Piden nulidad del DNU que deroga la emergencia territorial indígena
La Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv presentó una acción judicial solicitando la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, que deroga el DNU que dispuso la prórroga de la emergencia establecida en la Ley 26.160. Dicha ley, que protegía los derechos territoriales de las comunidades indígenas, había sido prorrogada hasta noviembre de 2025; con la implementación del nuevo decreto se pone fin a estas garantías.
Durante la vigencia de esta emergencia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tenía la responsabilidad de realizar los relevamientos técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Sin embargo, esta tarea, por claras decisiones políticas, sufrió dilaciones que derivaron en su incumplimiento.
Según el informe del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas realizado el 15/10/21, éstos son algunos números sobre la situación en los territorios: De 1760 comunidades indígenas identificadas por la Dirección de Tierras del INAI, quedan aún un 43,4% sin relevar. Mientras que un 56,6% se encuentra en diferentes niveles de ejecución.
La demanda, presentada por el Longko Damián Ezequiel Portela y su abogado patrocinante Fernando Cabaleiro, insta al juez a declarar la nulidad del decreto y solicita una medida cautelar urgente para proteger los derechos indígenas. A su vez, sostiene que la suspensión de la emergencia constituye una violación a varios artículos de la Constitución Nacional y de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos originarios. Además, subraya la necesidad de que el Estado respete sus obligaciones constitucionales y supranacionales, y advierte que la promulgación del decreto podría desencadenar numerosas acciones judiciales, tanto a nivel nacional como internacional.
“Se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable en su totalidad y de modo inescindible del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1083/2024 y de toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3), por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, además por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley, el principio de progresividad y los derechos de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en el marco de una política pública regresiva y negacionista del derecho a la identidad y personalidad indígena, son sesgos de odio racial.”
Además de la nulidad del DNU 1083/2024, la comunidad pidió que se exhorte al INAI a continuar con el relevamiento de las tierras, específicamente para la parcela rural identificada en el Partido de Lincoln, Buenos Aires, que la comunidad ocupa tradicionalmente desde 2018. Asimismo, solicitaron que la Provincia se abstenga de tomar cualquier medida que pueda alterar la ocupación actual de la parcela hasta que se complete el relevamiento.
En esta línea, solicitaron que se cite al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que adjunte toda la documentación sobre la Personería Jurídica reconocida a la Comunidad Indígena Mapuche-Rankel Rupu Antv.
Mientras que el gobierno de Javier Milei apuesta a los desalojos de comunidades originarias para garantizar los proyectos extractivistas, la resolución de este caso podría sentar un importante precedente para la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas.
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