Deb Haaland, del Pueblo de Laguna, ganó la gobernación de Nuevo México. Congresista, primera secretaria del Interior indígena de la historia norteamericana y voz de las luchas territoriales, su triunfo no es solo un récord electoral: es una disputa sobre quién decide sobre la tierra.
Escribe: Florencia Gómez
El martes 3 de noviembre, en las elecciones de medio término, Nuevo México eligió a Deb Haaland como gobernadora. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una mujer indígena va a conducir un Estado. Haaland, demócrata e integrante del Pueblo de Laguna, le ganó con amplitud al republicano Gregg Hull y sucederá a Michelle Lujan Grisham, que no podía buscar un nuevo mandato. Será, además, la tercera mujer consecutiva al frente del Estado.
Su llegada no es un fenómeno repentino, sino el resultado de casi dos décadas de militancia. Se recibió de abogada en la Universidad de Nuevo México, con orientación en derecho indígena, mientras ya participaba en campañas demócratas. Empezó como voluntaria telefónica, con un objetivo concreto: que más indígenas fueran a votar. En 2008 recorría cada tarde comunidades nativas (comunidades indígenas) para la campaña de Barack Obama, y en 2012 fue la directora del voto indígena de su reelección en el estado. Entre 2013 y 2015 fue administradora tribal del Pueblo de San Felipe. En 2014 fue candidata a vicegobernadora, la primera indígena nominada por un partido mayoritario para una fórmula de gobernación en Nuevo México, y aunque perdió, al año siguiente se convirtió en la primera mujer indígena en presidir un partido estatal. En 2016 se sumó a las protestas de Standing Rock contra el oleoducto que amenazaba el agua de la reserva Sioux. Es decir, su trayectoria se construyó desde abajo, desde el territorio y la organización comunitaria.
No es la primera puerta que abre. En 2018 fue una de las dos primeras mujeres indígenas electas al Congreso. En 2021, Joe Biden la designó secretaria del Interior y se convirtió en la primera persona indígena en integrar un gabinete federal. El dato no es menor: el Departamento del Interior administra las tierras públicas federales, otorga las concesiones de petróleo, gas y minería, y gestiona la relación del Estado con los pueblos indígenas. Es decir, la misma institución que durante siglos ejecutó la política de despojo quedó, por primera vez, en manos de una mujer indígena.
Petróleo, gas y lugares sagrados
Como funcionaria, Haaland tomó decisiones que tocaron de lleno en el corazón del modelo extractivo. La más significativa para Nuevo México fue Chaco Canyon. En junio de 2023 retiró por 20 años las nuevas concesiones de petróleo, gas y minería las tierras federales en un radio de 10 millas, unos 16 kilómetros, alrededor del Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco: un territorio sagrado para los pueblos originarios, con más de 4.700 sitios arqueológicos. La medida respetó los contratos vigentes y no alcanzó tierras privadas, estatales ni tribales. Incluso generó tensiones con la Nación Navajo, que había propuesto un radio menor para no afectar a las familias con parcelas en la zona.
Ese mismo año canceló los siete arrendamientos petroleros que quedaban en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska, otorgados en los últimos días del primer gobierno de Trump sobre tierras sagradas para el pueblo gwich’in.
No fue un camino lineal. Por un lado, protegió territorios; por otro, el gobierno de Joe Biden del que formaba parte aprobó en 2023 el proyecto petrolero Willow, en Alaska, y Haaland recibió fuertes críticas de organizaciones ambientales por su rol en esa decisión. Pero la disputa sigue abierta: este año, la administración Trump propuso revocar o achicar la protección de Chaco, y Haaland, ya como candidata, presentó su oposición formal. Lo que está en juego no es un trámite administrativo: es quién decide sobre los lugares sagrados cuando debajo hay petróleo.
Los internados: nombrar lo que el Estado negó
Si hay una decisión que define su paso por el gobierno federal es la Iniciativa Federal sobre Internados Indígenas, lanzada en 2021. Entre 1819 y 1969, el Estado norteamericano separó a niñas y niños indígenas de sus familias y los envió a internados para borrarles la lengua, la espiritualidad y la identidad. Fue la primera vez que el propio gobierno federal investigó oficialmente ese sistema.
El informe final, presentado en julio de 2024, identificó 417 instituciones en 37 estados o territorios, confirmó al menos 973 niñas y niños muertos y 74 sitios de entierro, marcados y sin marcar, en 65 escuelas. Recomendó un pedido formal de disculpas, la devolución de los predios a las tribus y un memorial nacional. Haaland recorrió además el país con la gira “El camino hacia la sanación”, para escuchar a sobrevivientes y descendientes. Para ella no era una cuestión abstracta: sus abuelos pasaron por esos internados.
Naciones dentro de una nación
Entender la cuestión indígena en Estados Unidos exige mirar un dato que la distingue de la Argentina: allí los pueblos indígenas son reconocidos como una “nación doméstica dependiente”, según la Corte Suprema de EEUU las define como entidades que conservan soberanía inherente, pero bajo la protección y el poder plenario del Congreso Federal. Entre 1778 y 1871 el Senado ratificó 370 tratados con distintas naciones. A través de ellos, los pueblos cedieron enormes extensiones a cambio de la garantía de territorios propios: las reservas. Esos tratados se firmaron en condiciones de profunda desigualdad y muchos fueron incumplidos, pero siguen teniendo fuerza legal y todavía hoy se invocan en los tribunales.
