La Justicia frenó desalojo contra la comunidad Pino Quiñe
La Cámara de Apelaciones de General Roca rechazó el pedido de un nuevo desalojo contra la comunidad mapuche Pino Quiñe y confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que la etapa de ejecución de la sentencia ya concluyó.
Esta decisión judicial otorga un respiro a la familia Pino, que en octubre de 2025 sufrió un violento intento de despojo de su territorio en el paraje La Japonesa, en una zona de alto interés para la expansión del proyecto petrolero Vaca Muerta Sur.
El conflicto se centra en el lote 5 de la costa del Río Colorado, donde la comunidad habita históricamente. En el reciente pronunciamiento, los magistrados determinaron que el proceso judicial impulsado por la firma Rielves S.A. no puede dar lugar a nuevas medidas de expulsión. “El tribunal decidió rechazar el pedido de un nuevo desalojo y confirmar lo que había resuelto la jueza de primera instancia, entendiendo que el desalojo ya fue cumplido y que la etapa de ejecución se encuentra finalizada”, informaron desde la comunidad y la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.
Una empresa fantasma
Uno de los puntos más críticos que rodea esta causa es la legitimidad de la parte demandante. Según datos públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la firma Rielves S.A.posee su CUIT limitada y registra domicilios erróneos o inexistentes. Ante esta situación, los referentes indígenas sostienen que la entidad funciona como una pantalla para intereses vinculados a la industria hidrocarburífera.
“Consideramos necesario volver a señalar con claridad que la empresa Rielves S.A. es inexistente, cuestión que ha sido planteada desde el inicio y que fue un punto central en este conflicto”, subrayaron los voceros territoriales en su comunicado. Las organizaciones denuncian que el despojo de 2.500 hectáreas no responde a una necesidad forestal, sino a la posición estratégica de estas tierras para la infraestructura de Vaca Muerta Sur.
El recuerdo de la violencia en La Japonesa
La resolución judicial llega tras meses de angustia para la familia Pino. Durante el operativo de octubre de 2025 -autorizado por la jueza Natalia Costanzo y ejecutado por el martillero público Eduardo Tejada- una docena de efectivos policiales ingresaron al predio sin previo aviso. En aquella oportunidad, los uniformados golpearon a integrantes de la comunidad y cargaron todas sus pertenencias en camiones, incluyendo alimentos y elementos básicos de supervivencia. Una pareja de ancianos con problemas crónicos de salud y dos menores de edad debieron refugiarse en el campo abierto tras el accionar de la fuerza pública.
A pesar de aquel desplazamiento forzoso, la comunidad mantuvo su presencia en el territorio para resguardar a sus animales y defender la posesión que ejercen desde hace décadas. La justicia ahora establece que cualquier disputa futura “deberá canalizarse por otras vías judiciales”, lo que impide ejecuciones directas bajo el antiguo expediente.
Fortalecimiento colectivo
Para el Parlamento Mapuche Tehuelche, este fallo representa una victoria política y simbólica en un contexto de creciente presión sobre las tierras indígenas en la Patagonia. La organización destacó la importancia de visibilizar estos logros para contrarrestar la narrativa de criminalización que suele rodear a los reclamos territoriales.
“Poder comunicar este tipo de resoluciones también es una forma de seguir fortaleciendo el acompañamiento colectivo”, expresaron desde la Coordinadora. Los referentes cerraron su mensaje con un reconocimiento al apoyo recibido por parte de otras comunidades y organizaciones sociales: “Queremos agradecer profundamente a cada comunidad que se acercó, a cada persona que estuvo pendiente, así como también a pu lonco, werken y a todas las organizaciones en general por el compromiso, la solidaridad y el sostén durante todo este proceso. Siempre la salida va a ser colectiva”.
Foto: Coordinadora del Parlamento Mapuche tehuelche en Río Negro
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