Alerta por la violencia contra las madres indígenas que exigen respuestas estatales ante los casos de abuso sexual relacionados a la venta de drogas en el departamento San Martín
Laurentina Nicacio, presidenta de la Fundación Jualá y referente Wichí que acompaña a las familias en la denuncia contra la venta de drogas y abusos sexuales contra menores en situación de consumo denunció graves intimidaciones y amenazas.
La noche del 6 de noviembre, personas armadas intentaron ingresar a su vivienda en la comunidad El Quebrachal en General Ballivián como represalia a las denuncias comunitarias: “hacía una semana que no dormía bien por las amenazas y las piedras en mi techo. Mis hijos y demás familiares también sufren a mi par (…) Me agredieron, quisieron rociarme con nafta e incendiar mi precaria vivienda. Hoy me quedo llorando, sin lo material, sin mi documentación de identidad, solo por el hecho de acompañar”. Esta agresión ocurrió pocos días después de que las madres de numerosas comunidades organizaran una asamblea y demanda colectiva para frenar la venta de sustancias ilegales que afecta a la niñez y a la juventud local.
Las madres de las comunidades del Pueblo Wichí Quebrachal, Quebrachal I, Quebrachal II, Lagunita, Tres Lapachos, Algarrobita, Guayacán, Mistol, Yuchán, Pastor Senillosa, Villa Sagrada, Chañar, Tierras Indígenas y Tres Pozos, advirtieron que los niños, niñas y adolescentes se inician en un consumo problemático cada vez más temprano, registrando casos en menores de corta edad y en adolescentes que sufren consecuencias devastadoras, entre ellas, los “abusos sexuales a cambio de sustancias”. Las madres denuncian que muchas de las víctimas son menores de edad o jóvenes que no se encuentran en condiciones de dar consentimiento. “Los chicos que no están eligiendo eso. Un chico que cambia su cuerpo por droga no está eligiendo, está sobreviviendo a un dolor que no sabe cómo calmar. La droga ahí no es un vicio, es una forma de tapar el hambre, el frío, la falta de futuro, la falta de alguien que los mire”, expresó Nicacio.
Esta situación recrudece con la falta de respuestas institucionales, entre otras, la ausencia de respuestas por parte del secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz, y el abandono de los dispositivos de prevención empujaron a las familias a una situación límite de desprotección.
La inacción judicial y la desesperación comunitaria desataron intentos de justicia por mano propia con la quema de precarias viviendas utilizadas como puntos de venta. “Cuando una comunidad llega al punto de pensar en quemar una casa, no es porque sea violenta, es porque está desesperada. Porque siente que si no se defiende sola, nadie la va a defender. No son chicos malos, ni madres que no cuidan. Son familias que están pidiendo a gritos que no las dejen solas”, remarcó Laurentina.
El operativo policial se encargó de resguardar personas señaladas por la venta de sustancias ilegales y abuso sexual contra menores en situación de extrema vulnerabilidad mientras las mujeres reclamaban que el Estado garantice los derechos de las comunidades originarias y las infancias.
La referente amenazada insiste en visibilizar el desamparo estructural que padecen las infancias indígenas, exigiendo una intervención urgente que priorice la salud pública, la seguridad comunitaria y el cese de las intimidaciones mafiosas. “Ojalá esta denuncia no quede en un papel. Ojalá sirva para que vayan médicos, psicólogos, gente que escuche, que acompañe, que les devuelva a esos chicos la idea de que valen mucho más que una dosis. Y que nos devuelvan a nosotras, las madres, la tranquilidad de vivir sin miedo en nuestra propia casa”, reclamó la lideresa y anticipó que las continuarán con las asambleas comunitarias.
Foto: Gentileza Laurentina Nicacio
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de este contenido únicamente cuando se cite a infoterritorial como fuente original e incluya un enlace directo al contenido.