En la actualidad hay 574 tribus con reconocimiento federal. Tienen gobiernos, constituciones, tribunales y policías propias, y se vinculan con Washington “de gobierno a gobierno”. Unos 56 millones de acres, alrededor de 22,7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Chubut, se mantienen en fideicomiso federal en beneficio de las tribus y sus integrantes.
Pero reconocimiento no es reparación. Después de las guerras y los traslados forzosos del siglo XIX, la Ley Dawes de 1887 dividió las tierras comunitarias en parcelas individuales y vendió el “sobrante” a colonos. Entre 1887 y 1934 las tierras indígenas pasaron de 138 a 48 millones de acres: se perdieron unos 36 millones de hectáreas, más que toda la provincia de Buenos Aires. La ciudadanía llegó recién en 1924, y en Nuevo México los indígenas pudieron votar recién en 1948, después de un fallo judicial. Setenta y ocho años más tarde, una mujer indígena va a gobernar ese mismo estado.
Nuevo México, territorio de pueblos
Nuevo México es uno de los estados con mayor presencia indígena del país. Conviven allí 23 naciones originarias: 19 Pueblos, entre ellos el de Laguna, al que pertenece Haaland; tres naciones apache (Jicarilla, Mescalero y Fort Sill), y la Nación Navajo, la de mayor extensión territorial de Estados Unidos. Según el censo de 2020, cerca de 263.000 personas indígenas viven en el estado: alrededor del 12% de la población.
Es también un territorio de resistencia. Allí ocurrió la Rebelión de los Pueblos de 1680, que expulsó a los colonizadores españoles por más de una década. Después pasó a manos de México y, tras la guerra de 1846-1848, a Estados Unidos. Hoy es, además, uno de los principales productores de petróleo del país. Esa tensión entre territorio, identidad y extracción va a estar en el centro de la nueva gestión.
En sus palabras
“Es una gran noche para ser nuevomexicano”, comenzó Haaland ante sus seguidores. Agradeció a su oponente por una contienda respetuosa y saludó en su lengua originaria, en referencia a sus ancestros, que llegaron al valle grande a fines del siglo XIII. Agradeció también a quienes pusieron “el corazón y el alma” en la campaña y creyeron en ella.
El lugar elegido para festejar no fue casual. “Celebramos al costado de la Ruta 66, en tierras del Pueblo de Laguna”, recordó. “Siempre es agradable ver a una mujer al mando. Justo al lado de esta carretera mis abuelos me enseñaron el deber de cuidar la tierra y cuidar a nuestros vecinos. Este lugar, esta tierra, formó quién soy”. También aprovechó para recordar su infancia, cuando recogía agua de la canilla comunitaria.
Y habló de la memoria: “Mis abuelos lograron sobrevivir a una época en la que el gobierno federal intentó despojarlos de su idioma, sus tradiciones y sus identidades. Sin embargo, todavía estamos aquí. Y esta noche, en el año 250 de nuestra nación, me presento ante ustedes como la primera mujer nativa elegida gobernadora en la historia de los Estados Unidos”.
Cerró con una definición que anticipa el tono de su gestión: “Los nuevomexicanos merecen líderes que protejan nuestras tierras, nuestras aguas y nuestros recursos naturales”.
Una victoria que legitima las luchas territoriales
La elección de Deb Haaland no es solo un récord en la historia política norteamericana. Es un acto de reparación simbólica para los pueblos indígenas de todo el continente: la confirmación de que siguen aquí, a pesar de siglos de políticas pensadas para hacerlos desaparecer. La guerra, los traslados, el loteo de las tierras, los internados que intentaron arrancarles la lengua.
Pero también es un mensaje político. Cuando una mujer indígena llega al gobierno con una trayectoria de defensa de los lugares sagrados frente a la expansión petrolera, las luchas territoriales dejan de ser presentadas como un reclamo marginal y se convierten en agenda de gobierno. La identidad, la memoria y el territorio pasan a ser fuente de legitimidad democrática.
En la Argentina, el Estado se conformó sobre la llamada Conquista del Desierto y las campañas militares al Chaco. Sin embargo, desde la reforma constitucional de 1994 el país cuenta con un marco jurídico protectorio: el artículo 75 inciso 17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y el Convenio 169 de la OIT tiene jerarquía superior a las leyes. El problema es la brecha de implementación. En diciembre de 2024, el gobierno nacional de Javier Milei derogó por decreto la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que suspendía los desalojos, cuando casi la mitad de las comunidades todavía no tenía su relevamiento terminado. Y la ley de propiedad comunitaria indígena que manda la Constitución sigue sin sancionarse.
¿Alcanza con tener derechos reconocidos si el territorio sigue en disputa? Lo que llega desde Nuevo México muestra que no: los derechos se sostienen con voluntad política y con presencia indígena en los lugares donde se decide. En ese sentido, la deuda argentina tiene un camino claro: una ley de propiedad comunitaria indígena construida con consulta previa, libre e informada, y un Estado que deje de tratar la reivindicación territorial como un obstáculo para la matriz extractivista. Los pueblos indígenas no son el pasado, y el debate sobre sus territorios trasciende lo jurídico y lo económico: es una discusión sobre identidad, sobre soberanía, sobre quién controla la tierra y sobre la democracia que queremos construir.
