El 13 de agosto, la Justicia de la provincia de Chubut, con el juez Jorge Criado a cargo, decidió extender por un año la investigación contra “Vic” Núñez Fernández, a pedido de los fiscales María Bottini e Ismael Cerda. A Núñez Fernández se le atribuye la presunta coautoría en el incendio de maquinarias de la Estancia Amancay, en Trevelin, así como su participación en una supuesta “asociación ilícita”. Sin embargo, en un año y medio de proceso, la fiscalía no ha presentado pruebas concretas en su contra.
El hecho investigado, un ataque incendiario a las máquinas de la localidad cordillerana, ocurrió el 19 de enero de 2025 días después del desalojo del Lof Pailako, en las cercanías del Parque Nacional Los Alerces. Tres semanas más tarde, la respuesta estatal no se hizo esperar: fuerzas provinciales y federales desplegaron más de una decena de allanamientos simultáneos contra comunidades Mapuche-Tehuelche de la cordillera en Chubut. Violando la garantía de presunción de inocencia y desplegando todo su poder mediático, funcionarios nacionales y provinciales celebraron el despliegue del Comando Unificado y condenaron públicamente a integrantes de las comunidades.
Estos operativos se enmarcan a una narrativa que se repite cada verano: mientras la crisis climática y los incendios forestales devoran los bosques y pinares de la cordillera, el poder político y económico intenta buscar un chivo expiatorio en los pueblos Mapuche Tehuelche. Para las comunidades, la consolidación del modelo extractivista exige “territorios vacíos”, y, en este marco, la reivindicación identitaria y territorial representa un estorbo para los grandes intereses económicos. Por eso, “se quiere imponer en el imaginario social la idea del mapuche terrorista”, denuncian.
En ese marco el Poder Judicial de la Provincia de Chubut sostiene la “causa Amancay”. Aunque se investiga a más de 60 personas del pueblo Mapuche Tehuelche, Núñez Fernández es la única persona imputada. Transcurridos 18 meses, el Ministerio Público Fiscal sigue con las manos vacías, y aún no ha reunido pruebas que vinculen a Vic -ni ninguna de las personas que sufrieron los operativos- con el atentado incendiario.
Desvincular a Vic de la causa significaría admitir que toda la pirotecnia política, mediática y judicial fue un montaje carente de sustento.
Una acusación que se cae a pedazos
Durante la última audiencia, la defensora pública Valeria Ponce solicitó el sobreseimiento definitivo de Núñez Fernández y expuso el vacío de la acusación a través de datos demoledores como:
El vehículo equivocado: La hipótesis central se apoyaba en una camioneta Renault Kangoo propiedad de Núñez. Sin embargo, los peritajes sobre las cámaras de seguridad demostraron que el vehículo captado en la escena era un Fiat Fiorino.
La descarga de datos del GPS de la Kangoo (peritaje realizado por la firma Digisystem y aceptado por la propia Fiscalía) confirmó que el vehículo estaba en la localidad de Corcovado al momento del incendio. Múltiples testimonios ratificaron que Vic se encontraba allí participando de un encuentro de medicina ancestral.
La Fiscalía insiste en mantener el cargo de asociación ilícita, una figura jurídica que exige legalmente un mínimo de tres integrantes. Sin embargo, la causa tiene solo una imputada.
Pese a la contundencia de estos elementos, la fiscalía justificó la prórroga argumentando medidas pendientes tan débiles como la espera de datos por parte de la red social Meta -respuestas que raramente llegan a la justicia local- o peritajes de celulares pendientes. Aceptando este argumento, el juez Jorge Criado -quien participó de forma virtual- descartó los elementos presentados por la defensa pública y le otorgó a la fiscalía 365 días más para intentar sostener lo insostenible.
Las verdaderas razones de la persecución
Para Vic, la criminalización de los integrantes de Pueblos Indígenas y de quienes los acompañan está relacionada con un reordenamiento geopolítico mundial que incluye la disputa por los bienes naturales. “Quieren utilizarlo para avanzar sobre los territorios indiscriminadamente; el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada está en sintonía con este contexto. Y como no tienen razones, hablar de ‘asociación ilícita’ es una forma de apuntar a las comunidades mapuche: quieren formalizar la idea del “Mapuche terrorista” para avanzar sobre sus territorios. No podemos permitir que se naturalicen estas acusaciones”. En su análisis, el patrón traspasa a las comunidades: “es la misma criminalización que sufren los asambleístas socioambientales, como los vecinos de Mendoza procesados por defender el agua o quienes marcharon en el ‘Chubutazo’, que enfrentan condenas y hasta prisión domiciliaria por ejercer el derecho a la protesta”.
