Judicializaciones y desalojos, los asuntos indígenas de la gestión libertaria

23 Ago 2024

Los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre se llevará a cabo en Bariloche el juicio en el que se busca desalojar, acusándolos de usurpación, a integrantes de Lof Quemquemtrew. Los siguientes días 26, 27 y 30 se realizará, en la misma ciudad, el juicio contra seis integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, quienes fueron desalojados en 2022 por el comando unificado a cargo de Aníbal Fernández. Por otro lado, en el Parque Nacional Los Alerces, se encuentra suspendida la orden de desalojo de Lof Pailako, hasta tanto la cámara resuelva sobre la sentencia de expulsión emitida por el Juez Federal Guido Otranto.

Estas tres comunidades mapuche tehuelche ejemplifican la situación que atraviesan, actualmente, los pueblos indígenas en todos los territorios del país. A lo cual debe sumársele el intento de derogación de la ley de emergencia en materia de propiedad comunitaria indígena: en abril del corriente año el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque de “Juntos por el cambio”, presentó un proyecto para derogar la prórroga de la Ley 26.160 y así declarar la nulidad de gran parte de lo actuado. “El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al amparo de la emergencia declarada por dicha ley, e ignorando los derechos de las provincias, validó acciones de ocupación de tierras en forma violenta que buscan menoscabar la soberanía e integridad del territorio nacional.”, señaló el senador

La fecha del juicio contra Lof Lafken Winkul Mapu fue establecida después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anulara un fallo que homologaba un acuerdo conciliatorio entre Parques Nacionales y la comunidad. Apenas conocida la sentencia Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales, emitió en la red X su opinión sobre el fallo: “La justicia dejó sin efecto un acuerdo berreta que hizo en 2023 la gestión anterior, en el cual le entregaron tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi a falsos mapuches. Nuestro objetivo es claro: defender y recuperar el territorio que le corresponde a todos los argentinos.”

Por su parte, Claudio Avruj, actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por el mismo medio expresó: “El INAI nunca debió ser parte y firmar esto. Insólito. Una vez más producto del desconocimiento absoluto del rol que se ejercía, y de utilizar al Estado como propio y al servicio perverso de la ideología apoyando la usurpación y la violencia. Un delirio.”

También señaló: “Certeza es lo que nos da que haya fecha para el juicio que deberá ser aleccionador para todos. No debe haber tolerancia ni aliento a usurpaciones, fundamentalmente desde el Estado como los gobiernos K. Los argentinos queremos vivir en orden y paz. Eso elegimos y vamos a defender.”

La postura de Larsen mantiene coherencia con el origen de los Parques Nacionales, creados sobre territorios de los pueblos preexistentes al Estado y las reiteradas expulsiones de pobladores en beneficio de intereses privados. A su vez, representa el posicionamiento de la gestión de los gobernadores aliados a la gestión de La Libertad Avanza, en este caso Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro.

Las expresiones de Avruj tampoco sorprenden. Mientras fue Secretario de Derechos Humanos de la Nación, durante el mandato de Mauricio Macri, apoyó el 2X1 con el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentó liberar a genocidas procesados y condenados, proclamó la teoría de los dos demonios y se reunió con familiares de represores. A su vez, se desactivaron las políticas públicas de memoria, verdad y justicia y el cumplimiento de las leyes reparatorias.

Durante la gestión de Alberto Fernandez, poco se hizo para revertir el legado de la gestión anterior. El ejemplo más claro de desprecio y burla a los derechos humanos de las comunidades, las violaciones a los derechos humanos durante el desalojo y la detención de las mujeres de Lof Lafken Winkul Mapu y el incumplimiento del acuerdo conciliatorio firmado.

Instituto Nacional de Asuntos Inmobiliarios

Hoy la fórmula Milei – Villarruel intenta llevar a cabo las políticas regresivas en cuestión de derechos que el macrismo no pudo materializar, debido a las masivas movilizaciones populares, en especial contra el 2×1 y a favor la prórroga de la ley 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas.

El actual presidente del INAI da un giro de 180° en lo que se entiende que son los principios de la creación del organismo. Desde su asunción, no se observan avances significativos en la ejecución de la Ley 26.160. El 12 de julio pasado, en relación al fallo de la Corte Suprema que dejó firme una orden de desalojo contra la comunidad mapuche Newen Kurruf, el funcionario publicó: “Otro ejemplo que deja al descubierto la ineficiencia del INAI en su gestión kirchnerista. Sin respuestas y enfrentada a todo cumplimiento de su misión y normas. Sin diálogo ni acuerdo con las provincias y todos los actores involucrados los resultados siempre son negativos. Es así.”

A sabiendas de la proliferación de discursos de odio, el 6 de agosto, celebró el cierre del INADI: “Lo dije en su momento. El cierre del Inadi es correcto y necesario. Una buena idea creada por el Gobierno en los 90 propuesta por la DAIA, FEARAB y APDH Argentina, fue malversada y contaminada con la ideología K. Hoy el país tiene muchas instancias para combatir la discriminación.”

El 7 de agosto, reconoció haberse reunido con privados que tienen intereses en la zona bautizada como Villa Mascardi, señalando el presunto aval de la gestión que ejecutó el despojo del Lof Lafken Winkul Mapu, en octubre del 2021 : “…nos reunimos en la sociedad de fomento con los vecinos. Necesitan la acción firme del Estado para tener seguridad en todo orden y poner fin a la violencia de las usurpaciones que la gestión anterior avaló. Eso haremos desde el INAI.”

Evidentemente el responsable del INAI, niega el proceso de expulsión y genocidio cometido por el Estado Argentino. Se reúne con una de las organizaciones que financió las violentas campañas militares de finales del XIX, para ocupar los territorios indígenas. En este sentido mencionó: “Comenzamos nuestra visita a Bariloche con una importante reunión en la Sociedad Rural, la primera vez que esto ocurre y nos permite saber la conflictividad que padecen por ocupaciones y usurpaciones ante las cuales necesitan respuestas. Dentro de la ley todo, fuera de ella nada.”

Además, el pasado 20 de agosto publicó: “Recibimos con Alejandro Collia a representantes del Country Arelauquen de Bariloche inmersos en un conflicto que lleva años con la comunidad Quijada. Es nuestra obligación ser parte de la solución, nunca de los problemas. Atendemos todo, revisamos y corregimos cuando corresponde.”, Cabe recordar que, en 2022, la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, ordenó que el country Arelauquen Golf & Country Club corra su alambrado ya que se demostró que estaba emplazado sobre terrenos pertenecientes a la comunidad mapuche José Celestino Quijada.

Más allá de que todavía se encuentra vigente la ley 26160, y que el INAI tiene pendiente –por mandato de dicha ley- la realización de numerosos relevamientos territoriales en el país, la realidad se muestra como más hostil aún de lo que ha sido en estas últimas décadas para los pueblos indígenas, y el reconocimiento genuino de la propiedad comunitaria indígena. El relevamiento no significa titulación, y mientras no se garantice la entrega de títulos colectivos, las comunidades indígenas estarán sometidas permanentemente a las amenazas de los desalojos. Los casos descriptos son sólo una muestra de ello.

Foto: Roxana Sposaro