Mientras cientos de familias campesinas reclaman una intervención del Gobierno de Misiones frente al conflicto territorial con la multinacional forestal Arauco, nuevos testimonios describen detenciones, golpes, amenazas, viviendas incendiadas, animales heridos y muertos, herramientas y pertenencias secuestradas y familias que viven con miedo a perderlo todo. Saúl Lindao, productor de Puerto Argentino 2, denunció que fue reducido hasta perder el conocimiento mientras trabajaba en su chacra y que posteriormente un policía lo amenazó para que no contara lo ocurrido ni fuera al hospital.
Texto y fotos: Clarisa Neztor/ XR Misiones
Lo que sucede en las colonias rurales de San Pedro representa la cara real del extractivismo forestal en Misiones. Mientras las familias continúan reclamando respuestas y mantienen un acampe frente a la Municipalidad, aparecen nuevos testimonios sobre procedimientos realizados en las chacras que describen un escenario de violencia cada vez más preocupante. Esto conlleva a un conflicto más profundo que es la enorme concentración territorial alcanzada por Arauco en Misiones y un modelo forestal que durante décadas contó con promoción, incentivos y vínculos permanentes con el poder político provincial.
Arauco está presente en Misiones desde 1996 y se convirtió en el principal actor del sector forestal y en uno de los mayores propietarios privados de tierra de la provincia. Su expansión territorial acompañó el crecimiento de un modelo basado en grandes extensiones de monocultivos de pino y eucalipto destinados a abastecer la industria forestal. En una provincia donde existen cientos de miles de hectáreas de bosques implantados, la empresa llegó a concentrar por sí sola más de 230.000 hectáreas.
Esa dimensión permite entender la desigualdad que atraviesa el conflicto actual. De un lado aparecen familias que necesitan unas pocas hectáreas para plantar mandioca, maíz, poroto, sandía o zapallo, criar animales y sostener a sus hijos. Del otro, una multinacional que controla una superficie extraordinaria, posee recursos jurídicos, económicos y logísticos incomparables y mantiene una relación institucional permanente con las máximas autoridades provinciales.
Productores de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita, San Juan Bosco y otros parajes denuncian desde hace semanas detenciones, golpes, amenazas, secuestro de herramientas y motocicletas, viviendas incendiadas, cultivos destruidos y animales muertos, desaparecidos o heridos. En el centro del conflicto se encuentra Arauco Argentina, la multinacional forestal chilena y uno de los mayores propietarios privados de tierras de Misiones.
El relevamiento comenzó con unas 123 familias, pero las organizaciones que acompañan el reclamo estiman que el conflicto podría alcanzar a alrededor de 300 grupos familiares y más de mil personas.
Saúl Lindao: “Cuando desperté estaba esposado”
Saúl Lindao vive en Puerto Argentino 2 y forma parte de las familias campesinas de una zona que comprende 2500 hectáreas, donde ellos hacen uso de 200. Según relató, alrededor de las diez de la mañana del día miércoles 19 de agosto se encontraba trabajando en los canteros de su chacra cuando llegaron efectivos de la Policía de Misiones acompañados por dos oficiales de Arauco, llamados los verdes por su vestimenta.
Lindao asegura que los representantes de la empresa llevaban machetes, mientras que los policías portaban distintas armas de fuego, entre ellas escopetas, ametralladoras y una pistola 9 milímetros.
De acuerdo con su testimonio, los efectivos le preguntaron si podían revisar el campamento y su vivienda. Lindao respondió que no autorizaría el ingreso sin una orden judicial. Los propios policías, afirma, reconocieron que no tenían una orden de allanamiento.
La negativa desencadenó en una situación extremadamente violenta. Lindao sostiene que personal vinculado a Arauco insistió en que el terreno pertenecía a la empresa y que, mientras permanecía en la puerta de su casa, policías se acercaron por detrás y lo ahorcaron hasta hacerle perder el conocimiento.
“Cuando desperté estaba esposado”, recuerda.
