En la localidad de la Precordillera sanjuanina, una comunidad golpeada desde hace dos décadas por la contaminación minera enfrenta un nuevo avance extractivo. Entre plazos administrativos imposibles y el fantasma de nuevos derrames de cianuro, la “Asamblea Jáchal No Se Toca” una vez más se encuentra organizada en estado de alerta para frenar un nuevo proyecto minero que amenaza a la última fuente de agua pura de la región.
San José de Jáchal resiste como un oasis en el norte provincial, donde la aridez precordillerana y el avance del extractivismo golpean la vida de unos 27.000 habitantes. El pasado 27 de agosto, la Asamblea de vecinos de Jáchal, bajo el patrocinio del abogado Horacio Rodríguez del Cid, presentó en las oficinas del Ministerio de Minería provincial una impugnación formal que exige la suspensión urgente del procedimiento ambiental del proyecto de prospección minera “Nuevo Panacán”.
El reclamo pone la mira sobre las severas irregularidades en los mecanismos de participación ciudadana. La autoridad minera fijó plazos ridículamente exiguos -apenas cinco días hábiles para examinar un expediente técnico de alta complejidad y solo tres días adicionales para redactar y formalizar objeciones-. Como si esto no bastara para consagrar la indefensión de los pobladores, la burocracia estatal restringió la consulta presencial del material a la capital sanjuanina, distante a 160 kilómetros de Jáchal, habilitando una acotada ventana de cuatro horas diarias.
“Nosotros vivimos a 160 kilómetros y seríamos la población afectada directamente”, denuncia Carolina, vecina e integrante histórica de la asamblea, en comunicación con infoterritorial. “Nos daban un plazo perentorio para hacer objeciones que ni siquiera son vinculantes. Para buscar el informe de impacto ambiental y desde allí hacer las observaciones, la comunidad debía trasladarse hasta la ciudad de San Juan. Esto demuestra la inconstitucionalidad absoluta del procedimiento administrativo. No existe una página web donde consultar en qué instancia está el trámite; hay que pedir todo por nota al Ministerio y ellos responden cuando quieren”.
Las condiciones impuestas por el gobierno provincial violan de manera flagrante las garantías de la Constitución Nacional y las obligaciones asumidas por la Argentina en el Acuerdo de Escazú, que exige máxima publicidad, transparencia y una participación pública efectiva desde las etapas iniciales de cualquier proyecto con impacto ambiental.
Un proyecto de 60.000 hectáreas y toda la cuenca hídrica en peligro
El geólogo Julián Santiago Maidana, actuando como titular registral y representante de la firma San Juan Exploraciones S.A.S., agrupó nueve derechos mineros -ocho cateos y una manifestación de descubrimiento- en un único expediente para unificar la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La información oficial es nula. Según informan medios digitales relacionados a la megaminería, esta figura de “grupo minero” busca recortar costos operativos y apurar la aprobación sobre un área monumental: 60.785 hectáreas repartidas entre los distritos de Huachi y Punilla, en la Precordillera jachallera. Las propiedades lindan directamente con conocidos yacimientos de cobre y metales preciosos, e incorporan bloques con antecedentes de prospección de uranio realizados por la firma Jackson Global entre 2007 y 2021. En esta primera fase, la empresa pretende ejecutar mapeos de superficie y muestreos geoquímicos para atraer inversores extranjeros que financien las perforaciones profundas.
“Nuevo Panacán se presenta como la iniciativa de un geólogo, de una persona particular, lo cual nos sorprendió”, explica Carolina. “Pero en este negocio siempre operan empresas pequeñas o fantasmas que luego le venden los derechos a las grandes multinacionales que aparecen después. Siempre hay algo mucho más grande detrás”.
El verdadero nudo del conflicto reside en la ubicación geográfica de esta mole minera. Las tierras solicitadas colindan al norte con las 10.500 hectáreas de la Reserva Hídrica Pampa del Chañar, protegida por la Ley Provincial N° 1999-L (anteriormente Ley 1086-L). El proyecto se asienta de lleno sobre la subcuenca del Río Panacán, el área de recarga fundamental de este acuífero.
