Amnistía Internacional anticipa el informe sobre la represión y criminalización en Jujuy
La organización internacional de Derechos Humanos concluyó una misión de investigación en la provincia de Jujuy, y advirtió que la policía provincial cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas violentas para reprimir la protesta social, en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia.
Una delegación de la organización entrevistó al menos a 107 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Además, solicitaron reunión con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, las cuales aún no se pudieron concretar.
En la presentación preliminar, publicada en el sitio oficial, Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostiene: “Luego de llevar a cabo la aprobación de una nueva Constitución sin consultar a la población y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, hemos encontrado que la policía de la provincia de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos”.
Lesiones físicas y dificultad de obtención de atención médica
La organización constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en protestas, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de diferente gravedad. Los testimonios compartidos con la delegación, así como los registros audiovisuales analizados por el equipo de verificación digital, demuestran que la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban. Entre los testimonios recibidos por la organización, dos de ellas resultaron con lesiones oculares permanentes, incluido un adolescente que recibió disparos de balas de goma en el rostro y en el torso. Gran parte de los testimonios recabados dan cuenta de la presencia de funcionarios de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o que se rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que se manifestaban.
Asimismo, muchos relatos apuntan a la presencia de funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras. Muchas de las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional que sufrieron lesiones físicas relataron haber encontrado resistencia y hasta la negación de atención médica en más de un hospital público en la provincia. La organización evoca los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego: “Las autoridades tienen la obligación de brindar asistencia y servicios médicos a las personas heridas lo antes posible.”
Además, documentaron múltiples relatos de detenciones a personas por el solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad. Durante las protestas realizadas en San Salvador de Jujuy el 20 de junio, más de 70 personas fueron privadas de su libertad. Sin embargo, según información del Ministerio Público de Acusación, solamente “dos o tres” de ellas están siendo investigadas por supuestos hechos de violencia cometidos durante las manifestaciones, mientras las demás fueron liberadas sin ningún cargo. Asimismo, durante las protestas masivas en la localidad de Purmamarca, el 17 de junio, muchas personas fueron detenidas sin haber recibido ninguna justificación de parte de la policía, incluyendo un adolescente de 17 años quien fue llevado a un centro de detención aun después de haber aclarado a las autoridades que era menor de edad. Una mujer detenida arbitrariamente, también en Purmamarca, relató haber sido obligada a desnudarse totalmente delante de un grupo de policías varones.
A su vez, se constató el uso generalizado del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes. La utilización de este instrumento ha sido otra forma de criminalización de las protestas en Jujuy. Diversas personas entrevistadas relataron haber recibido notificaciones de supuestas contravenciones en sus casas, o en las calles, por el simple hecho de haber participado de forma pacífica en una manifestación o haber brindado alimentos o bebidas a quienes se manifestaban. Estos procesos contravencionales son iniciados y procesados por personal del Ministerio de Seguridad de la provincia, muchas veces en ausencia de la persona acusada, pese a que pueden resultar en multas onerosas o incluso la privación de la libertad. En muchos casos se ha documentado que por los mismos hechos se investiga a la misma persona también penalmente, afectando la garantía de prohibición de doble juzgamiento.
Por otro lado, se ha observado una falta de proactividad de las autoridades para investigar los posibles abusos cometidos por agentes de seguridad durante las manifestaciones. En este sentido, los testimonios relevados dan cuenta del miedo por parte de víctimas a presentar las denuncias, por temor a ser perseguidos por su participación en las protestas.
“Resulta inadmisible que, haciendo uso del legítimo ejercicio de sus derechos humanos para reclamar a las autoridades por la falta de consulta previa a un instrumento tan central como la Constitución provincial, las comunidades originarias hayan sido víctimas de violencia, abusos y detenciones arbitrarias. En sus testimonios, jóvenes, mujeres y líderes indígenas transmitieron la importancia que le dan a la gestión de los recursos naturales en su cosmovisión y formas de subsistencia y cómo el haber sido excluidos de su derecho a participar en las reformas impuestas les empujaron a salir a las calles a protestar como herramienta para hacerse escuchar. Estas personas luchan por su vida en un contexto de exclusión absoluta y las autoridades deben respetar sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, señala Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
“El pueblo de Jujuy tiene el derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como de ser informado y participar de medidas que afecten sus derechos. Las autoridades de la provincia deben garantizar estos derechos e investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas”, así culmina el documento publicado, el 5 de octubre pasado, en el sitio oficial de Amnistía Internacional.
Foto: Nicolás Palacios
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