El productor denuncia que recibió golpes de puño en el abdomen, rodillazos y golpes en la espalda, que fue arrojado al suelo y nuevamente golpeado después de recuperar el conocimiento. Posteriormente fue trasladado a la comisaría. Allí, según cuenta, le realizaron un pedido de antecedentes, lo encerraron y le informaron que existía una causa vinculada al conflicto por la propiedad. Afirma que en un momento le comunicaron que recuperaría la libertad, pero que posteriormente volvió a ser introducido en un calabozo.
Lindao sostiene que al retirarse no recibió documentación que explicara formalmente el procedimiento ni constancia de los elementos que habían sido retirados. Entre sus pertenencias, denuncia que le quitaron el carnet y la cédula de conducir, una tarjeta de Mercado Pago y una motocicleta Honda Titan KS 125. También asegura que al regresar a su vivienda encontró el interior revuelto, mercadería tirada en el piso y que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para el apeo y el trabajo rural.
Lindao vive acompañado por una perra pitbull a la que describe como su compañera cotidiana. Durante el arresto los policías efectuaron disparos con proyectiles de goma contra el animal. También afirma que otros dos perros recibieron gas pimienta y patadas. Cuando regresó, su perra estaba herida y rengueaba de una pata.
La violencia contra los animales aparece repetidamente en los testimonios de las familias de San Pedro. Los productores vienen denunciando perros heridos, animales de cría muertos o desaparecidos y episodios en los que encontraron sus chacras destruidas después de haber sido retirados del lugar.
Para quienes viven de pequeñas explotaciones rurales, los animales constituyen una compañía, alimento, reproducción y parte de la economía doméstica. Atacarlos afecta directamente las condiciones materiales y emocionales de las familias que habitan el territorio. El productor afirma que sentía fuertes dolores por los golpes y decidió dirigirse al hospital para ser examinado. Antes de hacerlo, según denuncia, un policía de apellido Fariña lo habría amenazado para que no llorara, y no relatara que había sido ahorcado durante la detención. Lindao asegura que la amenaza le provocó tal temor que, aunque finalmente llegó hasta un centro médico, no pudo contar lo que había sucedido ni permitir que lo revisaran adecuadamente por las lesiones que denunciaba.
“Me dio pánico contar la verdad”, explicó.
Hoy dice sentirse amenazado y psicológicamente afectado. Su temor no se limita a lo que pueda sucederle individualmente. Lo relaciona con lo que atraviesan otras familias de las colonias: casas incendiadas, animales muertos, disparos contra perros y cerdos, herramientas y galpones quemados y familias con niños obligadas a abandonar los lugares donde viven.
Todas estas acusaciones requieren una investigación independiente. Especialmente la denuncia de violencia policial y la amenaza posterior para impedir una constatación médica, Estos son hechos de violencia institucional y un intento de impedir que quedaran documentadas sus consecuencias.
Ángel Rivero: otra detención en las chacras
Lindao cuenta que fue precisamente durante su permanencia en la comisaría cuando se enteró de que Ángel Rivero también había sido detenido. Según los productores, el día anterior Rivero se encontraba limpiando un sector de tierra para plantar zapallos cuando ingresó la Policía y lo trasladó a la dependencia policial. Las organizaciones que acompañan a las familias sostienen que la detención ocurrió sin que se le exhibiera una orden judicial.
La producción en la que trabajaba Rivero, estaba destinada al cultivo de zapallo con acompañamiento técnico del INTA y posterior comercialización. Su detención provocó nuevas protestas y terminó acelerando la movilización de las familias hacia el centro de San Pedro.
La coincidencia de ambos productores dentro de la dependencia policial muestra hasta qué punto la judicialización dejó de ser una cuestión abstracta para las colonias. Quienes salen cada mañana a limpiar un terreno, plantar tabaco, preparar canteros o cultivar zapallos dicen hacerlo sin saber si regresarán esa noche a sus casas.
“Vivimos con miedo”
Ese miedo atraviesa también el testimonio de otro campesino de la zona, conocido como “el Paisa”, quien vive en la colonia San Juan Bosco. Su relato permite comprender una dimensión del conflicto que difícilmente aparece en un expediente judicial: la manera en que la incertidumbre territorial modifica la vida cotidiana de una familia.
