Tras una audiencia en el Juzgado Provincial de Esquel, integrantes del pueblo Mapuche Tehuelche señalaron a los fiscales Ismael Cerda y María Bottini por ejercer amenazas y racismo estructural para forzar una mediación. Reivindican la vía del diálogo comunitario, pero exigen que el Estado reconozca los derechos constitucionales y convencionales sobre la “Reserva Indígena” y cese la criminalización.
Luego de la reciente audiencia en los tribunales de Esquel, Chubut, donde el juez de garantías Ricardo Rolón rechazó la suspensión de la causa penal por la supuesta usurpación en Colonia Mixta Gualjaina, Eusebio Antieco, autoridad del Consejo de Participación Indigena e integrante del Lof Mapuche Tehuelche Newentuaiñ Inchin expuso el clima de coerción y hostigamiento sentido, señalando que la actuación de la fiscal jefe María Bottini y el procurador Ismael Cerda refleja un “racismo estructural” orientado a despojarlos de sus derechos y forzar acuerdos desfavorables.
“Fuimos tratados de mala manera, como ignorantes. La justicia argentina todavía se maneja con ese racismo, pensando que el mapuche es bruto. Sentimos eso y también una amenaza directa de parte de la fiscal Bottini y del fiscal Cerda, sugiriendo que si no aceptábamos sus condiciones nos pasaría lo mismo que en la comunidad Nahuelpan”, expresó el referente originario en relación a un caso en que un imputado no aceptó una instancia de juicio abreviado, negándose a reconocer la autoría de un hecho, pero que finalmente fue condenado.
Criminalización
Frente a la propuesta del Ministerio Público Fiscal para encarar una instancia de conciliación previa al juicio penal, la comunidad advirtió sobre la desigualdad de condiciones en las que se pretende situar el debate. En comunicación con infoterritorial, Antieco aclaró que la disputa principal no es contra el exfutbolista Aldo Duscher -comprador del territorio con la anuencia del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC)-, sino contra la red de complicidades estatales que validó una transacción ilegal sobre tierras comunitarias e inalienables.
“Duscher compró tierras que sabía que no se podían vender. Como hijo del ex intendente de Gualjaina, él sabe perfectamente que son comunitarias; al propio padre yo lo intimé mediante carta documento y nunca respondió. Hoy la Fiscalía quiere armar una mediación para tapar esto, pero no somos ignorantes: sabemos lo que hacemos y lo que queremos. Aceptamos dialogar porque esa es la forma de nuestro pueblo, pero le vamos a demostrar al Estado que la discusión de fondo es la devolución de la tierra“, aseveró.
El referente remarcó que las gestiones e intimaciones ante la administración pública se vienen canalizando por las vías formales desde 1948 hasta la actualidad. Asimismo, apuntó contra las autoridades del Poder Ejecutivo actual y local, denunciando que al asumir la gobernación Ignacio Torres y las autoridades del IAC fueron notificados formalmente sin emitir respuesta. Del mismo modo, denunció la responsabilidad del intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieli, sosteniendo que el propio casco urbano del pueblo está emplazado sobre tierras expropiadas a la reserva indígena.
Negacionismo
En su descargo, Antieco cuestionó la estrategia de la Fiscalía de apelar a delitos comunes para opacar la controversia territorial e ignorar la legislación de rango supremo. “Ellos solo hablan del Código Procesal Penal o de las leyes reformadas por los gobiernos provinciales para calificarnos de ‘usurpadores’, invirtiendo la historia: los que vinieron a usurpar son ellos. Obvian la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, la Ley 24.071 y el Convenio 169 de la OIT. Nos acusan de ladrones, de que robamos esto o aquello, para que los jueces tomen medidas contra nosotros e ignoren el derecho indígena vigente”, expresó.
El vocero enmarcó el accionar judicial dentro de una continuidad histórica de despojo y violencia que se remonta a las incursiones militares del siglo XIX y a la entrega sistemática de extensiones territoriales a capitales extranjeros y terratenientes: “Esta es la pura realidad de un genocidio y una masacre que el Estado no quiere debatir. Después de la Campaña del Desierto está escrito cómo se entregó la tierra, mientras que el pueblo originario fue víctima del exterminio. Por eso pedimos a los peñi y lamien que nos acompañen difundiendo este mensaje. Vamos a continuar en este camino de diálogo y dignidad, exigiendo que la justicia actúe como tal y no como una herramienta de persecución“, concluyó.
Foto de portada: Roxana Sposaro