La relevancia estratégica de Pampa del Chañar -también conocido como Acuífero de Huachi– resulta incuestionable. Desde el año 2010, este reservorio subterráneo provee el agua potable que consume el centro urbano de Jáchal y sus zonas aledañas. Diversos estudios del Instituto Nacional del Agua (INA) e informes técnicos independientes caracterizan a la Pampa del Chañar como un acuífero libre, sumamente vulnerable, que carece de protección geológica natural ante eventuales agentes contaminantes. Cualquier alteración en el ciclo hidrológico o la infiltración de sustancias tóxicas dañaría de forma irreversible la única fuente limpia de agua para la población.
“En este momento dependemos de ese único acuífero de agua pura“, advierte Carolina con angustia. “Cualquier proyecto, sea minero, agrícola o turístico, no puede afectar esta zona. La exploración que pretenden hacer busca metales preciosos, cobre, tierras raras y uranio. Estamos en máxima alerta porque van a contaminarnos la única cuenca sana que nos queda. Si contaminan el agua, ponen en riesgo la existencia misma de 27.000 personas. Es literalmente una cuestión de vida o muerte”.
Violación de la normativa ambiental
El escrito administrativo presentado ante la autoridad minera argumenta la ilegalidad del emprendimiento al chocar de frente con el esquema legal defensivo que el propio pueblo construyó. La Ordenanza Municipal N° 3172 creó el Área Protegida Municipal de la Cuenca Hídrica de Pampa del Chañar, delimitando una “Zona Roja” de prohibición absoluta para la exploración y explotación minera metalífera y radiactiva, y una “Zona Amarilla” de amortiguamiento. Para intervenir en esta área de amortiguamiento, la norma local exige estudios científicos exhaustivos y la realización obligatoria de una audiencia pública municipal.
Ante la omisión estatal, la Asamblea Jáchal No Se Toca solicitó una serie de medidas cautelares indispensables:
- Suspensión preventiva inmediata:Detener el procedimiento ambiental y prohibir la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o cualquier autorización de tareas de campo.
- Apertura de la información en formatos digitales: Publicar en la web el Informe de Impacto Ambiental (IIA) completo, la cartografía digital editable y los mapas georreferenciados.
- Reapertura de plazos: Otorgar un mínimo de 30 días hábiles para la revisión ciudadana a partir de la entrega efectiva y completa de los antecedentes.
- Federalización de la participación: Trasladar la sede de consulta al departamento de Jáchal y convocar a una audiencia pública presencial en el territorio afectado.
- Auditoría de organismos científicos: Exigir dictámenes formales del INA, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), OSSE, el Departamento de Hidráulica y el Municipio de Jáchal sobre el impacto acumulativo en la cuenca.
La resistencia polpular ha logrado tejer redes de apoyo estratégicas en el departamento. El presbítero Gustavo Vaca, administrador parroquial del Santuario Arquidiocesano San José, difundió una carta abierta a la comunidad condenando rotundamente cualquier emprendimiento minero que comprometa los recursos hídricos de Huachi. Sin embargo, la dirigencia política local opta por la evasión.
“El intendente y los legisladores se llamaron a silencio”, señala Carolina. “Le pedimos al diputado provincial que presente un proyecto de ley para blindar el acuífero, pero no quieren saber nada. Si los gobernantes no reaccionan, el pueblo tiene que salir a la calle a defender el agua“.
Dos décadas de cicatrices: del derrame de Veladero al proyecto Vicuña
Para comprender la vehemencia de la oposición popular en Jáchal, hay que revisar la memoria histórica de la megaminería en San Juan. Desde hace más de veinte años, el departamento sufre las consecuencias de situarse “río abajo” de los grandes yacimientos cordilleranos. Aunque la mina Veladero -operada por Barrick Gold y Shandong Gold– se ubica en el departamento vecino de Iglesia, sus desechos drenan directamente hacia la cuenca del Río Jáchal.
El punto de quiebre ocurrió el 27 de febrero de 2015, cuando la comunidad se organizó para expulsar a una empresa que pretendía explorar uranio a solo 20 kilómetros del centro urbano. Pocos meses después, el 13 de septiembre de 2015, la mina Veladero protagonizó el mayor desastre ambiental minero de la historia argentina: la fuga de más de un millón de litros de solución cianurada, mercurio, aluminio, entre otros metales pesados que contaminó cinco ríos de la cuenca.
