reforma.
El impacto de la concentración estratégica
En abril pasado, durante su exposición en el plenario de comisiones del Senado, Matías Oberlin Molina, doctor en Historia, becario del CONICET y miembro del Observatorio de Tierras, cuestionó la iniciativa: “este proyecto busca brindar celeridad a los desalojos y continúa un proceso de criminalización de las comunidades indígenas, funcionando como una extensión de la derogación de la Ley 26.160, que obligaba al Estado a terminar el relevamiento de los Pueblos Originarios”.
Respecto a la extranjerización, Oberlin Molina aportó datos del Registro Nacional de Tierras Rurales: actualmente hay más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. A nivel nacional, esto representa cerca del 5%, lejos del límite legal del 15%. “El problema no es una saturación general a nivel país, sino la concentración en regiones específicas. Eso permite ver hacia dónde apunta la presión por eliminar las regulaciones: hacia las tierras con mayor valor estratégico“, explicó el especialista.
A su vez, Oberlin Molina advirtió que la ley liberaliza la compra de tierras en áreas clave desde el punto de vista ambiental, productivo y geopolítico, como zonas de frontera, áreas de glaciares o con acceso a fuentes de agua dulce. Además, señaló una trampa en la normativa: “solo se mantiene una prohibición acotada a Estados extranjeros. Sin embargo, la adquisición casi nunca ocurre a través de Estados, sino mediante empresas, fondos de inversión y estructuras societarias complejas. Un ejemplo reciente es la compra de 14.000 hectáreas en zona de frontera, con financiamiento de Emiratos Árabes a través de fideicomisos. El problema de la soberanía y el control indirecto de recursos ya es actual”.
El debate del proyecto de ley que pone en riesgo la soberanía territorial se reanudará el 6 de agosto, luego del receso vacacional de los senadores. Mientras tanto, diversas organizaciones y comunidades ya se están articulando para llevar a cabo una jornada plurinacional contra la “Ley de extranjerización de la tierra”.
Foto: Roxana Sposaro
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