La comunidad Mbya Guaraní Kuaray Amba, ubicada en Puerto Iguazú, denuncia una escalada de amenazas de desalojo, hostigamiento policial y criminalización de su recuperación territorial. Mientras el Gobierno de Misiones desconoce su posesión tradicional y sostiene que las tierras pertenecen al Estado provincial, las familias reclaman el reconocimiento de sus derechos constitucionales y denuncian la intervención de funcionarios públicos en procedimientos que amenazan su permanencia en el territorio.
Escribe: Clarisa Néztor – XR Misiones
El pasado 3 de noviembre, más de 15 efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a la Tekoa Kuaray Amba acompañados por representantes del Ministerio de Ecología provincial. Según denunció la comunidad, los agentes llegaron para intimidar a las familias, recopilar sus datos personales y advertirles sobre un posible desalojo.
La intervención se produjo en el marco de un conflicto territorial que involucra a funcionarios de la Secretaría de Tierras de Misiones y que derivó en actuaciones judiciales iniciadas a partir de una denuncia del director de la secretaría Rubén Sales. El Gobierno provincial identifica los terrenos como propiedades del Estado, mientras las familias Mbya Guaraní reivindican su posesión tradicional y rechazan ser tratadas como ocupantes ilegales.
Una comunidad en recuperación de su territorio tradicional
La Tekoa Kuaray Amba vive en la zona conocida como las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú.
Durante 2025 se presentó un hombre que aseguró haber comprado las tierras y exigió que las familias abandonaran el lugar. El supuesto propietario habría amenazado al cacique, advirtiéndole que tenía un plazo de 15 días para retirarse.
Desde entonces, la comunidad denuncia que las amenazas se intensificaron y que funcionarios provinciales y municipales comenzaron a intervenir para exigirles que abandonaran el territorio.
Funcionarios provinciales y policías involucrados en las amenazas de desalojo
El 16 de septiembre, una comitiva integrada por aproximadamente siete efectivos policiales, dos patrulleros y funcionarios del Gobierno provincial ingresó a la comunidad sin aviso previo. Entre los presentes se encontraba Daniel Behler, subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de Misiones, acompañado por Vanesa Caballero, representante del área municipal de Asuntos Guaraníes de Puerto Iguazú.
Según denunció Rivarola, los funcionarios les comunicaron que debían abandonar el predio porque las tierras serían ocupadas. El mburuvicha rechazó la exigencia y cuestionó que pretendieran expulsarlos del territorio que reivindican como propio.
La comunidad también denunció que, luego de retirarse de Kuaray Amba, la comitiva se dirigió a la Tekoa Tekopora Poty, ubicada en el mismo sector territorial, donde se habrían producido nuevas amenazas de desalojo.
De acuerdo con el testimonio, el hostigamiento provocó que varias familias abandonaran sus viviendas por temor a una intervención violenta. También se denunciaron desplazamientos de otras dos familias que habitaban en las inmediaciones.
El 21 de octubre se produjo una nueva intervención policial. 10 policías ingresaron a Kuaray Amba y fueron recibidos por el segundo mburuvicha, Francisco Rivarola, a quien solicitaron los nombres y datos personales de las familias, argumentando que debían remitir esa información a la Justicia. La comunidad cuestionó que los agentes no presentaran documentación que justificara el procedimiento ni identificaran formalmente la autoridad que lo había ordenado.
Estos antecedentes fueron denunciados públicamente por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), que documentó las amenazas de desalojo y las intervenciones policiales registradas durante septiembre y octubre.
La intervención de funcionarios de Tierras en la causa judicial mediante el expediente N. º 187270/2026, tramitado ante el Juzgado de Instrucción N. º 3 de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Luis Brites, a partir de una denuncia de Rubén Sales. En la causa también figura Aníbal Gorguez, responsable de la Secretaría de Tierras en Puerto Iguazú, identificado en el oficio judicial como personal de la Dirección de Tierras de la Provincia.
El documento, fechado el 23 de octubre de 2026, dispone la citación de Sales y Gorguez para prestar declaración testimonial el 5 de noviembre y ordena una inspección policial sobre los terrenos identificados en las actuaciones como propiedades del Estado provincial. Las familias denuncian que las intervenciones policiales se desarrollan en un contexto de amenazas, intimidación y temor a ser expulsadas.
El Estado niega el reconocimiento jurídico y condiciona el acceso a derechos fundamentales
A las amenazas de desalojo se suma otra denuncia de gravedad: la comunidad sostiene que desde 2025 solicita su personería jurídica sin obtener respuestas de las autoridades competentes.
Lidio Rivarola, hace más de un año presentó la documentación correspondiente ante el área municipal de Asuntos Guaraníes, dirigida por Francisco Rodríguez, pero hasta el momento no recibió una resolución sobre su solicitud. Esta falta de reconocimiento administrativo tiene consecuencias directas sobre las condiciones de vida de las familias.
El mburuvicha denunció que la comunidad solicitó asistencia para acceder al agua y que Vanesa Caballero le respondió verbalmente que no podrían recibir ayuda hasta contar con la personería jurídica. Las familias reclaman acceso al agua potable, electricidad, viviendas, caminos, atención sanitaria y educación, servicios esenciales cuya garantía no debería quedar condicionada exclusivamente a un trámite administrativo.
La denuncia expone una grave contradicción en el accionar estatal: mientras las autoridades demoran el reconocimiento jurídico de la comunidad, esa misma falta de regularización es utilizada para cuestionar su permanencia territorial y, según sus integrantes, negarles asistencia básica. La personería jurídica constituye un instrumento de reconocimiento administrativo, pero su ausencia no elimina la preexistencia de la comunidad ni los derechos territoriales que la Constitución Nacional reconoce a los Pueblos Indígenas.