Pero con el paso del tiempo el relato oficial comienza a agrietarse. Sectores de la sociedad que antes daban por verdaderas las acusaciones del gobernador Ignacio Torres o de la ex ministra de seguridad, Patricia Burrllich, hoy empiezan a dudar. La coincidencia entre los acusadores y sus intereses económicos resulta inocultable: quienes estigmatizan a las comunidades Mapuche-Tehuelche son los mismos sectores políticos que impulsaron proyectos para derogar la Ley de Manejo del Fuego -norma que prohíbe la venta o el cambio de uso comercial de tierras incendiadas por hasta 60 años- y que intentaron dar de baja la Ley de Tierras para abrirle paso a la extranjerización ilimitada.
Se trata de los mismos actores que promueven marcos de incentivo a las grandes inversiones extractivas (como el RIGI y el super RIGI), garantizando la entrega de los bienes naturales sin el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas. Este actuar vulnera de forma directa el Convenio 169 de la OIT -de rango constitucional en el país-, mientras el Estado argentino continúa en deuda histórica al postergar la regularización de la propiedad comunitaria indígena, consolidando la desprotección al servicio del despojo.
La detención de Vic
En comunicación con infoterritorial, Vic relata cómo fue su detención. Con las primeras luces del 11 de febrero de 2025, más de 100 efectivos encapuchados y con armas largas irrumpieron en el Lof Pillan Mawiza. Por aquellos días, la comunidad albergaba a los participantes de un encuentro de medicina ancestral. “Me tiraron al piso, nos tuvieron boca abajo durante las primeras horas. Realmente se creían que estaban yendo a enfrentarse contra el terrorismo, pero con el paso de las horas creo se les fue cayendo esa idea porque todos teníamos otra actitud, en calma”, relató Vic sobre el operativo que comenzó con agresiones a los integrantes de la comunidad, “entre ellos un anciano que fue golpeado y sometido en el piso durante horas”.
Vic resume el allanamiento como un montaje mediático: “Moira Millán exigió que nos sacaran las esposas y nos levantaran del piso, ya estábamos pasades de frío. En ese momento me enteré de que me iban a detener. Nos hicieron entrar a la casa, me entregaron un acta incompleta que autorizaba el uso de la fuerza para la extracción de ADN y me realizaron el hisopado. Al salir vi a un hombre con una cámara grabando y me acordé del desalojo de Lof Pailako que lo usaron como set de filmación para hacer propaganda.”
La percepción de Vic, fue rápidamente confirmada. Desde ese momento, la causa penal funcionó como parte de una campaña de estigmatización y racismo, en un contexto donde los incendios forestales, que se reiteran cada verano en los bosques patagónicos, azotaban a la par de la precarización y desmantelamiento de los dispositivos estatales para prevenirlos y combatirlos.
Los registros de video tomados durante la detención fueron utilizados por altos funcionarios, entre ellos la actual senadora y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Difundió mi imagen en medios llamándome “pseudomapuche” y “terrorista incendiaria”, recuerda Vic.
Una semana en la comisaría
Mientras la noticia empezaba a circular a nivel nacional se realizaba el traslado de Vic a la comisaría N° 1 de Esquel, a 90 km. de su comunidad. Los días de detención en esta comisaría evidenciaron la violencia institucional del sistema punitivo. “En el fondo de un pasillo está el calabozo que tiene doble reja gruesa. Cuando entrás, la primera parte es un cubículo todo oscuro. Y a la izquierda está otra puerta, que está tapada con una mirilla. Esa es la celda. Tiene un banco de concreto con un colchón, y a menos de dos metros está el inodoro, relata Vic aclarando que nunca había atravesado una detención.
Vic permaneció en una celda húmeda, sin agua corriente ni condiciones mínimas de higiene, soportando a una luz blanca encendida las 24 horas que le hizo perder la noción del tiempo: “Estuve una semana, creo; no recuerdo exactamente cuánto. Pensé que habían pasado como dos días desde la detención a la audiencia y había pasado menos de uno. Me dormía y cuando me despertaba no sabía si había pasado una noche o era el mismo día”.
A la precariedad material se sumó la falta de perspectiva de género e identidad siendo que Vic es una persona no binaria. “Estaba sin otras personas, pero una vuelta, metieron en el calabozo de al lado a un tipo que estaba super borracho y que me amenazaba con que se iba a meter para violarme. Lo fui calmando, ofreciéndole galletitas”, remarcando la indiferencia policial ante el episodio. “Todo eso fue un abuso de entrada”, señala, “me he despertado y he tenido a la una mujer policía grabándome con un celular”.
No obstante, Vic diferencia su situación de la que sufren los miembros de los Pueblos Indígenas en casos similares: “A pesar de todo, sé que el trato que recibí tiene que ver también con que no soy mapuche; la policía no se manejaría de la misma manera, sería mucho peor. Existe lamentablemente un largo historial que da cuenta de esto”.