El Paisa vive de lo que produce en la chacra. Planta zapallo, maíz, poroto, sandía y otras verduras. Tiene un hijo con discapacidad cuya alimentación requiere, según explica, una dieta en la que las verduras tienen un lugar fundamental. En un contexto de pobreza creciente, cultivar sus propios alimentos no constituye para él una elección de estilo de vida sino una necesidad.
Por eso explica el conflicto en términos muy concretos: necesita permanecer en la tierra porque necesita producir comida para su familia.
Denuncia que Arauco busca avanzar sobre las tierras donde viven los campesinos y describe a la empresa en términos extremadamente duros. Para él, la violencia que asegura haber experimentado hace que las familias se sientan completamente desprotegidas. Sostiene que recurrir a las instituciones tampoco les ofrece seguridad, porque existe entre los productores el temor de que reclamar termine derivando en nuevas causas o detenciones.
El año pasado, su propia vivienda fue incendiada por la empresa Arauco en complicidad con la policía de Misiones. Después del incendio reconstruyó su casa con el dinero obtenido trabajando en la tarefa, una de las labores rurales más exigentes y peor remuneradas de la economía misionera. Con esos ingresos volvió a levantar un lugar donde vivir y continuó plantando zapallo, maíz, poroto y sandía. Pero el miedo nunca desaparece.
El temor de que una casa arda con los niños adentro
En las colonias, el fuego adquirió un significado que excede ampliamente el daño material. Después de las viviendas incendiadas denunciadas durante los últimos años y de los seis casos relevados en el conflicto actual, las familias aseguran vivir con el temor permanente de que un incendio ocurra mientras alguien se encuentra dentro. El Paisa lo expresa desde una preocupación particularmente dolorosa: los niños.
Afirma que las familias temen que alguna vivienda sea incendiada con niños y la familia en su interior y que la reiteración de episodios de fuego convirtió ese riesgo en parte de su vida cotidiana. Las familias denuncian además que en episodios anteriores hubo personas que debieron retirarse rápidamente de los lugares junto con sus hijos.
El miedo transforma rutinas elementales. Ir a trabajar, dejar la vivienda unas horas, permitir que los niños permanezcan en la chacra o alejarse para comprar alimentos deja de ser algo cotidiano cuando existe la sensación de que, al regresar, la casa puede haber desaparecido. El Paisa también sostiene que los incendios benefician posteriormente a la expansión de las plantaciones forestales por los mecanismos legales que permitirían extender durante décadas el uso forestal de terrenos afectados por fuego.
Vivir entre chacras y monocultivos
La mirada de los productores sobre Arauco tampoco se limita a la propiedad.
Las familias campesinas describen una diferencia que para quienes viven allí resulta visible todos los días. En las colonias campesinas se observan cultivos diferentes, árboles, animales y una biodiversidad asociada a las pequeñas producciones. En los grandes pinares, en cambio, existe un paisaje uniforme y sin biodiversidad, donde se encuentran animales muertos debido a la aplicación de agrotóxicos en los pinares los primeros años de crecimiento, como así también la contaminación del agua y el suelo.
La preocupación ambiental de las familias coincide con una discusión científica mucho más amplia sobre las consecuencias ecológicas de reemplazar ecosistemas biodiversos por plantaciones forestales intensivas.
Una plantación industrial de pino no es equivalente a la selva misionera. Investigaciones desarrolladas por científicos del CONICET y la Universidad Nacional de Misiones demostraron que las plantaciones intensivas de Pinus taeda modifican las condiciones ambientales, reducen la luz disponible en el sotobosque y pueden dificultar el establecimiento de especies vegetales nativas. Otros estudios realizados en Misiones encontraron modificaciones en la biodiversidad y composición de aves y mamíferos en paisajes forestales, especialmente cuando las plantaciones se encuentran alejadas de grandes remanentes de bosque nativo.
Para las familias de San Pedro, sin embargo, el impacto no se expresa en indicadores científicos sino en una experiencia mucho más directa: sienten que las chacras donde cultivan diferentes alimentos están siendo desplazadas por un paisaje dominado progresivamente por una única especie destinada a una cadena industrial.
La disputa por la tierra es, al mismo tiempo, una disputa entre formas profundamente diferentes de habitarla.
