Argentina en la ONU: otra vez contra los derechos de los Pueblos Indígenas
El Estado argentino se alineó con Estados Unidos e Israel para rechazar la resolución de la Asamblea General que promueve una mayor participación de las comunidades originarias en la ONU, consolidando un patrón de retroceso en el reconocimiento de sus derechos fundamentales
El pasado 31 de agosto, por una amplia mayoría de 139 votos a favor y apenas 3 en contra, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución impulsada por la Presidencia del organismo para fortalecer la participación de representantes e instituciones indígenas en las reuniones donde se debaten los asuntos que les conciernen.
La nómina de la oposición volvió a ser Argentina, Estados Unidos e Israel. Con este voto negativo, la diplomacia argentina reafirmó su aislamiento en el escenario global, bloqueando iniciativas que buscan garantizar la representación directa de las comunidades originarias.
Un patrón sistemático
El rechazo se enmarca en un giro estructurado en la política exterior argentina iniciado desde la asunción de Javier Milei a la presidencia. Este rumbo implica el abandono explícito de consensos históricos en favor de una alineación con posturas ultra-conservadoras y antiderechos.
Este patrón se visibilizó en noviembre de 2024, cuando la Argentina se convirtió en el único país del mundo en votar contra la resolución de promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada por 168 países) y contra la iniciativa para eliminar la violencia e intensidad del acoso hacia mujeres y niñas en entornos digitales (respaldada por 170 naciones).
La tendencia se profundizó en octubre de 2025, al alinearse con otros seis Estados para rechazar la exigencia del fin del embargo económico a Cuba (aprobada por 165 votos a favor). Pocas semanas después, en noviembre de 2025, el país votó en contra de la ratificación de estándares internacionales para la prevención de la tortura y tratos crueles, rompiendo con una tradición diplomática emblemática en materia de derechos humanos.
Finalmente, en marzo de 2026, la Argentina volvió a integrar un bloque minoritario al rechazar, junto a Estados Unidos e Israel, la declaración de la trata transatlántica de esclavos como crimen de lesa humanidad y la promoción de justicia reparadora, norma que fue respaldada por 123 naciones.
No es casual que sus principales aliados, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, son señalados por organismos internacionales como responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por “crímenes de guerra y de lesa humanidad” en lo que concluyen como “ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos promueve políticas discriminatorias, violentas persecuciones y redadas contra migrantes y afrodescendientes a través de la agencia de inmigración y control de aduanas (ICE)
Un retroceso en el derecho internacional
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el voto negativo de Argentina, que no sorprende, adquiere una gravedad particular. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratifica el principio de autoidentificación y el derecho a la participación política sin tutelajes estatales.
Al oponerse a la creación de talleres de trabajo, la remoción de barreras lingüísticas y la apertura de mecanismos de acreditación directa en la ONU, la diplomacia argentina sienta un precedente de aislamiento internacional. Esta postura desconoce el recorrido institucional de un país que históricamente respaldó la ampliación de derechos, alejándolo de los estándares globales de protección e inclusión.
El correlato territorial: extractivismo y resistencia
La postura asumida en las Naciones Unidas no puede analizarse de forma aislada: responde a un modelo económico enfocado en la entrega de territorios y bienes naturales a empresas extractivas y corporaciones tecnológicas.
Este proyecto, centrado en la primarización de la economía y en el abastecimiento de insumos estratégicos para las nuevas tecnologías, requiere el control directo del suelo y de sus bienes comunes. Frente a esta avanzada, las comunidades originarias se posicionan en la primera línea de resistencia. Sin embargo, su lucha trasciende la dimensión ambiental: se trata de Pueblos y Naciones que se niegan a desaparecer y defienden su supervivencia frente a la amenaza de desposesión.
Si bien la movilización popular logró frenar la derogación de la Ley de Tierras y de la Ley de Manejo del Fuego -evitando la extranjerización irrestricta del territorio-, numerosas comunidades continúan enfrentando órdenes de desalojo y el hostigamiento sistemático de sectores empresariales.
Con todo, la vulnerabilidad actual también es consecuencia de las deudas acumuladas por gestiones anteriores, que dejaron inconcluso el relevamiento territorial contemplado por la Ley 26.160 y no avanzaron en una legislación nacional que garantice y reglamente la Propiedad Comunitaria Indígena.
El proyecto para “Aumentar la participación de representantes e instituciones representativas de los Pueblos Indígenas en las reuniones de los órganos competentes de las Naciones Unidas sobre los asuntos
que les conciernen”
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