Todos los poderes
La primera audiencia, de formulación de cargos, fue monitoreada personalmente por el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz. Horas después, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, organizó una conferencia de prensa, señalando a las comunidades allanadas, mencionando directamente a Vic y a otros miembros del Pueblo Mapuche, con términos estigmatizantes: “Torres hizo lo mismo que Burllich; conmigo, con Moira y con otras personas de la comunidad”
Junto al gobernador se encontraban Iturrioz, el comisario general Andrés García, el procurador general Jorge Luis Miquelarena, el intendente de Esquel, Matias Tacceta, y el procurador de la Fiscalía Ismael Cerda y el fiscal jefe María Bottini, quienes acompañaron en silencio las acusaciones racistas y la violación del derecho de inocencia.
La vida después del operativo
Tras una semana de detención, Vic cumplió dos meses de prisión domiciliaria en Esquel. El allanamiento y la imputación alteraron de forma drástica su cotidianeidad. El primer impacto fue sobre su trabajo y medios de subsistencia: “en plena crisis me veo forzade a salir y reinventarme una manera de subsistir, a re-crearme una cierta estabilidad que fue interrumpida en esos meses donde fuí privade de mi libertad y que hoy en día aún no recupero”.
También explica que algunos cambios tardó en hacerlos concientes: “lo noté con la alimentación, se me fue el apetito completamente y recién llegando casi al año me encuentro un día comiendo con ganas y ahí me cayó la ficha de que había recuperado el apetito”
Vic señala el estado de alerta en el que tanto ella como la comunidad sufrieron durante el primer tiempo: “el impacto emocional no fue sólo por el allanamiento y por entender el armado de la causa, fue también por cómo nos afectó colectivamente, sabernos amenazados. En la comunidad el nivel de persecución y de hostigamiento es altísimo, no se dimensiona lo que se vive en las comunidades, ni se dimensiona lo que es estar en constante alerta, el estres, que recaiga una acusación de terrorismo sobre nosotres. No deja de ser impactante ver el aparato del poder puesto a favor de la mentira”
En este sentido, Vic resalta que la escucha y el trabajo colectivo fueron herramientas fundamentales para resignificar el operativo y las consecuencias: “Toma mucho tiempo salir de la alerta y de ese estadío, que esa tensión afloje. Requiere mucho tiempo y tener la posibilidad de cambiar de contexto, de moverse para hacer espacio para que se pueda transformar… y esa no suele ser una opción”.
La medicina ancestral y las machis
Nuñez Fernandez explica que durante la investigación, la fiscalía intentó imputarle registros migratorios que no le pertenecían, sino que correspondían a una machi (autoridad médica tradicional mapuche) que cruzaba asiduamente la frontera para brindar atención en la zona. Vic niega haber trasladado a la machi y remarca que la inclusión de este elemento en el expediente no es casual: responde a la negación estatal de los derechos a la salud ancestral y a una política histórica de persecución al pueblo Mapuche en ambos lados de la cordillera. “El vínculo con la machi es por un proceso de sanación.
La persecución a ellas, que son quienes sanan con lawen (medicina natural) es parte de sus intentos de debilitar e interrumpir los procesos de reivindicación identitaria del pueblo Mapuche y del proceso de reconocimiento de la importancia de su rol por parte de quienes no somos mapuche”, afirma Vic, y remarca: “a todes nosotres nos toca también aprender a defender estas identidades con las que convivimos, con quienes nos retroalimentamos y en cuyo territorio estamos”.
A su vez, señala que el armado de la causa radica en “la construcción de la figura de las machis como terroristas y la criminalización de la medicina ancestral para así debilitar la identidad mapuche” por parte de los Estados chileno y argentino. “El pueblo Mapuche ancestralmente habitó los dos lados de la cordillera y la sigue cruzando para practicar su medicina. De este lado solo tiene una machi, lo cual es una de las consecuencias del genocidio que perdura hasta la actualidad”.
El show debe continuar
En diciembre del 2025, integrantes de las comunidades allanadas, presentaron una denuncia penal contra el gobernador de Chubut y el ministro de seguridad de la provincia por utilizar las imágenes de los allanamientos para “hacer propaganda con este material represivo, juzgándolos y condenándolos mediáticamente”; al juez Jorge Criado por no aplicar un protocolo que garantizara los derechos de los niños y niñas Mapuche durante el operativo; y contra funcionarios del MPF por “retención ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los denunciantes desconocen la situación de esta prsentación judicial.
Hoy, mientras la fiscalía intenta justificar la prórroga del proceso contra Vic mediante pruebas que durante más de un año y medio no se materializaron, la defensa remarca la falta de proporcionalidad de una causa sostenida sin sustento probatorio.
Para Vic, el sostén colectivo e intercultural fue clave para desarmar el impacto psicológico del hostigamiento estatal. Este respaldo permitió cuestionar un procedimiento que, en lugar de esclarecer un delito, funciona como un mecanismo de intimidación contra las comunidades que defienden sus territorios frente a los intereses económicos que las acechan.
Foto de portada: Vic junto a las defensoras públicas Verónica Ponce y Laura Carpinetti. Roxana Sposaro
