AADI SE SOLIDARIZA CON EL ABOGADO LUIS VIRGILIO SANCHEZ
Comunicado de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena
Desde la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena manifestamos nuestra solidaridad con el abogado Luis Virgilio Sánchez y repudiamos su apartamiento como titular de la delegación Esquel del ARCA, medida que denunciamos responde a su actividad ligada a la defensa y patrocinio gratuito de comunidades indígenas mapuches de Neuquén.
Destacamos la labor profesional y el compromiso de Luis Virgilio Sánchez con la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y recordamos que el Estado tiene el deber de adoptar medidas que aseguren que los/as defensores/as de derechos humanos, lo que incluye a sus abogados/as, puedan ejercer su trabajo sin hostigamiento, presión o acción arbitraria. La OEA ha condenado cualquier acto que directa o indirectamente impida o dificulte la tarea de los defensores de DDHH, y ha reconocido su valiosa contribución para la promoción y protección de estos derechos (Resolución 2280 (XXXVII-O/07).
Un Estado que aparta de sus cargos a defensores de derechos humanos como sanción por dicha actividad es un Estado que incumple con las obligaciones antedichas, y que vulnera el derecho de las comunidades indígenas a contar con defensores, derecho que integra el debido proceso y es fundamental en todo estado de derecho. Uno de los principales obstáculos que enfrentamos los/as defensores/as de derechos humanos es la amenaza de perder nuestras fuentes de empleo rentada, lo que se profundiza cuando las mismas son estatales.
Destacamos que, esta medida estatal es tomada cuando, paradójicamente, cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas junto con el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas, hicieron un llamado de atención al Gobierno Argentino y lo intimaron a que informe las medidas tomadas para asegurar que las personas defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas puedan ejercer su trabajo sin hostigamiento.
Exhortamos al Estado a revertir la medida, defender derechos humanos de comunidades indígenas no puede ser un acto de arrojo y que afecte nuestras fuentes de empleo.
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