“Llevamos contabilizados 19 derrames por parte de Barrick Gold y Shandong Gold”, explica Carolina. “El último ocurrió en noviembre de 2025, provocando una masiva mortandad de peces en el dique Cuesta del Viento. Sufrimos las consecuencias de estar río abajo de la explotación de la mina Veladero. Y ahora nos amenazan con el megaproyecto Vicuña -impulsado por las las multinacionales BHP y Lundin Mining-, que proyecta construir un dique de colas gigante por encima de nuestro pueblo. Nos sentimos acorralados por todos lados”.
A la crisis hidrogeológica se suma un factor climático alarmante. Este invierno se registraron nevadas extraordinarias en la alta cordillera, con acumulaciones de hasta tres metros de nieve. La comunidad sabe por experiencia previa que los deshielos masivos aumentan el caudal del río y suelen desbordar los mecanismos de contención de la mina Veladero, disparando el riesgo de nuevos accidentes ambientales.
Un modelo económico que asfixia la agricultura
El discurso oficial que promete la megaminería como motor de desarrollo económico contrasta con la realidad social del departamento. La transformación de la matriz productiva en Jáchal se cobró la destrucción progresiva de su tradición agrícola.
“Yo nací y crecí en una familia de agricultores”, recuerda Carolina. “En las últimas dos décadas, los gobiernos nos fueron acorralando para que dependamos exclusivamente de la megaminería. Cerraron la fábrica de conservas de tomate, que era el motor productivo de la zona. Hoy la agricultura sobreviviente está dañada a un 20% de su capacidad histórica porque Hidráulica impone cortes de agua de riego que alcanzan los 120 días al año. No hay agua para mantener los cultivos”. “Y ahora, por la gran cantidad de nieve caída este invierno sobre el valle de lixiviación de Veladero, habrá abundante agua pero contaminada con cianuro, mercurio, aluminio y demas metales pesados”.
El impacto en el empleo resulta desalentador. De los 27.000 habitantes de Jáchal, menos de 100 personas consiguieron un puesto de trabajo estable en el yacimiento Veladero. Mientras tanto, la administración municipal mantiene a más de mil trabajadores bajo esquemas de contratación precaria con sueldos que apenas rondan entre los $ 400.000. “Nos quitaron el trabajo de la tierra y nos dejaron el desempleo y la contaminación”, sintetiza Carolina, reivindicando con orgullo su raíz indígena capayana.
La Carpa de la Plaza: un símbolo de dignidad inamovible
En octubre de 2015, tras el primer gran derrame cianurado de la Barrick Gold, los vecinos levantaron una carpa en la plaza principal de San José de Jáchal, frente a la sede del Municipio y de los Tribunales. Aquel campamento improvisado sostuvo guardias ininterrumpidas durante las 24 horas del día durante cinco años, hasta que las restricciones sanitarias de la pandemia obligaron a modificar la modalidad.
Hoy, la estructura de la carpa permanece intacta en el centro de la plaza como un recordatorio permanente de la resistencia popular. Cada fin de semana, la Asamblea Jáchal No Se Toca se reúne allí para debatir la coyuntura, analizar los edictos mineros y coordinar las acciones callejeras y judiciales.
“La carpa está totalmente legitimada por nuestro pueblo”, concluye Carolina. “Llevamos más de una década de lucha incesante para proteger el agua. Las empresas y los gobiernos operan siempre desde el ocultamiento, pero nosotros nos mantenemos en alerta. Si la justicia no frena el proyecto Nuevo Panacán, saldremos a las calles. No vamos a permitir que rematen el último curso de agua pura que nos sostiene“.
Los asambleístas ya asentaron la reserva de recurrir a la Justicia ordinaria provincial y a los Tribunales Federales mediante acciones de amparo y medidas cautelares de máxima urgencia. El pueblo de Jáchal promete defender el Acuífero Pampa del Chañar hasta las últimas consecuencias, sabiendo que disputan no sólo el cuidado del agua, sino el derecho fundamental de seguir existiendo sobre su propio territorio.
Fotos: Gentileza Asamblea Jáchal no se toca