El monte también se convirtió en un negocio
Parte de los territorios en disputa conserva monte nativo, y eso incorpora otra dimensión al conflicto. Durante décadas, la concentración de tierras estuvo asociada principalmente a la expansión de los monocultivos de pino y eucalipto. Hoy el bosque en pie también adquirió valor económico a través de los mercados de carbono.
Arauco forma parte de ese nuevo escenario. En 2024 la empresa adhirió formalmente al programa jurisdiccional REDD+ de Misiones, que permite convertir reducciones verificadas de emisiones por deforestación y degradación evitadas en créditos de carbono comercializables. La propia compañía declara además más de 118.000 hectáreas de áreas naturales dentro de su patrimonio argentino.
Para Arauco el monte nativo también puede adquirir valor financiero por el carbono que almacena. Para las familias campesinas, en cambio, ese mismo monte forma parte del territorio donde viven, producen alimentos y sostienen su vida cotidiana.
Allí aparece el riesgo de lo que se conoce como “acaparamiento verde”: que mecanismos creados bajo el discurso de enfrentar la crisis climática terminen aumentando el valor y el control empresarial sobre territorios habitados por comunidades rurales. La contradicción es profunda: una empresa vinculada a un modelo de monocultivo industrial puede incorporar el bosque nativo a sus estrategias de carbono mientras las familias que viven junto a ese monte denuncian detenciones, violencia y presión para abandonar sus tierras. Así, la disputa de San Pedro muestra que el acaparamiento territorial ya no necesariamente necesita desmontar el bosque porque también puede apropiarse de su valor ambiental y convertirlo en un activo financiero.
Cuando lo público y lo privado se encuentran en el territorio
Uno de los aspectos más delicados del conflicto es precisamente la frontera entre los intereses privados de Arauco y el funcionamiento de las instituciones públicas.
Las familias de San Pedro no solamente reclaman frente a Arauco. Desde hace semanas buscan respuestas del propio Gobierno de Misiones, especialmente de la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, el organismo provincial que interviene directamente en los procesos de regularización dominial y cuya conducción está a cargo de Daniel Behler. Fue precisamente Behler quien recibió en Posadas a representantes de las más de 120 familias que denunciaron detenciones y agresiones a las personas y sus viviendas. Behler está a cargo del área provincial encargada de garantizar una salida política y territorial pero parte sistemáticamente del reconocimiento de Arauco como propietaria y coloca a quienes viven y producen sobre esas tierras en la categoría de ocupantes o usurpadores. Esto condiciona desde el comienzo cualquier posibilidad de negociación y termina reforzando una desigualdad ya enorme entre las partes.
El Gobierno de Misiones debe garantizar que el área de Tierras actúe como organismo público y no como simple certificador de la posición registral de una multinacional; debe investigar el accionar policial denunciado, transparentar cualquier servicio adicional prestado a Arauco y abrir una instancia real de regularización que contemple el arraigo, el trabajo y las condiciones de vida de las familias. Esta situación permite observar con mayor claridad cómo funciona el conflicto en San Pedro. Arauco concentra un enorme poder económico y territorial, mientras la Policía interviene en procedimientos que afectan directamente a las familias campesinas. Cuando esas mismas familias recurren al área provincial de Tierras buscando protección, regularización y una solución al conflicto, se encuentran con respuestas insuficientes y la disputa continúa.
La actuación de Behler como cómplice estatal del acaparamiento de tierras debe entenderse dentro de una estructura institucional que termina reproduciendo la enorme desigualdad entre una multinacional que concentra cientos de miles de hectáreas y familias campesinas que reclaman unas pocas hectáreas para vivir y trabajar.
Los campesinos describen procedimientos donde policías llegan acompañados por personal que identifican como perteneciente a Arauco. Durante la movilización del 19 de agosto, manifestantes afirmaron además haber observado una camioneta de la empresa saliendo de la Comisaría Primera de San Pedro con efectivos policiales en su interior. La desigualdad económica entre las partes es enorme. Una familia campesina dispone de su chacra, sus herramientas y, en el mejor de los casos, asistencia de organizaciones sociales o abogados. Arauco dispone de una estructura empresarial internacional, equipos jurídicos, personal, vehículos, recursos económicos y canales institucionales de interlocución con el Estado. Si a esa desigualdad se suma una utilización de las fuerzas públicas que las familias perciben como alineada con los intereses de la compañía, el conflicto deja de desarrollarse entre partes con capacidades comparables.
