A fines de octubre, un operativo policial intentó desalojar a dos familias de la comunidad indígena Lule Vilela La Armonía, ubicada en el paraje 5 Hermanos, Departamento Copo, en la provincia de Santiago del Estero. Según denunciaron desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) -organización a la que pertenece la comunidad-, la medida judicial se ejecutó a partir de una denuncia iniciada por Isabel Salas, alias “Chavela”, quien reclama el territorio ancestral como propiedad privada con fines comerciales.
Escribe: secretaría de comunicación del MOCASE MNCI CLOC LVC
A través de un comunicado público, desde el MOCASE denunciaron el procedimiento: “Así es el atropello para desalojar a campesinos indígenas (..) Así es la mafia de la venta ilegal de tierras a los que les gusta la plata… Que se entere el Pueblo, que podrá pagar millones y aquí seguiremos resistiendo por las tierras y territorio que son de los que vivimos, lo cuidamos y lo trabajamos.”
Arraigo territorial y sustento comunitario
El paraje 5 Hermanos forma parte del territorio del pueblo Lule Vilela, un espacio de unas 70.000 hectáreas habitado por cerca de 300 personas. El territorio fue relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2012. Además, desde hace 25 años las familias del lugar se organizan en la Central Campesina Unidos del Norte de Santiago del Estero, desde donde gestionan una radio FM comunitaria y un refugio contra la violencia hacia las mujeres y el Espacio Intercultural Juana Azurduy.
En el territorio amenazado conviven tres familias de la comunidad que sostienen un modo de vida histórico transmitido por generaciones. Su economía se basa en el trabajo rural y la producción agropecuaria de subsistencia y comercialización local: crían ovinos, caprinos, porcinos, aves de corral y vacunos, además de cultivar zapallo, calabaza, sandía, maíz y otras hortalizas. Estos productos abastecen el consumo familiar, el comercio local y el forraje animal.
Actualmente, la producción enfrenta una severa sequía. Ante la falta de agua en la represa local, las familias deben acarrear suministro desde el pueblo y recolectar agua de lluvia mediante cisternas, ejecutan proyectos de recuperación sustentable de paisaje y medios de vida de Argentina y participantes de la cuenca forestal de Monte Quemado.
El despliegue policial
El 28 de octubre, alrededor de las 9:00, tres móviles policiales y cerca de 20 efectivos policiales uniformados de los cuales solo 1 era femenino, irrumpió en el paraje. Martina Salto, pobladora del lugar, se encontraba sola en el corral cuando vio llegar los vehículos.
Los efectivos posicionaron las camionetas frente al portón e interfirieron la baja señal de telefonía celular para evitar que la familia se comunicara con su defensa legal. Ante la insistencia de Martina, los agentes le compartieron red Wi-Fi únicamente para llamar a sus abogados, lo que permitió alertar a vecinos y a integrantes del MOCASE, quienes se trasladaron de inmediato al lugar.
La tensión aumentó con la llegada del resto de la familia, momento en que la policía bloqueó el acceso e inició forcejeos y agresiones físicas. Martina relató los abusos sufridos durante el procedimiento: “A mi nuera la han hecho golpear con la puerta de la camioneta, la han cerrado cuando ella se estaba bajando. Mi nuera venía alzando a la bebé de siete meses (…) y ahí lo han agarrado al niño, a mi nieto que tiene trece años, le han agarrado el celular, le han roto… A mí me ha agarrado un oficial (…) me ha golpeado porque me hacía los brazos para atrás.”
Según explicaron las mismas familias, durante el operativo, los uniformados profirieron insultos y exigieron el desalojo inmediato y amenazando constantemente que se callen o van todos directos a la comisaría. A casi dos kilómetros del predio, la denunciante con sus pertenencias y dos puesteros esperaba para tomar posesión de las viviendas.
Martina expresó la preocupación por el impacto del violento procedimiento en su familia, especialmente en sus nietos de 9, 13 y 15 años: “están muy afectados con todo esto que estamos pasando, porque tienen miedo que vuelvan y que nos golpeen (…) Están traumatizados con eso y tienen mucho miedo. No se espera solamente de la policía, sino también de esa gente que nos quiere sacar.”
Estado de alerta
La intervención de unos quince integrantes de la comunidad detuvo la medida impulsada por la denuncia de Isabel Salas, alias “Chavela”. Las familias denuncian que ella junto al ex intendente de Monte Quemado, Carlos Hazam, “se han hecho de tierra expulsando a pobladores nativos con papeles trucho para explotar los montes y luego vender las tierras”.
La comunidad Lule Vilela La Armonía denunció que es el tercer intento de desalojo y que este episodio se enmarca en un contexto constante de persecución y judicialización. Según señalaron, sus denuncias por amenazas son desestimadas en la comisaría local, mientras que las demandas presentadas por terceros avanzan con celeridad; semanas atrás, un integrante de la comunidad fue citado a la comisaría de Monte Quemado para una supuesta entrevista y terminó detenido arbitrariamente.
Tras el intento de desalojo, la comunidad se mantiene en el territorio sigue en solidaridad y estado de alerta con guardias campesinas indígena de 24 horas ante la amenaza de nuevas incursiones de parte de la policía, infantería o de la propia Chavela con sus sicarios.
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