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Puente Quemado II: la comunidad Mbya Guaraní resiste los despojos

A través de un comunicado, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) aclaró la situación en el territorio indígena, diferenciando el conflicto judicial con un empresario maderero local del acuerdo por servicios básicos alcanzado con la firma Arauco Argentina S.A.

La Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, ubicada en la localidad de Garuhapé, Misiones, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras sufrir una serie de hechos de violencia e intentos de desalojo en su territorio ancestral. Frente a la cobertura de los últimos días, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) emitió una nota pública para rectificar versiones erróneas que unificaban dos problemáticas independientes que ocurren dentro de las tierras relevadas por la Ley de Emergencia Territorial Indígena N.º 26.160.

El conflicto con el maderero Ruff: desalojo irregular y amenazas

El primer foco de conflicto involucra al empresario maderero Alfredo Ruff, relacionado con un procedimiento llevado a cabo el pasado 28 de julio, mediante el cual se desalojó a la comunidad. Este operativo fue severamente cuestionado por presentar graves irregularidades. Pocos días después, el fiscal interviniente dictaminó que la medida debía ser revocada y solicitó al juez la revisión del fallo, al recordar que el caso abarca derechos indígenas protegidos por la Constitución Nacional y convenios internacionales.

Ante la inacción del Estado y la falta de soluciones efectivas, las familias de la comunidad decidieron reingresar de manera organizada y pacífica al sector del territorio del que habían sido expulsadas. Desde EMIPA informaron que, durante esta recuperación territorial, Ruff se presentó en el lugar profiriendo insultos y amenazas explícitas: “Vamos a seguir trabajando y, si hay que empujar con máquinas, vamos a empujar con máquinas”.

Pese a los intentos de los integrantes Mbya Guaraní por dialogar y exponer la preexistencia étnica y legal reconocida por el Convenio 169 de la OIT, la tensión persiste y la comunidad se mantiene firme dentro de sus tierras.

En este contexto, el mburuvicha (cacique) de Puente Quemado II, Santiago Ramos, denunció públicamente que teme por su vida y por la integridad física de las familias, niños y niñas del territorio tras recibir amedrentamientos directos. La autoridad tradicional relató que las amenazas se intensificaron luego de que Ruff se presentara en el lugar acompañado por un grupo de personas armadas para intimidarlos.

Ante esta situación de extrema vulnerabilidad y riesgo inminente, Ramos responsabilizó a la Justicia y al Gobierno provincial de Misiones, exigiéndoles una intervención urgente para resolver de forma definitiva el conflicto territorial en el marco de la Ley N.º 26.160: “La solución está en las manos del Estado provincial y la Justicia”, expresó.

La relación con Arauco: acuerdos básicos sin Consulta Previa

El segundo caso corresponde a la disputa con la empresa multinacional forestal Arauco. El 31 de julio se realizó una mesa de diálogo entre representantes de la firma, la comunidad y organismos del Estado. En dicho encuentro se acordó la realización de una perforación para agua potable, la instalación de paneles solares y el tendido eléctrico.

Sin embargo, la asesora jurídica de la comunidad, la abogada Roxana Rivas, aclaró de forma expresa en el acta que esta reunión no constituyó en términos jurídicos una Consulta Previa, Libre e Informada, ya que los Mbya no contaron con la información previa requerida para ejercer ese derecho fundamental.

“Los lotes de Ruff no tienen nada que ver con el acuerdo que se hizo el viernes. La noticia del Gobierno fue incorrecta y con intención de confundir. Con Arauco se garantizó el agua y la Provincia los paneles solares. Con Ruff no hubo acuerdos”, enfatizó Rivas para desmentir publicaciones oficiales que mezclaron ambas situaciones. Desde EMIPA remarcaron que no debe interpretarse la provisión de servicios básicos por parte de Arauco como una resolución de la cuestión territorial de fondo, ni como un consentimiento sustitutivo de la Consulta Previa.

Foto: Gentileza EMIPA

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