Texto y foto: Anahí Ávila
“La razón académica no es la única forma de construir conocimiento. Además, no todo conocimiento es asequible por medio de la razón.” Lourdes Albornoz
El 24 de julio, en la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrolló el XIII Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas, organizado por el Centro de Investigaciones de la FFyH y el Instituto de Humanidades (IDH-CONICET/UNC).
La apertura estuvo a cargo de Guillermo Folguera, investigador del CONICET, quien brindó la conferencia “Luces y sombras en el camino de las ciencias para el cuidado de lo común”. A partir de interrogantes que invitaron a reflexionar sobre el trabajo interdisciplinario y en equipo en las ciencias, interpeló principalmente a los estudiantes.
Bajo la coordinación de la directora del Programa de Ambiente, Sociedades y Territorios (PAST), Juliana Enrico, la jornada continuó con un círculo donde académicos, asambleas, organizaciones ambientales e identidades indígenas compartieron sus experiencias sobre lo que consideran territorio o ambiente.
En este caso, desde mi punto de vista, la utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 del Convenio 169 de la OIT (Parte II, art. 13, inc. 2) debería incluir el concepto de “territorios”: «lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera».
Aplicando este término, el especialista planteó la necesidad acuciante de incluir en la interdisciplinariedad científica la palabra de las comunidades locales como evidencia: “Ellos son quienes habitan y producen en los territorios desde hace generaciones”. Además, desarrolló el impacto del modelo del agronegocio y del extractivismo en Córdoba, basándose en su intervención en los casos de Porta y Atanor.
A su vez, reveló las contradicciones, incoherencias y desafíos que atravesó con su equipo y de forma individual en el campo disciplinar: “¿Qué lugar tienen los discursos y construcciones en las ciencias del ambiente y el territorio?”, preguntó a las personas reunidas en el auditorio del Pabellón Venezuela de la Ciudad Universitaria.
Folguera cuestionó: “Al momento de tomar decisiones, ¿ese trabajo multi o interdisciplinario se expresa en el ámbito público, judicial o de divulgación? ¿Quiénes hablan y deciden frente a un problema? ¿Cómo se moldean las políticas públicas luego de los estudios de impacto?”. Y agregó: “No hay políticas de prevención ambiental sino estudios de detección temprana. Comunidad académica y Estado se han corrido de su responsabilidad en salud y ambiente. Las corporaciones y multinacionales quieren más evidencias. Se requieren más estudios para tomar decisiones porque no resultan concluyentes”.
Otros temas que expuso el investigador fueron la censura a científicos, el silencio o autocensura de las ciencias frente a decisiones imperativas y la financiación para las investigaciones desarrolladas por los expertos en un contexto de precariedad laboral -hechos que desde 2012 enfrentan la mayoría de los trabajadores del CONICET-. ¿Será ese el condicionante por el cual profesionales de prestigio benefician a las corporaciones, por ejemplo, con los resultados de informes de impacto ambiental?
En el cierre, Guillermo Folguera expresó un posicionamiento que propició la reflexión: “La economía política que precariza y endeuda es la forma que tiene de digitar a una comunidad para que abrace lo inaceptable”. Quizá los estudiantes, también, puedan repensar la economía política que quieren, o cómo llevar un abordaje interdisciplinario o ejercicio profesional que priorice el bien común.
Luego de la conferencia, cada asamblea y organización ambiental compartió su experiencia en el territorio y su forma de construcción colectiva.
Un momento especial fue cuando tomaron la palabra las “Madres de Ituzaingó Anexo” (Córdoba), quienes desde 2002 se convirtieron en referentes indiscutidas de la lucha contra los agrotóxicos. Estas mujeres fueron quienes abrieron el camino para lo que serían las demás luchas ambientales que persisten y persistirán por largo tiempo en la provincia, según coincidieron los diferentes colectivos al tomar la palabra.
En cuanto a este panorama, las brigadistas forestales presentes advirtieron sobre los riesgos de incendios y la necesidad de prevención urgente para los próximos meses, con proyección a largo plazo. Reivindicaron la participación de las comunidades locales en ese trabajo ante la profundización de la crisis climática.
