Una foto publicada en la red social X donde se estrechan la mano el subsecretario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) representa algo más que una reunión de rutina entre funcionarios del Estado argentino para anunciar un proyecto que involucra a comunidades originarias. Detrás del encuentro se esconde una trama de despojo territorial avalada por organismos estatales que deberían garantizar los derechos de las comunidades originarias y campesinas; en este caso, la permanencia de una familia mapuche – tehuelche en sus propias tierras en la Patagonia.
El pasado 7 de septiembre, el presidente del INAI, Claudio Avruj, anunció la firma de un convenio de cooperación con el presidente del INASE, Martín Famulari, promoviendo una agenda con “la mirada puesta en las comunidades originarias”. Paradójicamente, el propio Famulari está involucrado en la adquisición irregular del territorio habitado por la comunidad Mapuche Tehuelche Catriman Colihueque, en la zona de Laguna El Martillo, cerca del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.
Dos meses antes de la polémica foto, Avruj – a pedido de Famulari y sus socios- firmó una resolución para poner en revisión el relevamiento territorial de la Comunidad Catriman Colihueque.
Las raíces del conflicto
Durante décadas, Isabel Catriman habitó el territorio junto a sus hijos Gloria e Hipólito Ernesto Colihueque, y su primo Gregorio Cayulef. En el lugar, la familia construyó su vivienda, levantó corrales, crió ganado y consolidó una economía de subsistencia. Además, Isabel se dedica a la venta de lana hilada por ella misma y el tejido artesanal, un oficio tradicional heredado de su madre.
A lo largo de los años, debieron enfrentar reiteradas adversidades naturales, viviendo cada verano en alerta ante la amenaza de los incendios forestales. En 2008, el fuego arrasó con más de 700 hectáreas del bosque milenario. “Perdimos todo: los animales y la casa; mi hermano estaba allí en ese entonces”, relata con dolor Gloria Colihueque, quien además atravesó la trágica pérdida de su hermano.
Meses después de aquel incendio, la erupción del volcán chileno Chaitén cubrió el territorio con una espesa capa de cenizas. A pesar de la devastación, la familia resistió y volvió a levantar su ruca (casa), restauró el bosque nativo y reanudó sus labores de subsistencia.
Pero, en 2020 Martín Famulari, Alicia Bordas -esposa del exprocurador de la provincia de Chubut, Eduardo Samamé- y Sayi Serra, integrante de la familia del poderoso grupo empresarial Serra S.R.L, adquirieron una presunta titularidad de las tierras que la anciana tanto había cuidado. En marzo de ese año, según el testimonio de la propia Isabel, llegaron a su vivienda dos personas que se presentaron como Alejandro Samamé -hijo de Bordas e integrante de la Sociedad Rural de Esquel- y Nahuel Serra -hermano de Sayi-, quienes afirmaron ser los nuevos propietarios del campo.
Con el aval del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IACyFR) de Chubut -organismo provincial responsable de la administración de tierras fiscales-, los tres adquirentes privados compraron las tierras con la familia indígena viviendo en su interior. En el momento de la transacción, Famulari se desempeñaba con funciones en el Área de Análisis Económico de la Dirección Nacional de Agricultura del entonces Ministerio de Agricultura de la Nación. Esta situación evidencia una marcada asimetría de poder, ya que la normativa prohíbe la venta de tierras fiscales a funcionarios públicos o sus familiares, condición que consta en publicaciones oficiales del propio organismo nacional.
Por otra parte, la transacción se realizó omitiendo la intervención de la Comisión de Tierras, un trámite exigido por la Ley I Nº 157 de Chubut para los casos de ocupaciones indígenas en predios fiscales. A pesar de que la comunidad argumentó esta irregularidad para solicitar la nulidad de la venta, la Fiscalía de Estado provincial dictaminó en 2026 que dicha ausencia no invalidaba el acto administrativo por considerar que la cadena de adjudicaciones ya estaba “consolidada”. Del mismo modo, el dictamen omitió evaluar la incompatibilidad derivada de la función estatal que ejercía Famulari.