La tierra como condición para expandir el monocultivo
El modelo forestal necesita grandes extensiones y continuidad territorial para sostener plantaciones industriales de pino y eucalipto y abastecer a gran escala la cadena del agronegocio forestal. En Misiones, ese proceso de concentración avanzó durante décadas sobre un territorio que nunca estuvo vacío. Allí ya vivían familias campesinas, pequeños productores y comunidades mbya guaraní que desarrollaban otras formas de producción y de relación con el monte. Por eso resulta tan significativa la reiteración de denuncias sobre destrucción de cultivos, muerte de animales, incendios de viviendas y desaparición de herramientas. Si esos hechos son investigados de manera aislada, aparecen como daños materiales independientes. Observados desde la realidad de una chacra campesina, producen un resultado mucho más profundo: destruyen las condiciones que permiten permanecer en el territorio.
La expansión del agronegocio forestal en Misiones fue promovida durante décadas como política de desarrollo mediante incentivos, infraestructura y decisiones estatales que favorecieron la consolidación de grandes plantaciones.
Los monocultivos de pinos no son bosques y no reemplaza ecológicamente al monte nativo, sino todo lo contrario, porque se destruye la biodiversidad para que el monocultivo avance. La expansión del monocultivo transforma simultáneamente el ecosistema y la estructura social del territorio.
Por eso discutir el modelo territorial que construyó Misiones durante las últimas décadas, quiénes se beneficiaron de ese proceso y quiénes están pagando actualmente sus costos es importante para el futuro de las nuevas generaciones.
San Pedro vuelve visible una estructura que lleva décadas funcionando
Lo ocurrido estas semanas permite observar algo que normalmente permanece disperso entre causas judiciales, comisarías y pequeños parajes rurales. Arauco no es simplemente una empresa que circunstancialmente entra en conflicto con algunas familias. Es uno de los mayores actores territoriales de Misiones, inserto en un modelo forestal promovido durante décadas y con capacidad permanente de interlocución con las máximas autoridades provinciales.
La presencia simultánea de personal que los productores identifican como perteneciente a Arauco y efectivos de la policía de Misiones.No es la primera vez que esta relación genera cuestionamientos en San Pedro. En abril de 2025 se documentaron procedimientos donde policías que prestaban servicio adicional para Arauco brindaban cobertura a guardabosques de la empresa durante intervenciones en tierras disputadas. Ahora las familias vuelven a describir operativos en los que aparecen ambos actores.
Cuando en un conflicto entre una multinacional y familias campesinas interviene una fuerza estatal, cada actuación debe ser transparente y jurídicamente trazable. De lo contrario, la enorme desigualdad económica existente entre las partes corre el riesgo de transformarse también en desigualdad frente al Estado.
Perderlo todo y empezar otra vez
Una familia campesina no pierde solamente un inmueble cuando su casa se incendia. Pierde colchones, ropa, documentos, alimentos almacenados, herramientas, semillas, muebles y recuerdos. Cuando también pierde animales y cultivos, desaparecen al mismo tiempo su vivienda y su fuente de sustento. En San Pedro no existen políticas públicas que protejan a las familias rurales. Sino que el miedo se convirtió en una condición cotidiana de vida.
Las familias rurales reclaman poder trabajar, cultivar, que sus animales estén a salvo y que sus hijos puedan permanecer dentro de sus casas sin miedo. Y reclaman algo que en cualquier Estado de derecho debería ser elemental: que una disputa sobre la propiedad de la tierra jamás sea resuelta mediante el terror de quienes la habitan.
Dos formas completamente distintas de utilizar el territorio.
Las chacras campesinas producen alimentos y sostienen economías familiares. El modelo de Arauco requiere grandes extensiones destinadas principalmente a plantaciones industriales de pino y eucalipto que abastecen la cadena del agronegocio forestal.
El conflicto por la tierra ocurre entonces dentro de una provincia donde la concentración territorial y el monocultivo forestal constituyen parte fundamental de una política económica promovida durante décadas.