Por su parte, los científicos (ecólogos, ingenieros, biólogos) manifestaron los obstáculos y logros obtenidos durante sus trayectorias y resaltaron la importancia de que “la universidad se ponga a disposición del pueblo”.
Hacia el final del encuentro, el Equipo de Asesoría Técnica y Ordenamiento Territorial de la Comuna Villa Cerro Azul presentó un registro sobre el proceso de ordenamiento territorial realizado en articulación con la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Una de sus integrantes destacó que “pasar de ser Asamblea a Estado se tradujo en políticas públicas a partir de cuestiones que traía la asamblea” ambiental, compuesta por vecinos autoconvocados y algunas comunidades indígenas preexistentes en esa Comuna.
Sin embargo, Marina Molina, navira de la comunidad Comechingón Sanavirón, aclaró que su comunidad no es parte de la gestión actual, ya que la expectativa que tenían no se cumplió. Además, hizo referencia a la modificación de la zonificación sobre el Sitio Sagrado Camchira y a la desprotección del territorio ancestral, temas denunciados previamente en este medio.
Por último, identidades indígenas del pueblo Camiare visibilizaron la persistencia de la lógica colonial, occidental y racista en el ámbito universitario. Instaron a la capacitación de funcionarios y académicos sobre la legislación que los ampara y su cosmovisión indígena para comprender sus testimonios de resistencia y prácticas de reexistencia.
En diálogo con este medio, aclararon que el objetivo es ser considerados como “sujetos de derechos y no como objetos de estudio”, lo contrario al principio de igualdad y simetría que debería existir. De esta forma se devela la injusticia epistémica y patrimonial. La primera desoculta el daño invisible producido por prácticas profesionales a identidades indígenas -en este caso- como portadores de credibilidad, veracidad y conocimiento, incidiendo de este modo en su poder de saber y de decir. En cuanto a la segunda, «el paradigma de lo patrimonial encierra una dinámica de protección/destrucción, pero también –y fundamentalmente– la manera en que pone a trabajar dispositivos científicos al servicio de la continuidad de la lógica colonial, al igual que ocurrió cuando se expropiaron las tierras de las comunidades indígenas de Córdoba a fines del siglo XIX» (Reyna, 2020: 211).
En este sentido, la navira de la comunidad Comechingón Sanavirón de Chavascate, situada también en Villa Cerro Azul, expuso la situación que atraviesa su comunidad respecto a la defensa del territorio ancestral y las dificultades para el efectivo cumplimiento de los derechos indígenas. En particular, se refirió a los sitios sagrados y a los hechos de violencia sufridos por integrantes de la comunidad como consecuencia de la defensa de estos espacios de profundo valor espiritual, histórico y cultural para el pueblo Camiare Comechingón. Durante su participación, presentó la documentación que avala su reclamo público y señaló la ausencia de procedimientos legítimos que deben aplicarse según el Convenio 169 de la OIT, instrumento que garantiza el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas.
Su intervención puso de relieve las tensiones que persisten entre el reconocimiento formal de los derechos indígenas y las dificultades que enfrentan las comunidades que no pertenecen al Consejo Provincial Indígena en Córdoba para poder gozar de esas garantías constitucionales, vigentes desde 1994 en el Estado argentino.
Finalmente, representantes de las organizaciones indígenas Zonko Kuntur y de la Cooperativa Indígena Chañar brindaron un marco jurídico sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, compartieron una mirada crítica sobre los distintos abordajes de las luchas ambientales y territoriales, y mencionaron las contradicciones que aún persisten en el reconocimiento de la preexistencia de estos pueblos: “Somos indígenas cuando acompañamos, pero perdemos preexistencia cuando defendemos el territorio”.
En ese sentido, coincidieron en que la identidad indígena continúa siendo incómoda al momento de reconocer la ancestralidad y garantizar plenamente los derechos territoriales, reafirmando la necesidad de avanzar hacia políticas públicas de prevención que respeten la autodeterminación y los derechos colectivos que poseen.
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