Irregularidades
Desde la irregular venta, la tranquilidad de la familia mapuche se vio interrumpida. Los privados construyeron una vivienda a pocos metros de la casa de Isabel y destinaron allí a dos peones que, desde su llegada, insultan y amenazan a los integrantes de la comunidad.
A pesar del hostigamiento constante y los intentos de despojo, la comunidad mantuvo su resistencia. En este contexto, Gloria y Gregorio fueron acusados y llevados a juicio en 2021 por el supuesto delito de “amenazas agravadas por el uso de armas”. Sin embargo, la inconsistencia de la acusación quedó al descubierto durante el proceso judicial, concluyendo con la absolución de ambos.
A su vez, ante las constantes denuncias por episodios de violencia y agresiones contra la anciana, una jueza de familia dictó en múltiples ocasiones medidas cautelares de protección. No obstante, según sostiene la propia familia, dichas órdenes han sido violadas sistemáticamente por los peones sin que se registren sanciones.
El nivel de amedrentamiento sumó un nuevo capítulo el 11 de febrero de 2025, cuando Isabel y Gregorio fueron víctimas de un violento operativo policial en su propio territorio. El procedimiento se ejecutó en el marco de la investigación por un presunto “atentado incendiario” en la estancia Amancay, ubicada en Trevelin, Chubut. Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad amedrentaron a ambos ancianos -considerando que Isabel padece problemas severos de visión y movilidad reducida- y les extrajeron muestras de ADN de manera compulsiva. Pese al despliegue mediático generado en torno al hecho, las sospechas contra la anciana se desmoronaron al poco tiempo por falta de sustento.
Desamparo estatal
En 2023, el INAI había aprobado la carpeta técnica del relevamiento territorial amparado en la Ley Nacional 26.160, reconociendo oficialmente la presencia histórica y pública de la familia Catriman Colihueque.
El 28 de octubre de 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut desestimó un recurso de queja presentado por Alejandro Samamé y Nahuel Serra, en un interdicto de retener posesión relacionado con las tierras indígenas en el Lote 5 “Laguna El Martillo”.
Sin embargo, mediante la reciente Disposición 4/2026, el propio INAI reabrió el expediente a pedido de Famulari y sus socios, dejando en suspenso la delimitación del territorio tras dar lugar a un recurso que alegaba la falta de participación de los titulares registrales en el trámite original, una nueva excusa que se repite desde la asunción de Javier Milei para beneficiar a empresarios, y por lo visto ahora, a los propios funcionarios de la gestión ultraliberal.
Ante esto, Isabel y su hija Gloria interpusieron un recurso de reconsideración contra la resolución del INAI. Al momento de esta publicación, no han obtenido ninguna respuesta del organismo nacional.
Conflicto de intereses
Mientras la Fiscalía de Chubut valida la adjudicación privada y el INAI revisa los derechos de la comunidad, crecen las sospechas de tráfico de influencias y violación del principio de imparcialidad estatal.
Sonia Ivanoff, abogada defensora de la comunidad, advirtió públicamente sobre las implicancias de esta alianza institucional:
“Como abogada de la Comunidad Catriman Colihueque, advierto que esta reunión no puede desvincularse del conflicto territorial actualmente judicializado. Martín Famulari, presidente del INASE, es codemandado en la causa promovida por la comunidad y aparece en actuaciones del IACyFR como beneficiario de una cesión y adjudicación sobre tierras que Isabel Catriman y su Lof reivindican.
La imagen no prueba por sí sola una irregularidad, pero plantea un conflicto objetivo que exige transparencia. El INAI debe publicar el convenio, informar si Famulari solicitó revisar el relevamiento territorial de la comunidad y garantizar que no tendrá acceso privilegiado ni intervención en las decisiones del caso.
El organismo encargado de proteger los derechos indígenas debe actuar con imparcialidad, consultar a la comunidad y resguardar su relevamiento territorial. No puede existir cooperación institucional a espaldas de quienes podrían resultar directamente afectados”.
