Lof Campo Maripe: presentan Habeas Corpus ante orden de desalojo
En Añelo, el conflicto territorial entre la comunidad mapuche Campo Maripe y el empresario Roberto Daniel Acuña volvió a intensificarse tras una orden de desalojo emitida por el Ministerio Público Fiscal. La werken (vocera) de la comunidad denunció que el intento de explotación de una cantera en tierras relevadas como comunitarias lleva ya varios años y que el Estado ha sido cómplice en la entrega de permisos de ocupación en medio de un proceso de relevamiento oficial.
El 28 de enero, la fiscal Rocío Rivero, emitió un oficio ordenando a la policía que “impida actos de turbación en la posesión, garantizando el inicio y continuidad de la actividad de la explotación de áridos realizada por la empresa MATCON S.A y su personal” en un lote que se encuentra dentro del Relevamiento Territorial de la Comunidad Mapuche Campo Maripe. La disposición facultaba a los efectivos a identificar autores, registrar vehículos y proceder a la aprehensión en caso de resistencia. El operativo se desarrolló el pasado 2 de febrero con al menos 8 efectivos policiales, 2 camionetas de la fuerza y una de civil, según puede verse en los videos registrados por la propia comunidad.
La Confederación Mapuche de Neuquén reaccionó con dureza al operativo denunciando públicamente: “Quien ordena este desquicio institucional que existe en Neuquén…? Una Fiscal ordena enviar fuerzas armadas para custodiar a una empresa para que ingrese a un territorio comunitario reconocido por un Relevamiento oficial y el gobierno provincial lo mira por TV… ¿Hasta cuándo debemos permitir estos abusos institucionales, donde la ley y la Constitución están tan manoseadas por estos poderes?”. Ese mismo día, la comunidad inició un resguardo territorial.
El conflicto se agravó el 3 de febrero con la orden de desalojo emitida por la fiscal, que otorgaba seis horas para abandonar el predio. “Nada más que ahora fue la animosidad que tuvo la fiscal Rivero en enviar una orden de desalojo… quenos daba un plazo de seis horas para salir del lugar, o nos llevaban detenidos”, denunció la werken de la comunidad Lorena Bravo Maripe, en comunicación con infoterritorial.
La comunidad decidió permanecer en el territorio y resistir, recurriendo a un Habeas Corpus presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI). Por el momento, el desalojo estaría suspendido.
“Ahora estamos esperando que convoquen audiencia para poder asistir y seguir el proceso. La comunidad está con toda la fortaleza de defender el territorio, obviamente como siempre lo ha hecho y va a continuar haciéndolo frente a la invasión, al atropello del Estado y la negación que hay de nuestros derechos”, detalló la werken.

“Nos quieren desalojar de nuestro propio territorio”
Lorena explicó que“el conflicto con Acuña lleva un par de años. Estos dos últimos años son los que él ha intentado abrir una cantera en territorio comunitario. Y la comunidad ocupa y vive en el lugar desde hace 6 generaciones, prácticamente 140 años y más”, afirmó la vocera, subrayando la antigüedad de la ocupación mapuche en el territorio.
La vocera mapuche explicó que el empresario quedó dentro del área relevada, pese a que la comunidad cuenta con un relevamiento territorial finalizado, pendiente solo de dictamen jurídico. “Él está dentro del territorio de la comunidad porque se obtuvo una tenencia precaria… en su momento hizo una solicitud de la tierra, cuando se encontraba en el gobierno local de intendente su cuñado justamente, y fue quien le otorgó esa tenencia y él empezó a hacer los trámites en provincia“, señaló, aludiendo a vínculos políticos que habrían favorecido al privado.
A su vez, cuestionó la complicidad estatal: “El gobierno de la provincia del Neuquén, el ministro Lara que estaba en ese momento en el gobierno, le otorga el paso previo a que él pudiera obtener el título en el mismo tiempo que la comunidad estaba siendo relevada. Y ese ministro no desconocía de que había un conflicto en Puerta“. Para la comunidad, esta decisión generó una disputa desigual entre un privado y un pueblo indígena, mientras el Estado “mira para otro lado”.
Por su parte, Lefxaru Nawel, abogado de la comunidad e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, cuestionó duramente el accionar del gobierno y de la justicia, señalando incumplimientos en el respeto a los derechos indígenas.
“El territorio está relevado, en primer lugar el incumplimiento ha sido el gobierno provincial, de la dirección de minería que entrega la cantera dentro de los territorios sin la consulta libre previa e informada y pretendiendo que las comunidades no existen en el lugar”, expresó el letrado.
Asimismo, subrayó que el conflicto de larga data no puede resolverse con presencia policial, sino con políticas públicas de restitución territorial: “Lo que se requiere es una política pública para la restitución territorial de las comunidades Mapuche de toda la provincia de Neuquén, es similar al conflicto que hubo en el Cerro Chapelco, donde se habilitan obras sin contemplar la presencia de la comunidad y que es territorio comunitario”.
Hasta el momento, el desalojo se encontraría en suspenso, pero Lof Campo Maripe continúa en alerta resguardando el territorio. Una vez más, en Vaca Muerta los proyectos extractivistas intentan avanzar en detrimento de los derechos territoriales de las comunidades mapuche, un conflicto que se repite el en distintos puntos de la provincia y que revela el incumplimiento de las normas constitucionales y la propiedad comunitaria indígena.
Fotos: Gentileza de Lof Campo Maripe
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